Portalmaritimo.com.uy
El Estado uruguayo decidió no efectuar un pago clave al astillero español Cardama tras el incumplimiento del tercer hito previsto en el contrato para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV). El plazo para acreditar la disponibilidad de los motores principales del primer buque, suministrados por Caterpillar, venció la noche del 14 de enero sin que se presentara la documentación exigida en la carta de crédito, confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa a Portal Marítimo.
Ese hito habilitaba el desembolso automático del 20 % del valor total de la primera OPV, condicionado a la certificación de la sociedad de clasificación Lloyd’s de que los motores se encontraban en el astillero de Vigo. Al no cumplirse ese requisito en tiempo y forma, el pago quedó definitivamente descartado dentro del esquema bancario vigente, aun cuando la carta de crédito mantenga su validez formal hasta el 28 de febrero.
Desde el Ministerio de Defensa aclararon que el vencimiento del hito no constituye, por sí solo, un incumplimiento automático de los plazos globales de construcción, ya que los hitos intermedios están principalmente vinculados al calendario de pagos. Sin embargo, señalaron que el episodio tiene consecuencias financieras inmediatas y se suma a un conjunto más amplio de observaciones sobre la ejecución del contrato.
Uno de los puntos centrales es la no entrega de los motores por parte de Caterpillar. Cardama atribuyó públicamente la situación a un presunto daño reputacional, versión que fue rechazada por el Ministerio, que sostiene que las dificultades con el proveedor eran previas y ya habían sido informadas por el propio astillero. Según la cartera, Cardama carecía de financiamiento propio y dependía de la cesión de la carta de crédito para pagar los motores, lo que llevó al proveedor a no despachar los equipos ante la incertidumbre de cobro.
En paralelo, el Estado amplió la denuncia penal vinculada al caso y contrató a la sociedad de clasificación Bureau Veritas para realizar un análisis técnico independiente del avance de obra. Ese informe, actualmente en elaboración, será determinante para evaluar posibles incumplimientos de calidad y plazos.
A esto se suma la controversia por la garantía de fiel cumplimiento, que el Estado considera inexistente, y el deterioro del vínculo de confianza con el contratista. El contrato prevé la apertura de una nueva carta de crédito antes del 15 de febrero, algo que el Poder Ejecutivo busca evitar, por lo que se espera una definición de fondo en las próximas semanas sobre la continuidad, modificación o eventual resolución del contrato.
