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La decisión de la Administración Nacional de Puertos (ANP) de avanzar con la contratación de una empresa china para tareas de dragado reavivó la polémica con fuertes cuestionamientos sindicales y una defensa cerrada desde la oposición en el directorio del organismo.
Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), la medida fue interpretada como parte de un proceso de “privatización del dragado nacional”. En un comunicado público, el sindicato advirtió sobre una “situación de extrema gravedad” y denunció una orientación política que, a su juicio, promueve la apertura de áreas estratégicas al capital privado.
La organización sostiene que el dragado estatal ha demostrado ser eficiente cuando cuenta con inversión y planificación, y atribuye los problemas actuales a un proceso deliberado de desinversión y deterioro operativo. Según el gremio, esta situación habría sido funcional a la justificación de la participación privada en el sector.
“Privatizar implica transferir recursos estratégicos al capital multinacional, encareciendo los costos y debilitando la capacidad del Estado para planificar el desarrollo”, señala el comunicado, que además convoca a trabajadores y a la ciudadanía a mantenerse en alerta frente a estos cambios.
En contraste, el director de la ANP por la oposición, Jorge Gandini, defendió la decisión y rechazó que se trate de una privatización. Según explicó, el organismo está dando continuidad a una licitación iniciada en 2018, durante el último gobierno del Frente Amplio, que ya había adjudicado trabajos a una empresa extranjera.
«El contrato está vigente»
“El contrato está vigente y lo que corresponde es utilizar esa herramienta para garantizar el dragado”, afirmó el jerarca, quien subrayó que la prioridad es asegurar las condiciones necesarias para la operativa portuaria.
Gandini fue enfático al describir las dificultades actuales del sistema estatal de dragado. Señaló que, de las tres dragas disponibles, dos se encuentran fuera de servicio y la restante presenta limitaciones operativas. A esto se suman conflictos laborales, falta de equipamiento y altos costos de funcionamiento.
“Tenemos que dragar, no lo estamos haciendo adecuadamente. Esa es la verdad”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la ANP tiene la responsabilidad de garantizar la profundidad de los canales y muelles para permitir el ingreso y operación de buques.
El director también mencionó que el mantenimiento de la flota implica un costo significativo, cercano a los 20 millones de dólares anuales, en un contexto donde la eficiencia operativa está cuestionada.
Agregó que la única draga que está operativa es la más antigua y la semana pasada no salió por un reclamo gremial. En ese marco, consideró necesario recurrir a soluciones externas para cumplir con las exigencias del sistema portuario.
La empresa adjudicataria, de origen chino, deberá trasladar equipamiento desde el exterior y encargarse de tareas clave como el dragado de muelles, canales de navegación y zonas de maniobra. Estas intervenciones, consideradas imprescindibles, garantizarán la competitividad del puerto y cumplir con los compromisos asumidos con operadores y navieras.
Diagnóstico complejo
El trasfondo de esta discusión también incluye un diagnóstico técnico complejo. Un informe previo sobre la flota de dragado de la ANP advertía que apenas el 30% de los equipos se encontraba operativo, mientras que el 70% restante presentaba problemas como falta de mantenimiento, corrosión, certificados vencidos o necesidad de reparaciones profundas.
Este escenario, atribuido a la antigüedad de los equipos y a la falta de inversión sostenida, refuerza la tensión entre quienes consideran imprescindible reforzar la capacidad estatal y quienes entienden que la participación privada es necesaria para resolver urgencias operativas.
Cruce de posiciones
El debate sobre el dragado, lejos de ser meramente técnico, pone sobre la mesa definiciones de fondo sobre el modelo de gestión de los servicios portuarios, el rol del Estado y la soberanía sobre infraestructuras clave.
Mientras el sindicato alerta sobre una pérdida de control y advierte sobre las consecuencias de una eventual privatización, desde la ANP se insiste en que la prioridad es garantizar la operativa y responder a las demandas del sistema logístico.
En ese cruce de posiciones, el dragado se consolida como un nuevo foco de tensión en la agenda portuaria, con implicancias económicas, políticas y estratégicas que trascienden el corto plazo.
