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La empresa Viridien, a través de su filial CGG Services, informó al Ministerio de Ambiente de Uruguay que prevé iniciar en febrero una campaña de exploración sísmica offshore en aguas jurisdiccionales uruguayas. La comunicación fue realizada tras la presentación del plan de gestión ambiental exigido por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) como condición previa para el inicio de las operaciones.
Según información difundida por medios locales, el operativo se desarrollará en el denominado bloque offshore 1, ubicado a unos 180 kilómetros de la costa, y contará con el buque de prospección sísmica BGP Prospector, cuyo arribo al puerto de Montevideo está previsto para los primeros días de febrero. Desde allí, la embarcación se desplazará hacia el área asignada para comenzar la adquisición de datos geofísicos.
La campaña contempla un total de 104 días de trabajo, divididos en dos etapas: una primera fase de 61 días y una segunda de 43 días. Entre ambas se prevé una interrupción que se extenderá desde abril hasta noviembre, período en el que el área se superpone con actividades de pesca industrial y con etapas de alta sensibilidad ambiental, de acuerdo con la documentación presentada ante la autoridad ambiental.
El levantamiento sísmico se realizará mediante pulsos acústicos que permiten mapear las estructuras geológicas bajo el lecho marino, una técnica ampliamente utilizada en la exploración de hidrocarburos. El BGP Prospector es un buque especializado en estudios sísmicos 3D, equipado para operar con múltiples cables remolcados (streamers) y sensores que registran los reflejos de las ondas acústicas.
Las autorizaciones ambientales otorgadas para la campaña incluyen un conjunto de medidas de mitigación orientadas a reducir el impacto sobre la fauna marina. Entre ellas se establece la presencia permanente de observadores a bordo —principalmente biólogos marinos— y la aplicación de protocolos de apagado o reducción de las fuentes acústicas si se detecta la presencia de cetáceos, tortugas marinas o pinnípedos dentro de radios previamente definidos.
El área de estudio se superpone total o parcialmente con zonas identificadas por Uruguay como prioritarias para la conservación marina. En particular, existe una superposición total con un área de cría permanente de merluza, definida en 2022, así como una superposición parcial con sectores de la plataforma continental asociados a cañones submarinos y montículos de coral. Estas características han incrementado la atención pública y el seguimiento ambiental del proyecto.
En paralelo al avance administrativo del operativo, organizaciones sociales mantienen acciones judiciales contra las autorizaciones ambientales otorgadas. La plataforma Mar Libre de Petroleras reclamó que la Justicia se pronuncie antes del inicio de las actividades y solicitó la suspensión de cualquier acción vinculada a los contratos hasta que exista una sentencia firme. Los colectivos cuestionan, entre otros aspectos, la suficiencia de las evaluaciones ambientales y los posibles efectos acumulativos de la exploración sísmica en el ecosistema marino.
Desde el punto de vista del sector energético, la campaña de Viridien se inscribe en una estrategia más amplia del Estado uruguayo para reactivar la exploración de hidrocarburos en su margen atlántico. En rondas previas, la estatal Ancap adjudicó áreas offshore a compañías internacionales como Chevron, Shell y APA Corporation, además de acuerdos con YPF, en un intento por atraer inversión exploratoria a una cuenca que, hasta el momento, no registra hallazgos comerciales confirmados.
El interés en el Atlántico Sur se ha visto reforzado en los últimos años por descubrimientos relevantes en márgenes geológicos comparables, como los realizados frente a la costa de Namibia, que renovaron las expectativas sobre el potencial hidrocarburífero de la región. Estos antecedentes han sido citados por analistas del sector como un factor que reconfigura el atractivo exploratorio del área.
Para el gobierno uruguayo, el foco inmediato está puesto en asegurar el cumplimiento estricto de las condiciones ambientales establecidas y en preservar una “operación ordenada” del proyecto, bajo supervisión estatal. Para los opositores y organizaciones ambientalistas, en cambio, la prioridad es garantizar controles efectivos y obtener definiciones judiciales claras antes de que el buque inicie la adquisición de datos en alta mar.
El inicio de la campaña sísmica, previsto para febrero, marcará así una nueva etapa en el debate nacional sobre exploración offshore, desarrollo energético y protección ambiental en aguas uruguayas.
