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En entrevista con Portal Marítimo, Aldo Braida defendió la posición del sector pesquero vinculado al puerto de Montevideo y cuestionó lo que considera un clima de opinión “cargado de frases hechas y conceptos erróneos” sobre la actividad en el Atlántico Sur. “El debate sobre pesca debe basarse en evidencia y en el derecho del mar, no en eslóganes alarmistas”, expresó, en referencia a campañas recientes que asocian al país con la pesca ilegal.
Braida —autor del artículo “Uruguay y la Pesca” publicado en el semanario Búsqueda— explicó que la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros nació para aportar información técnica, pero también para defender la reputación del país. “Uruguay hace las cosas bien, sobreexige en controles y aplica el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) con un rigor que no existe en ningún otro puerto del Atlántico Sur. Sin embargo, somos el blanco de críticas porque competimos mejor que otros”, sostuvo.
“La milla 201 es un invento comunicacional”
Uno de los conceptos que Braida considera más instalado —y más problemático— es el de la “milla 201”. “La ‘milla 201’ no existe jurídicamente. Nunca existió. Es una ficción, un invento comunicacional que simplifica algo que es mucho más complejo”, afirmó.
Recordó que la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar define con claridad los límites de la zona económica exclusiva (ZEE) y las competencias de cada Estado. “Pescar dentro de la ZEE sin permiso es ilegal. Pescar fuera, en altamar, es legal. Lo que pasa es que muchas organizaciones construyen un relato que mezcla todo en una misma bolsa”, señaló.
Para Braida, esta confusión no es inocua. “A partir de esa etiqueta se construyeron narrativas de ‘flotas oscuras’, como si todo lo que está fuera de la milla 200 fuera ilegal. Y eso es simplemente falso”.
«Uruguay cumple y resulta incómodo»
Braida remarcó que Uruguay es el único país del Atlántico Sur con el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto firmado, ratificado y en plena implementación. “Este país es el único que aplica por ley el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto. Argentina no lo tiene. Brasil no lo tiene. Y Malvinas lo aplica a su manera, con discrecionalidad”, afirmó.
Agregó que, debido a ese cumplimiento estricto, “Uruguay resulta incómodo” para algunos actores. “Nos auditan todos los años, revisan cada documento, cada arribo, cada certificación. Y aun así se instala la idea de que acá hay laxitud. Es exactamente al revés”.
Según Braida, el puerto de Montevideo terminó en el centro de la discusión regional “porque es eficiente, trabaja 24/7, es competitivo en precios y cumple la normativa. Esa combinación molesta”.
Una gobernanza pendiente
Para el entrevistado, el Atlántico Sur arrastra un problema mayor: “un vacío institucional”. Propuso avanzar hacia una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP) que incluya a los países ribereños (Uruguay, Argentina, Brasil) y a aquellos con presencia histórica —entre ellos España, China, Corea y el Reino Unido vía Malvinas—, junto con la academia y el sector privado.
La urgencia, afirmó, responde a factores geopolíticos, al crecimiento de flotas de aguas distantes y a la necesidad de unificar criterios científicos y normativos.
“Hoy todos regulan, pero cada uno con su vara. No falta regulación: falta una regulación común”, remarcó.
Para el dirigente empresarial, “la ausencia de una OROP es un agujero jurídico, político y científico”, afirmó. Braida sostiene que en la región confluyen intereses pesqueros de países ribereños y flotas de aguas distantes con décadas de presencia, así como actores vinculados a Malvinas. “Pretender que todo eso se ordene solamente desde dos capitales es inviable. Si queremos sostenibilidad, hay que sentar a todos en la mesa”.
“La pesca es sustentable”
Braida afirmó que el debate sobre conservación y gestión de recursos marinos debe apoyarse en evidencia científica y no en metas simbólicas. Criticó el objetivo global del 30% de áreas marinas protegidas para 2030 y sostuvo que, en Uruguay, esa estrategia puede generar efectos contrarios a los buscados.
En una reflexión que se ha vuelto recurrente en sus intervenciones públicas, Braida volvió a defender la sostenibilidad de la pesca como actividad histórica y como sector que, a su juicio, ha demostrado capacidad de permanencia a lo largo de generaciones. “A mí me gusta repetir una frase que la escuché al alcalde de Vigo en un congreso de FAO hace dos o tres años”, señaló. “‘La pesca es sustentable: la comenzaron los abuelos de nuestros abuelos y la va a continuar los nietos de nuestros nietos’. Y creo que eso es una realidad”.
Para Braida, el punto central pasa por administrarla con herramientas modernas de manejo pesquero. En ese sentido, aludió al concepto de biomasa de rendimiento sostenible, y de los distintos mecanismos de gestión que permiten evaluar presión pesquera, regeneración y patrones de captura. Sin embargo, remarcó que estos instrumentos solo funcionan cuando se sustentan en datos sólidos y en diagnóstico científico.
Críticas al “30×30”: “Suena lindo, pero no tiene razón científica”
Braida se refirió también al objetivo global de proteger el 30 % de las áreas marinas al año 2030, una meta recogida en distintos foros internacionales y promovida por organismos ambientales.
“Estoy totalmente en contra de eso. Soy opositor”, dijo. “Se habla del 30% de áreas marinas protegidas para 2030. Yo digo: ¿por qué no 100% de aguas gestionadas? Porque suena lindo 30 en el 30. No hay una razón científica en proteger un 30% de áreas marinas”.
A su entender, el problema no es la idea de conservación, sino la falta de fundamentos que justifiquen ese porcentaje específico y, sobre todo, la ausencia de estudios que definan qué áreas deberían protegerse en Uruguay y por qué.
“No hay nadie que me diga: ‘Mirá, en Uruguay hay que proteger esta zona porque acá pasa esto, esto y lo otro, basado en datos’”, sostuvo. Y advirtió que, si se delimitan zonas sin información técnica, “se termina tomando decisiones que pueden generar resultados opuestos a los buscados”.
“Proteger” puede terminar desprotegiendo
Braida señaló que, en el contexto local, las áreas propuestas suelen ubicarse cerca de la frontera marítima con Brasil, una zona donde —según subrayó— se registran incursiones frecuentes de flota no autorizada.
“Acá se quieren proteger áreas que el día que las protejan va a pasar lo opuesto, porque son las cercanas a la frontera con Brasil, que es por donde entran a robarnos pescado”, afirmó.
El dirigente agregó que quienes primero advierten esas incursiones son los pescadores artesanales de la zona. “Cuando vos sacás al que tiene una actividad económica legítima de un lugar, dejás esa zona en vez de protegida, desprotegida”, enfatizó.
En este marco, sostuvo que la definición de áreas marinas protegidas debe surgir de procesos técnicos robustos y no de criterios generales aplicados sin análisis local. “Todo eso es lo que nosotros siempre decimos: hay que tener sustento atrás de lo que decís y hacés”, concluyó.
Para Braida, el mejor camino es profundizar la gestión pesquera integral basada en monitoreo, investigación y control. Aunque no desconoció la necesidad de mejorar herramientas, insistió en que Uruguay debe priorizar políticas que combinen sostenibilidad, actividad económica y vigilancia efectiva en la Zona Económica Exclusiva, así como crear una institucionalidad “formato INAC”.
Transparencia, gobernanza y cambio institucional
Sobre este último aspecto, Braida planteó la necesidad de revisar la arquitectura institucional uruguaya. Propuso transformar la DINARA en un organismo estrictamente certificador y crear un “Instituto Nacional de Pesca” con participación público–privada. También llamó a establecer mayores exigencias de transparencia para ONG que inciden en el debate marítimo.
Sobre la arquitectura institucional de Uruguay, Braida propone rever la estructura de la DINARA. “No puede ser juez, parte, ejecutor y certificador al mismo tiempo. Ninguna agencia moderna funciona así”, afirmó.
Plantea dividir funciones: “La DINARA debería enfocarse en certificar y fiscalizar. Y debería existir un Instituto Nacional de Pesca que reúna academia, Estado y sector privado”.
Sobre las ONG y plataformas de activismo, recalcó que “la transparencia debe ser para todos. Si una agencia estatal debe mostrar sus datos, una ONG que influye en políticas públicas también”. “Cada actor debe mostrar su agenda. La nuestra es clara: trabajar, dar servicios y sostener una actividad sostenible en el tiempo”.
VMS, AIS y las plataformas privadas
Uno de los puntos que Braida considera más distorsionado en el debate público es la lectura de los sistemas de monitoreo.
“Confundir AIS con VMS es un error técnico básico. Y a partir de ese error se construyeron acusaciones enteras de pesca ilegal”, afirmó.
El Vessel Monitoring System (VMS) es el sistema oficial, encriptado y obligatorio para flotas reguladas.
“El monitoreo real y legal de un buque pesquero se hace por VMS. Ese es el dato que tiene validez jurídica”, subrayó Braida. “Es una herramienta de los estados para gestionar y verificar la posición de sus barcos pesqueros”, agregó.
“El otro día me causó gracia una persona que escuché hablar en varios programas a raíz de un documental que hizo, donde dice,`No puede ser que el VMS esté en manos privadas, debería ir ser público´. Y justamente lo que pasa es al revés. Hoy en día el VMS es información que tiene el Estado uruguayo, o sea, es público, es del Estado. No es de ningún privado como lo dijeron ellos en las notas que han hecho en televisión y demás. Sí lo quieren pasar a manos de privados, que es una ONG, que es privada y para darle el uso que ellos puedan llegar a querer tener o no”.
Afirmó que también “paradójicamente los especialistas hablan de que quieren capacitar a la Prefectura para manejar el VMS; bueno, la Prefectura no es la que lo maneja, es la Dinara”.
“Yo considero que cuando se habla así se miente, porque si yo me pongo el título de especialista hay errores que no puedo cometer y si los cometo es porque estoy mintiendo”, advirtió.
Por otra parte, dijo que “cuando hablan de que la Prefectura no está capacitada y lo atribuyen a la alta rotación en la Armada, eso es falso. El personal que rota normalmente son los jefes, los oficiales, no el operador; el operador hace una carrera en el mismo sillón en la armada durante toda su carrera, rotan muy poco, se van a alguna misión específica en algún barco o en algún o en estas misiones de paz y vuelven, o sea que no es cierto que la rotatividad dentro de la Armada pueda generar falta de capacitación. La Armada está bien capacitada”.
Además, puntualizó que la Dinara “lo que monitorea es el VMS de los buques de bandera uruguaya. Entonces, cuando se plantea que para combatir la pesca ilegal Uruguay debe compartir esa información, hay que entender que, en la famosa milla 201, Uruguay no tiene esos datos”.
A su vez, indicó que el Automatic Identification System (AIS) fue diseñado para evitar colisiones, no para fiscalización. “Un apagón de AIS no prueba nada. Puede ser técnico, atmosférico, satelital. Es absurdo considerarlo evidencia de ilegalidad”, explicó. Global Fishing Watch y otras plataformas se basan principalmente en AIS.
“Son herramientas valiosas, pero no son oficiales. No pueden ser la prueba principal de nada”, insistió Braida.
“Más educación”
Braida volvió a poner el foco en el déficit educativo vinculado al mundo marítimo y pesquero, un punto que considera central. Según afirmó, en Uruguay “hay mucha ignorancia en general de lo que es el mar”. Reconoció que la frase “vivimos de espaldas al mar” se repite constantemente, pero cuestionó que esa constatación no haya venido acompañada de medidas concretas. “Para mí es una muletilla demasiado repetida. Vivimos de espaldas al mar. Bueno, pero no hemos hecho nada para dar la vuelta. Yo lo que digo es, bueno, vivamos de espaldas al mar, no importa, pero informemos, no seamos ignorantes”, sostuvo.
En ese sentido, recordó el trabajo realizado durante la gestión del exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, con quien —aseguró— mantuvieron “muchísimas reuniones” junto con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y representantes de todo el sector pesquero. “Se trabajó mucho, al final no llegamos a nada”, lamentó.
Aun así, destacó la dedicación personal del exjerarca y relató una anécdota que solían repetir en tono de broma para graficar su involucramiento. “Es el primer ministro que llega a la Y. Nosotros somos Ganadería, Agricultura y Pesca. Al ministro le falta la P, pero por lo menos llegó a la Y”, dijo entre risas, aludiendo a las siglas de la cartera y al orden habitual de prioridades.
Sin embargo, Braida reconoció que los avances quedaron trancados por “barreras que se van generando en la burocracia natural de nuestro Estado”. Para él, la anécdota resume un problema estructural muy arraigado: “Nuestros ministros se dedican a la Ganadería y a la Agricultura. No saben lo que es la pesca. No saben lo que pasa de la rambla para el agua. No saben lo que son las zonas”. Aclaró que no se trata de mala voluntad, sino de una realidad arraigada en la organización institucional del país.
Consultado sobre si ve posible un cambio en el corto plazo, Braida fue categórico: “¿Expectativa de que esto pueda cambiar? A corto plazo, no”.
