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Por unanimidad, la Comisión de Defensa del Senado del Uruguay, resolvió solicitar al Ministerio de Defensa una copia del expediente reservado de la adjudicación de dos buques tipo OPV para la Armada Nacional.
La resolución de esta Comisión del Senado contó con los votos de los senadores de todos los partidos políticos. En Comisión, legisladores del Frente Amplio (oposición) manifestaron su preocupación por el procedimiento que culminó en la adjudicación de la Compra Directa por Excepción a la empresa Francisco Cardama SA, un astillero civil español. El planteo lo realizó la presidenta de la Comisión del Senado, la senadora Sandra Lazo (Frente Amplio) quien mencionó que el Ministerio de Defensa había autorizado a un grupo de legisladores del Frente Amplio el acceso al expediente.
Expediente “desprolijo”
“Encontramos un expediente bastante desprolijo, con sobres de las ofertas por fuera del expediente electrónico, en un apartado. No encontramos un informe técnico de la Armada Nacional”, remarcó Lazo de acuerdo a la versión taquigráfica a la que tuvo acceso Portal Marítimo. Agregó que solo vieron una nota firmada por el comandante en Jefe de la Armada, Almirante Jorge Wilson, “que decía que las tres mejores ofertas eran Cardama S.A., Kership y Cotecmar”. En esa nota, prosiguió Lazo, el militar planteó que “se tuvieron en cuenta trece ítems para esta recomendación, pero no hay una ponderación de los ítems que se nos presentan en esa nota, que sería algo así como lo más parecido a un informe que hay, pero que no configura un informe técnico”. Por otra parte, “encontramos entendibles las críticas de los tres ministros del Tribunal de Cuentas que votaron discorde la compra”. Según la integrante del Senado uruguayo, “los ministros entendieron que, en esta nueva compra directa, por excepción, para la adquisición de dos buques OPV, la Administración actuante contravino diversos principios cardinales del derecho –abro paréntesis–, tales como buena fe, transparencia, buena administración, igualdad, razonabilidad, motivación, debido procedimiento, así como los artículos 48 y 66 del Tocaf”. “Con esta primera lectura del expediente nos quedamos aún más preocupados y, en función de ello, al otro día le enviamos al señor ministro una nota solicitando generar los mecanismos para un estudio más acabado del expediente, trayendo tal vez la copia de este a la secretaría del Senado para facilitar su acceso y estudio”.
Auditoría
No obstante, la legisladora mencionó también que tuvo acceso a una nota periodística de Portal Marítimo, de fecha 6 de noviembre, que revela las conclusiones de una auditoría realizada en agosto al astillero español y que pone de manifiesto que la firma atraviesa por una delicada situación financiera con “riesgo alto de quiebra”. “Tuvimos acceso a algo que nos generó más preocupación. Se trata de una nota de prensa de fecha lunes 6 de noviembre, en la página web Portal Marítimo –una web de acceso calificado– que, bajo el título ‘Astillero que construirá 2 OPV a la Armada tiene riesgo de quiebra’ informa: ‘Francisco Cardama S.A., el astillero civil español al que el gobierno del Uruguay adjudicó la construcción de dos patrulleros oceánicos OPV –Offshore Patrol Vessel– para la Armada Nacional, se encuentra en una delicada situación financiera con ‘riesgo de quiebra empresarial alto’’. El artículo refiere a una auditoría realizada en el mes de agosto de este año por D&B –dun&bradstreet–, una firma dedicada a evaluar el riesgo crediticio y la solidez de las empresas europeas’. “Esta noticia hizo resurgir las críticas que en su momento nos hicieron llegar varias fuentes sobre la debilidad de esta empresa; entre ellas, escasos antecedentes en la construcción de este tipo de medios navales militares y dudosa capacidad para hacer frente a tan importante emprendimiento.
Por lo tanto, entendemos que esta comisión debe conocer el expediente, el contrato de adjudicación y compra y, en especial, los resguardos que el Estado uruguayo tendrá ante la posibilidad de que esta empresa no pueda hacer frente a esta compra o si las patrulleras no resultasen adecuadas o, lo que es lo mismo, resultaran defectuosas”, puntualizó Lazo.
También piden acceso al contrato
Agregó Lazo que este tipo de compras “se adjudican ahora, pero se financian con recursos de varios períodos legislativos». Por esta razón, «deberá meditarse el tema, tomárselo seriamente, sin apuros, sin desprolijidades y con la mayor transparencia posible».
“Por lo expuesto hacemos el planteo formal sobre la necesidad de que toda la comisión conozca el contrato antes de un cierre que desconocemos cuándo será», afirmó. Se entiende que debería contener, sobre todo, el resguardo y la garantía de que estamos haciendo una compra adecuada. Creo que las preocupaciones planteadas son fundadas en función de lo que ya hemos expresado”, afirmó Lazo.
Lo que se procura, dijo el senador Alejandro Sánchez (Frente Amplio) es “conocer más en profundidad el expediente». «Por supuesto no se harán repartidos ni nada por el estilo, sino que debe quedar en la caja fuerte”, afirmó. Lazo agregó que también se solicita “tomar conocimiento del contrato, antes de que se realice la operación, en las mismas condiciones”. Finalmente, tras un cuarto intermedio, el planteo fue votado a favor por unanimidad.
