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A dos décadas del rescate del águila imperial del acorazado alemán Admiral Graf Spee, el empresario e investigador uruguayo Alfredo Echegaray mantiene vigente un litigio contra el Estado uruguayo que, lejos de resolverse, continúa escalando en instancias judiciales.
El caso, que combina historia, derecho, política internacional y patrimonio cultural, sigue abierto. Actualmente se encuentra en un Tribunal de Apelaciones, con la posibilidad de avanzar hacia casación y eventualmente a organismos internacionales si el fallo resulta desfavorable.
El rescate del águila —símbolo de la nave alemana hundida frente a Montevideo en 1939— y del telémetro del buque fue realizado en los años 2000 por un equipo liderado por Echegaray junto al buzo uruguayo Héctor Bado (fallecido).
Se trató de un hallazgo de enorme impacto internacional, considerado parte de la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. La operación generó cobertura global y fue incluso documentada por producciones como Drain the Oceans de National Geographic.
Sin embargo, el reconocimiento no se tradujo en cumplimiento contractual.
«El Estado incumplió»
En entrevista con Portal Marítimo, Echegaray sostiene que el Estado uruguayo incumplió el contrato firmado bajo la ley 14.343, que establece una distribución del 50% del valor de lo rescatado.
El águila —una pieza única de simbología nazi naval— ha sido tasada entre 40 y 60 millones de dólares. El empresario reclama su parte correspondiente, además de denunciar la violación del principio constitucional de justa compensación.
“El Estado se apropió del 100% de un trabajo de 40 años”, afirma.
Actualmente, el águila permanece guardada, sin exhibición pública. Para Echegaray, esto constituye no solo un error cultural, sino una oportunidad perdida.
Sostiene que la pieza debería formar parte de una exhibición académica, similar a las que realizan instituciones como Yad Vashem, donde objetos del nazismo son utilizados para promover memoria histórica y reflexión.
“La historia no se destruye ni se esconde: se estudia”, resume.
El origen del conflicto, según el entrevistado, radica en presiones diplomáticas de Alemania, que reclama la pieza por razones simbólicas y de imagen.
Uruguay, por su parte, sostiene que el buque pertenece a su jurisdicción. En ese escenario, Echegaray quedó en medio de una disputa estatal ajena a su contrato original.
A pesar de propuestas de solución —incluyendo iniciativas durante gobiernos anteriores— ninguna se concretó.
500 naufragios: un potencial sin explotar
Más allá del caso del Graf Spee, Echegaray pone el foco en un recurso aún mayor: el patrimonio sumergido del país.
Afirma que en aguas territoriales uruguayas existen al menos 500 naufragios, de los cuales más de 100 han sido localizados por su investigación, principalmente embarcaciones españolas de los siglos XVII y XVIII.
Muchos de estos barcos —especialmente los que viajaban desde el Virreinato del Perú hacia España— podrían contener cargas de valor económico y cultural.
“Uruguay tiene un recurso extraordinario que podría destinarse a educación, salud o tecnología naval”, señala.
En su argumentación, Echegaray introduce además un elemento jurídico de fondo: el tratado recíproco firmado entre Uruguay y España en 1870.
Este acuerdo, vigente según señala, establece que los ciudadanos españoles tienen en Uruguay los mismos derechos que los nacionales, y —según su interpretación— reconoce a Uruguay jurisdicción sobre los naufragios en sus aguas.
Este antecedente fue relevante, por ejemplo, en la subasta internacional de piezas de la fragata Nuestra Señora de la Luz, donde España no presentó objeciones formales.
Sin embargo, Echegaray cuestiona que ese mismo criterio no se aplique de forma recíproca, en otros casos, amparando uruguayos que viajan a España por trabajo, por ejemplo, generando lo que considera una contradicción jurídica y política.
Nuestra Señora de Loreto
Este año también se cumplen cuatro décadas de una de sus investigaciones más resonantes: la del galeón Nuestra Señora de Loreto.
En los años 80 circulaba la versión de que el barco transportaba un tesoro millonario en oro y plata. Sin embargo, tras investigar en archivos españoles, Echegaray concluyó que la embarcación viajaba en sentido contrario —desde España hacia América— transportando mercurio (azogue) para la minería. El hallazgo desmontó el mito y ocupó portadas de prensa en Uruguay.
El empresario es crítico con el funcionamiento estatal, al que define como “una máquina que desalienta a emprendedores”.
Sostiene que la falta de políticas activas impide desarrollar proyectos que podrían generar ingresos y fortalecer la identidad cultural.
