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La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, confirmó este lunes que el gobierno uruguayo ya comenzó a analizar alternativas al astillero español Francisco Cardama, adjudicatario del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV), ante la posibilidad de nuevos incumplimientos contractuales. La jerarca señaló que, de no cumplirse el próximo hito previsto —la recepción de los motores principales—, “estaría cayendo el contrato”.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa Arriba Gente de Canal 10, en la que Lazo se refirió al estado actual del contrato, a los pasos administrativos y jurídicos en curso y a las opciones que evalúa el Poder Ejecutivo en caso de una rescisión.
El contrato prevé un nuevo desembolso del Estado en febrero de 2026, condicionado al cumplimiento del próximo hito. Consultada sobre el escenario de incumplimiento, la ministra fue enfática: “Significa que estaría cayendo el contrato”, afirmó.
Según lo establecido contractualmente, dicho hito implica el pago del 20% del precio total del buque 1 —equivalente a 8.170.000 euros— una vez que el constructor reciba los motores principales en sus instalaciones. Para ello, el astillero debe presentar la factura comercial correspondiente y un certificado emitido por la sociedad de clasificación que acredite el cumplimiento del hito.
Lazo recordó que el pasado 10 de octubre el empresario Mario Cardama comunicó al gobierno la eventual imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con la llegada de los motores y solicitó una prórroga. “Nosotros dijimos que no íbamos a dar una prórroga, porque no era necesario”, explicó la jerarca, subrayando que el Ejecutivo mantuvo la exigencia del cronograma original.
Posteriormente, el 22 de octubre, el Ministerio de Defensa constató la falsedad de la garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa, hecho que derivó en la decisión del Poder Ejecutivo de presentar una denuncia ante Fiscalía. “A partir de ahí se tomaron decisiones en los planos administrativo y jurídico”, indicó Lazo.
En ese sentido, la ministra sostuvo que, desde el punto de vista del gobierno, la presentación de una garantía con características “fraudulentas” constituye un elemento de extrema gravedad. “Para nosotros ya la garantía de fiel cumplimiento, con estas características de carácter fraudulento, ya estaría configurando [un incumplimiento], pero hay que esperar”, señaló, en alusión a la necesidad de completar los procedimientos correspondientes.
Durante la interpelación parlamentaria realizada semanas atrás, el Ministerio de Defensa presentó un informe jurídico elaborado por su asesor letrado, el doctor Alfredo Maeso, en el que se analizan los incumplimientos vinculados a la garantía de fiel cumplimiento y sus eventuales consecuencias. Según lo expuesto en esa instancia, dichos incumplimientos podrían habilitar al Estado uruguayo a rescindir unilateralmente el contrato, de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación pública.
En paralelo al análisis jurídico, el gobierno trabaja en la identificación de alternativas para continuar con el proceso de adquisición de las patrullas oceánicas, consideradas estratégicas para la vigilancia y el control de las aguas jurisdiccionales. “Hay una serie de alternativas que se están buscando. Se está también explorando en la región”, afirmó Lazo.
Consultada sobre la cantidad de opciones que se manejan actualmente, la ministra precisó que son “por lo menos dos”, una de ellas en la región y otra fuera de ella. No obstante, aclaró que, al menos por el momento, no está en consideración la posibilidad de construir las patrullas en Uruguay. “Hoy por hoy no es” una alternativa viable, sostuvo, aunque adelantó que habrá una nueva reunión con el PIT-CNT en el marco del diálogo sobre el tema.
Lazo confirmó además que el gobierno contrató a la sociedad de clasificación Bureau Veritas para el control del proceso de construcción. Según explicó, las observaciones y controversias detectadas no se vinculan al rol de la clasificadora, sino a presuntos incumplimientos contractuales del astillero, en particular en materia de garantías y documentación presentada.
En el informe presentado ante el Senado, la ministra detalló que el astillero demoró casi un año en presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento, requisito esencial para la entrada en vigor del contrato. De acuerdo con lo expuesto, la administración anterior habría tolerado una sucesión de prórrogas que superaron ampliamente el plazo contractual de 60 días previsto para la activación del acuerdo.
El documento jurídico también señala que la garantía finalmente aceptada, emitida por la entidad EUROCOMMERCE BANK, resultó ser sustancial y materialmente inexistente. Según la información presentada, dicha entidad no operaba como banco, carecía de actividad financiera y empleados, se encontraba en proceso de disolución forzosa y los documentos notariales que acompañaban la garantía fueron confirmados como falsificados por un notario español.
Asimismo, el informe menciona observaciones técnicas vinculadas al proceso constructivo, entre ellas posibles problemas de estabilidad en el diseño del buque, el uso de planos provisorios o no aprobados definitivamente por la sociedad de clasificación originalmente prevista (Lloyd’s Register), retrasos en el cronograma de obra y eventuales deficiencias de calidad.
Ante este conjunto de hechos, el Poder Ejecutivo emitió la Resolución D/114 del 22 de octubre de 2025, mediante la cual dispuso el inicio de acciones civiles, penales y administrativas, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de proteger los intereses del Estado y evaluar un eventual resarcimiento. Paralelamente, el gobierno trabaja con asesoría jurídica especializada para analizar una eventual resolución unilateral del contrato, procurando minimizar el impacto patrimonial para el país.
Lazo también se refirió a los cuestionamientos surgidos durante la interpelación en el Senado y, en particular, a declaraciones del exministro de Defensa y actual senador del Partido Nacional, Javier García. La ministra calificó de “irresponsables” las afirmaciones que señalan que el actual gobierno estaría desmantelando la Armada Nacional.
“Eso es grave en sí mismo, porque no estamos hablando de desmantelar. Estamos hablando de un enfrentamiento que es absolutamente inexistente entre el mando superior y el gobierno nacional”, afirmó. En ese marco, sostuvo que ese tipo de planteos “enfrentan a uno de los partidos democráticos de este país con el brazo armado del Estado”, lo que consideró “gravísimo”.
Finalmente, Lazo insistió en que el Poder Ejecutivo actuará con cautela, respetando los procedimientos administrativos y las garantías legales, pero defendiendo el interés del Estado. Mientras tanto, el futuro del contrato con Cardama queda supeditado al cumplimiento del próximo hito contractual y a la evolución de las acciones jurídicas en curso.
