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La Comisión Europea (*) publicó el jueves 22 la clasificación de países cuyas exportaciones a la Unión Europea puedan generar deforestación en origen.
El bloque dio a conocer una lista y clasificó, como se preveía, a Uruguay dentro de los de “riesgo bajo”. Eso implica que solo el 1% de los cargamentos de mercadería serán inspeccionados. La vicecanciller Valeria Csukasi dijo a El Observador que es un “reconocimiento” a la gestión ambiental y productiva de Uruguay, por lo que quedar en “riesgo bajo” da un “estatus diferente”. El otro país sudamericano ubicado en esta categoría es Chile.
“En la práctica implica que solo un 1% de los cargamentos de mercadería procedente de Uruguay se va a inspeccionar. Para los de riesgo medio la inspección es del 3% de los embarques, lo que agrega una complicación al flujo normal de comercio”, agregó la diplomática. En esa categoría (riesgo medio) quedaron otros países de la región y competidores de Uruguay como Brasil, Paraguay o Argentina. La lista negra (riesgo alto) está integrada por solo cuatro países: Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania.
La clasificación forma parte esencial de la Ley contra la Deforestación Importada de la UE, una vanguardista norma medioambiental clave del Pacto Verde Europeo aprobada en la pasada legislatura comunitaria, y revisada a la baja con el cambio de ciclo político en Bruselas, otorgando a los importadores un año más para cumplir con la normativa.
La revisión se produjo tras intensas presiones de algunas industrias, partidos políticos y países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Estados Unidos, Malasia, Australia, Nueva Zelanda o Canadá.
Para tomar la definición, la Comisión Europea analizó siete productos, de los cuales tres forman parte de la canasta de exportaciones de Uruguay (carne, soja y madera). Los otros son cacao, café, aceite de palma, soja y caucho, así como derivados como cuero, chocolate o muebles.
Las compañías que importen en la UE esas materias primas deberán demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales allí donde se han obtenido los recursos.
Las grandes empresas y operadores tendrán que cumplir con la normativa a partir del 30 de diciembre de 2025 y las pequeñas empresas tienen hasta el 30 de junio de 2026 para adaptarse.
Malestar en Argentina
En Argentina no cayó bien la clasificación europea en la categoría de riesgo “estándar”. Esta calificación implica que las exportaciones argentinas de productos como soja, carne bovina y cuero deberán cumplir con controles más estrictos y demostrar trazabilidad ambiental y social por cada embarque para poder ingresar al mercado europeo.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA/CEC) expresaron su disconformidad con esta decisión a través de un posteo en la red social X: «Hoy se ha publicado en Bruselas la clasificación de riesgo país en materia de deforestación por parte de la Comisión Europea. Argentina ha sido clasificada con un riesgo standard, al igual que otros países de la región. Consideramos que esta evaluación es injustificada». Además, destacaron: «Estudios recientes demuestran que el riesgo de deforestación en nuestro país es despreciable. El gobierno argentino presentó la documentación correspondiente ante la Comisión Europea en ese sentido. Por nuestra parte, seguiremos trabajando arduamente con todos los eslabones de la cadena de valor de la soja para que la Argentina sea reconocida como un país de riesgo bajo».
El presidente de CIARA/CEC, Gustavo Idígoras, explicó que «el reglamento europeo de cadenas libres de forestación establece dos tipos de disposiciones, una es que los operadores económicos, exportadores e importadores deben generar sistemas de trazabilidad ambiental y social, y demostrarlo por cada embarque».
(*)La Comisión Europea es el principal órgano ejecutivo de la UE. Realiza las propuestas legislativas, defiende los Tratados de la UE y se asegura de que los Estados miembros aplican el Derecho y las políticas de la Unión. La Comisión gestiona el presupuesto de la UE y negocia acuerdos internacionales en nombre de la UE.
