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Fuentes del Ministerio de Defensa Nacional confirmaron a Portal Marítimo que el proyecto de Patrullas Oceánicas de Vigilancia (OPV) continúa siendo considerado una prioridad estratégica para el país y que el gobierno mantiene su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades marítimas de la Armada Nacional.
Según esas fuentes, el partido gobernante Frente Amplio “reconoce desde hace años la necesidad imperiosa de contar con embarcaciones de patrullaje oceánico” y ha sostenido de manera constante la importancia de disponer de medios adecuados para el control de la zona económica exclusiva y la protección de los recursos marítimos.
Cardama bajo observación
El proceso contractual con el astillero español Cardama, adjudicatario de la construcción de las patrulleras, se encuentra actualmente bajo revisión. En el Ministerio se advierte que el procedimiento “heredó deficiencias y desprolijidades” de etapas previas, con “demoras y dificultades” en la presentación de la documentación requerida.
En particular, se señala que la garantía de fiel cumplimiento fue presentada con once meses de atraso, pese a lo cual fue aceptada. Cuando el gobierno actual intentó ejecutarla, se detectaron inconsistencias que llevaron a presumir la posible existencia de un fraude documental.
El Ministerio inició acciones administrativas, civiles y penales, y contrató asesoramiento legal internacional para determinar el alcance de las irregularidades. Por otra parte, la investigación administrativa interna se encuentra en su tramo final y se espera que sus conclusiones definan los pasos siguientes.
Contrato vigente y evaluación de escenarios
Aunque el caso continúa en análisis, las fuentes consultadas precisaron que el contrato con Cardama sigue formalmente vigente, en tanto no se haya completado el procedimiento de rescisión. El gobierno “ha iniciado los pasos correspondientes” para su rescisión, pero debe ajustarse a los plazos y exigencias del marco legal.
De acuerdo con la información oficial, el astillero no ha paralizado las tareas de construcción. La entrega de la primera OPV está prevista para dieciocho meses después de la entrada en vigor del contrato, que se estableció en febrero de 2025.
Necesidad estratégica y continuidad del programa
El Ministerio de Defensa sostiene que las patrulleras oceánicas son un elemento esencial para el cumplimiento de las misiones de vigilancia, control y salvaguarda de los intereses nacionales en el mar. Se considera que Uruguay “no puede prescindir de medios de este tipo”, tanto por razones de soberanía como por compromisos internacionales.
Las fuentes recalcan que el actual proceso de revisión no tiene motivaciones políticas, sino que responde a la necesidad de “proteger los recursos del Estado y asegurar la correcta ejecución de los contratos públicos”.
Asimismo, se enfatiza que el Ministerio mantiene un seguimiento técnico constante sobre la evolución del proyecto y evalúa distintos escenarios en caso de que el contrato deba rescindirse. Entre las opciones, se contempla la posibilidad de abrir un nuevo proceso de adquisición que garantice la continuidad del programa de patrulleras.
Aspectos contractuales y financieros
En relación con los mecanismos de pago, se explicó que el contrato utiliza un sistema de carta de crédito irrevocable, que activa los desembolsos de manera automática cuando se certifican los hitos de avance. Si bien este formato es habitual en contratos internacionales, se reconoce que “reduce el margen de control directo de la administración contratante”.
Fuentes oficiales aclararon también que la vinculación con España se ha mantenido exclusivamente a nivel empresarial, sin gestiones formales entre gobiernos. La embajada española en Montevideo presentó a Cardama como proveedor, pero “no hubo una negociación Estado a Estado”.
Responsabilidad y transparencia
Desde el Ministerio se subraya que la actuación del gobierno “se orienta por criterios de transparencia, responsabilidad y resguardo del interés público”. El objetivo central es preservar los recursos del Estado sin afectar la capacidad operativa de la Armada Nacional.
“Se actuará con rigor técnico y dentro del marco legal, buscando garantizar que el país cuente con los medios necesarios para ejercer plenamente su soberanía marítima”, señalaron las fuentes.
El Ministerio insiste en que la política de defensa continuará priorizando la modernización y eficiencia de la flota. En ese sentido, se reafirma que “el país necesita las OPV” y que el proyecto “debe concretarse de manera responsable, aprendiendo de las dificultades del proceso actual y fortaleciendo los mecanismos de control”.
