Un artículo en The Economist volvió a exponer el enorme daño que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por parte, en especial, de un millar de barcos pesqueros chinos, está provocando en los países de Sudamérica. Pero destacó que mientras Ecuador y Perú están defendiendo sus recursos pesqueros en el Pacífico, la Argentina y Uruguay no están defendiendo los suyos en el Atlántico.
“La flota pesquera china tiene la peor reputación global de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Cerca de un tercio de los 3.000 buques operan en Sudamérica todo el año. Persiguiendo al calamar migratorio, pasan 6 meses del año saqueando las aguas del Atlántico, frente a la Argentina y otros 6 haciendo capturas en el Pacífico, cerca de Ecuador y Perú, atravesando el estrecho de Magallanes”, dice The Economist, que aclara que actualmente esa flota pirata está frente a las costas ecuatorianas.
Reacción
Algunos países, sin embargo, empezaron a reaccionar. Al respecto, The Economist cuenta que el sábado 30 de septiembre pasado Ecuador, Perú, EEUU y otros 11 países concluyeron un “ejercicio” de intercepción de buques que practican la pesca ilegal.
Se trata de una actividad de alto impacto económico. Según el semanario británico, en la década pasada la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada provocó un fuerte daño al stock pesquero global. Es una actividad, precisa, que genera unos USD 36.000 millones al año y da cuenta de uno de cada cinco pescados que se consumen globalmente. También es, prosigue, el sexto negocio ilícito por volumen global, aunque muy detrás de los 1,1 billones de dólares que mueve la falsificación marcaria y de billetes y de los USD 650.000 millones de la producción y tráfico ilegal de drogas.
En el caso de Sudamérica, abunda el artículo, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sustrae a los países costeros entre 8 y 15% de su captura pesquera, según una investigación de la American University. Y la flota china explica 3 de cada 4 barcos que pescan en aguas sudamericanas.
La contraofensiva contra esas incursiones la inició Ecuador, luego de que en 2020 una serie de vuelos identificó 340 barcos pesqueros chinos de distinto tipo capturando especies vulnerables en una reserva marina torno de las islas Galápagos. “Lenín Moreno, el entonces presidente, se comprometió a defender las islas. El primer paso de Ecuador fue demandar a China que detenga las incursiones ilegales. Perú siguió el mismo camino”, cuenta The Economist.
Coalición regional
El resultado fue que en los últimos 3 años, la mayoría de las embarcaciones chinas se ha mantenido a más de 100 kilómetros de distancia de las aguas de ambos países. Además, Ecuador y Perú construyeron una coalición regional para combatir la pesca ilegal sumando a Chile, Colombia, Panamá y Costa Rica, que condenaron públicamente las incursiones chinas y se comprometieron a hacer una suerte de red de áreas marinas protegidas para formar la reserva mundial más grande, igual al doble del territorio británico. Por otra parte, los gobiernos de ese grupo de países hicieron lobby ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), para lograr un recorte de subsidios pesqueros, que se adoptó en 2022.
Tanto Donald Trump como Joseph Biden, el ex y el actual presidente de EEUU, apoyaron el contra-ataque sudamericano proveyendo a los países del Pacífico con equipo y sensores de alta tecnología. En 2020 la Guardia Costera norteamericana comenzó a patrullar las aguas junto a la Armada ecuatoriana. Y desde 2022 el Departamento de Estado ha brindado USD 30 millones de ayuda para programas contra la pesca ilegal, recuerda el artículo.
“Aliado ideológico”
En contraste, observa, la situación de la Argentina y Uruguay es deprimente. “Las cosas han empeorado en el Atlántico, cita a Milko Schvartzman, un conservacionista marino. Al respecto, la nota precisa que el número de buques chinos operando en las aguas del Atlántico Sur aumentó de 74 en 2013 a 429 en 2021 y que “Alberto Fernández, el izquierdista presidente argentino, ha rehusado a presionar por una mayor regulación”.
Esto se debería, sugiere, a que “China es un aliado ideológico y su segundo mayor socio comercial, detrás de Brasil”. Y además el gobierno de Uruguay aspira a lograr un acuerdo de libre comercio con China.
Pérdidas millonarias
A saber, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera pérdidas millonarias a las naciones en desarrollo y a nivel general, las pérdidas globales se estiman en hasta USD 50 mil millones.
Según un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), aproximadamente el 60% de los buques industriales y semindustriales involucrados en la pesca ilegal son de origen asiático, principalmente de China. El 25% restante pertenece a embarcaciones de países de América Latina, África y Europa en proporciones similares. Además, el 80% de las empresas implicadas tienen inversiones relacionadas con China.
En la actualidad, el gigante asiático ha construido la flota pesquera más grande del mundo en tan solo dos décadas, con casi 3,000 barcos, de los cuales más de 400 operan de manera ilegal en el Atlántico Sur.
Modus Operandi
Estos barcos se colocan en el borde exterior con la intención de ingresar a pescar dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), apagando sus sistemas de rastreo satelital durante largos períodos de tiempo. Cuando son detectados por la guardia costera de la Prefectura Nacional Argentina, cruzan nuevamente la línea de las 200 millas hacia alta mar.
Otra particularidad es que las flotas ilegales trabajan en conjunto con barcos de transporte que tienen bodegas refrigeradas para conservar toneladas de pescados. Y algo sumamente importante es que esos transportadores llevan combustible y otros suministros para barcos más pequeños, por lo que estos últimos no pierden tiempo regresando a puerto y continuar pescando.
“Esto pone en peligro la diversidad de vida marina, la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos pesqueros como fuente de proteínas, y los medios de subsistencia de las personas vinculadas con esta industria”, lee el documento.