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El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron este jueves una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la garantía presentada por la empresa española Cardama, contratada para la construcción de patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.
Tras la presentación, los jerarcas ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía, donde explicaron que el gobierno decidió formalizar la denuncia “en cumplimiento de lo anunciado” y ante la constatación de que “la empresa que otorgó la garantía parece ser una empresa de papel”.
Sánchez indicó que la denuncia “no se dirige contra personas o empresas en particular, sino que relata hechos” que, a juicio del Ejecutivo, podrían configurar delitos de fraude o estafa al Estado. “Hubo una actuación tendiente a engañar al Estado, haciendo creer que existía una garantía que, al momento de ejecutarla, resultó inexistente”, afirmó.
Díaz precisó que la firma inglesa involucrada –EuroCommerce lted- “está en proceso de liquidación en el Reino Unido, no tiene empleados, apenas registró actividad en 2022 y su director reside en Rusia”. Según detalló, la dirección declarada en la documentación “correspondía a una inmobiliaria” y no a una empresa financiera en funcionamiento.
Además, los jerarcas señalaron que se detectó una modificación contractual sin justificación administrativa, por la cual la garantía de fiel cumplimiento —que debía cubrir 30 meses de construcción y 12 adicionales— fue reducida a 12 meses. “Cuando se vencía el plazo, ejecutamos la garantía, y fue entonces cuando constatamos que la empresa no existía”, explicó Sánchez.
El funcionario agregó que, horas antes de la conferencia, el Ministerio de Defensa recibió un correo electrónico de Cardama en el que se informaba sobre la renovación de la garantía, “pero con la misma empresa, que ya estaba en liquidación”.
Consultados sobre la posibilidad de recuperar los 8 millones de dólares vinculados a la garantía, Sánchez aclaró que se trata de un instrumento distinto al de fiel cumplimiento y que ambas situaciones están siendo analizadas. “Aquí el problema es que el contrato entró en vigor con una garantía que no existía, lo que cuestiona todo el proceso”, sostuvo.
Respecto a las declaraciones del empresario Mario Cardama, quien criticó la falta de notificación previa del gobierno, Sánchez evitó polemizar. “No vamos a debatir con el señor Cardama por la prensa. La responsabilidad de presentar y comunicar la garantía es del contratista, no del Estado uruguayo”, señaló.
El secretario reafirmó que el Ejecutivo actuó “en defensa de los bienes públicos y de los recursos de la ciudadanía”. Asimismo, adelantó que el gobierno seguirá adelante con las acciones judiciales y administrativas ordenadas por el presidente Yamandú Orsi, incluyendo las investigaciones internas en curso en el Ministerio de Defensa.
“Intentaron defraudar al Estado uruguayo. Lo que corresponde es que la Justicia investigue quiénes fueron los responsables y si hubo cómplices en la administración pública”, concluyó Sánchez.
Cardama: el contrato se está cumpliendo
El empresario español Mario Cardama, dueño del astillero Cardama, se pronunció tras la decisión del gobierno uruguayo de rescindir el contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV), firmado durante la administración anterior. La resolución se dio a conocer luego de que se detectaran presuntas irregularidades en las garantías presentadas por la empresa para asegurar la ejecución del contrato.
Según el presidente Yamandú Orsi, la rescisión responde a “fuertes indicios” de fraude o estafa al Estado, debido a que Cardama presentó a la compañía EuroCommerce como garante del contrato, la cual no contaba con los avales necesarios ni con actividad económica comprobable. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, detalló que, tras sucesivas prórrogas de hasta once meses (el contrato estipulaba un plazo de 45 días) y certificados en inglés no apostillados, la ejecución de la garantía evidenció que EuroCommerce no funcionaba, y que al visitarla, el embajador uruguayo en Reino Unido encontró que en dicha dirección operaba una inmobiliaria y que “nunca” la dirección había pertenecido a EuroCommerce. Además, la compañía estaba en proceso de liquidación, con un único director de nacionalidad rusa y sin registro de actividad reciente.
En este contexto, Cardama aseguró en entrevista con El Observador que había renovado la garantía con EuroCommerce el 26 de setiembre, aunque reconoció haberse “despistado” al no notificar al Ministerio de Defensa sobre la renovación. El empresario señaló que desconocía cualquier cambio en la empresa garante y cuestionó al gobierno por no comunicarle los supuestos incumplimientos: “Si (el banco) cambió la dirección, tendrían que habérmelo comunicado”, sostuvo.
Cardama reiteró que, según su perspectiva, la construcción de las patrullas sigue su curso normal, y expresó que no comprende de qué manera habría incurrido en un incumplimiento: “No entiendo por qué nadie me avisó nada, podrían habérmelo dicho. Estimaba que estaba en plazo para enviar la información requerida hasta el 22 de octubre”, indicó.
La controversia se centra en la validez y vigencia de las garantías presentadas, que son un requisito contractual para proteger al Estado en caso de incumplimiento. Desde el gobierno, se argumenta que la falta de documentación válida y los problemas detectados en EuroCommerce generan indicios de una posible estafa, por lo que se iniciaron acciones civiles y penales para esclarecer responsabilidades.
Mientras se desarrolla la investigación, Cardama insiste en que el contrato continúa cumpliéndose y cuestiona la falta de comunicación oficial: “No tenía conocimiento de que la empresa garante hubiera experimentado cambios”, agregó. La situación mantiene abierta la discusión sobre la transparencia y los mecanismos de control en contratos de alta envergadura entre el Estado uruguayo y empresas extranjeras.
