Uruguay en el debe con la Convención de la UNESCO sobre patrimonio subacuático

La presidenta de ICOMOS Uruguay (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), Adriana Careaga, alertó sobre los rezagos normativos y presupuestales del país en materia de protección del patrimonio cultural subacuático, durante una reciente conferencia sobre legislación y gestión del patrimonio marino.

En entrevista con Portal Marítimo, Careaga recordó que Uruguay aún no ha ratificado la Convención de 2001 de la UNESCO, un instrumento internacional que regula la protección y el uso responsable de los bienes arqueológicos bajo el agua. “Es un debe que tenemos como país”, señaló la especialista, indicando que el convenio fue ratificado por alrededor del 65% de los Estados miembros de la organización, pero que en Uruguay “no se ha alcanzado el consenso necesario”.

Según explicó, durante el período parlamentario anterior se intentó avanzar en la ratificación, sin éxito, debido a diferencias en torno a la extracción, gestión y aprovechamiento económico de piezas arqueológicas. “Tenemos la Carta de ICOMOS de 1996, pero sin la Convención de 2001 seguimos rezagados frente a otros países de la región”, sostuvo.

Careaga apuntó que el problema no es solo jurídico, sino también político y cultural. “Tenemos un Día del Patrimonio que moviliza a miles de personas, pero los recursos destinados a la gestión de bienes declarados monumento histórico nacional son muy escasos. Eso demuestra el lugar que realmente ocupa el patrimonio en la agenda nacional”, advirtió.

También subrayó la falta de educación patrimonial vinculada al mar y al Río de la Plata. “Decimos que tenemos un balcón privilegiado al Atlántico, pero no lo aprovechamos ni desde la educación ni desde la gestión. Hay que preguntarse qué significa el mar para nosotros desde lo económico, cultural y simbólico”, expresó.

En ese sentido, valoró las iniciativas educativas que impulsa el Centro Universitario Regional del Este (CURE), y propuso el desarrollo de una “ruta de los naufragios” como proyecto cultural y turístico. “Colonia, por ejemplo, tiene una enorme cantidad de naufragios. Podría pensarse en una interpretación desde tierra, con recursos audiovisuales y educativos. Lo importante es que la investigación se transforme en conocimiento para la comunidad”, explicó.

Careaga advirtió, sin embargo, que la falta de recursos sigue siendo el principal obstáculo. “El patrimonio en Uruguay está en una situación crítica”, afirmó. Recordó que la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación llegó a colocar un cartel con la frase ‘Patrimonio en extinción’, y señaló que la ley 14.040, que asigna un 4% de la recaudación de los casinos a la gestión patrimonial, “no se cumple en los hechos”.

“Podemos hablar mucho sobre patrimonio, pero eso debe ir acompañado de recursos humanos y financieros. No alcanza con las declaraciones; hay que definir de dónde vienen los fondos y cómo se asignan”, remarcó.

Finalmente, la presidenta de ICOMOS Uruguay destacó la necesidad de una mirada interdisciplinaria y sistémica para abordar el tema. “Muchas veces trabajamos como compartimentos estancos. El futuro pasa por la cooperación entre la academia, la Armada, los gobiernos locales y la sociedad civil. Solo con una visión compartida podremos cuidar el patrimonio que nos pertenece a todos”, concluyó.

La Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2001)

• Adopción: 2 de noviembre de 2001 en París.
• Objetivo: Proteger todo rastro de existencia humana con carácter cultural, histórico o arqueológico que haya estado bajo el agua por al menos 100 años.
• Principios clave:
  • Conservación in situ como primera opción.
  • Prohibición del comercio, venta o especulación de bienes subacuáticos.
  • Fomento de la cooperación científica y técnica entre los Estados.
  • Participación pública y difusión del conocimiento patrimonial.
• Ratificaciones: 75 países (aproximadamente 65% de los miembros de la UNESCO).
• Situación de Uruguay: Aún no ratificada; el país cuenta con marcos legales parciales como la Carta de ICOMOS (1996) y la ley 14.040, pero sin adhesión a este instrumento internacional.