Especial Portal Marítimo
Las principales petroleras privadas de la Argentina comenzaron a aumentar esta semana los precios de sus combustibles, mientras YPF todavía espera para definir un ajuste en sus surtidores. Los incrementos llegan en medio de la suba internacional del petróleo y alcanzan hasta el 5%, aunque varían según la marca y el producto. La peculiar situación en Argentina dio pie a Portal Marítimo para elaborar un informe sobre los mecanismos que los gobiernos de los países del Mercosur emplean para fijar los precios de los combustibles. Un mismo mercado internacional del petróleo, pero cuatro formas diferentes de determinar cuánto paga el consumidor en el surtidor.
Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay están expuestos a las mismas referencias internacionales y enfrentan factores comunes como el precio del crudo, los costos de refinación, el transporte, el tipo de cambio y los impuestos. Sin embargo, cada país adoptó un mecanismo diferente para transformar esos elementos en el precio final de la nafta y el gasoil. La diferencia fundamental está en el papel que desempeña el Estado y en quién tiene la potestad de determinar el precio.
En Uruguay, el Poder Ejecutivo fija los precios máximos de venta al público utilizando, entre otros insumos, el Precio de Paridad de Importación (PPI) y el Precio de Venta al Público de referencia calculados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Argentina funciona bajo un régimen de libre comercialización, en el que los precios surgen de la oferta y la demanda y son determinados comercialmente por las empresas.
Brasil mantiene desde 2002 un régimen de libertad de precios en toda la cadena de combustibles, mientras que Paraguay combina la presencia de operadores privados con una empresa estatal, Petropar, que tiene un peso relevante en el mercado.
Son cuatro modelos distintos frente a un mismo mercado internacional.
Uruguay: una referencia técnica y una decisión política
En Uruguay, el Precio de Paridad de Importación (PPI) constituye uno de los principales componentes de la metodología utilizada para determinar los precios de los combustibles.
El PPI es un cálculo técnico realizado por Ursea que estima cuánto costaría disponer en las plantas de distribución de ANCAP de un combustible terminado si este fuera adquirido mediante una importación hipotética, en lugar de ser producido por la empresa estatal.
La referencia incorpora los costos correspondientes hasta la etapa de distribución primaria. Por eso, el PPI no equivale al precio que paga el consumidor en la estación de servicio.
Ursea calcula además un Precio de Venta al Público de referencia. Para obtenerlo toma como base el PPI y adiciona un factor de ajuste, los márgenes de distribución y los tributos correspondientes. Ambos valores son utilizados como insumos para la decisión final, que es potestad del Poder Ejecutivo.
La diferencia entre ambos conceptos es importante: el PPI procura establecer una referencia sobre el costo de disponer del combustible terminado en el país, mientras que el PVP de referencia intenta aproximarse al precio que resultaría en el surtidor.
El precio de referencia no es necesariamente el precio final
El mecanismo uruguayo permite que el Poder Ejecutivo se aparte de la referencia calculada por Ursea.
Un ejemplo se produjo en setiembre de 2026. Para ese mes, Ursea estimó un PVP de referencia de $89,54 por litro para la nafta Súper 95 y de $73,18 para el Gasoil 50-S.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió mantener los precios máximos vigentes, en $88,67 para la Súper 95 y $58,68 para el Gasoil 50-S. La decisión fue presentada como parte de la estrategia de amortiguación de las variaciones internacionales de los precios del petróleo.
El ejemplo muestra de manera concreta cómo funciona el sistema: Ursea calcula una referencia técnica y el Poder Ejecutivo decide el precio máximo de venta al público.
La propia Ursea advierte que el PPI por sí solo no permite proyectar directamente la evolución del precio en el surtidor, porque constituye solamente uno de los componentes de la formación del precio final.
Qué hay detrás del precio uruguayo
La estructura de referencia publicada por Ursea para setiembre permite observar la composición.
Para la nafta Súper 95, el PPI correspondiente al período considerado fue de $37,60 por litro. A ese valor se agregaron $1,20 correspondientes al factor de ajuste, $13,13 por márgenes de distribución y $37,61 por tasas e impuestos, hasta alcanzar un PVP de referencia de $89,54.
En el caso del Gasoil 50-S, el PPI fue de $45,53, el factor de ajuste de $1,20, los márgenes de distribución de $10,08 y las tasas e impuestos de $16,37, para llegar a los $73,18 de referencia.
La estructura muestra que el precio internacional del combustible es solamente uno de los elementos que terminan determinando el valor que enfrenta el consumidor.
Argentina: el precio surge de la oferta y la demanda
Argentina adoptó un esquema diferente.
La reglamentación vigente establece que la exploración, explotación, procesamiento, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos deben desarrollarse conforme al principio de libre mercado, promoviendo la competencia y la participación de distintos actores.
El Decreto 1057/2024 establece expresamente que los precios de comercialización de hidrocarburos y sus derivados en el mercado interno son aquellos que resultan de la oferta y la demanda en su libre comercialización. La normativa también plantea el alineamiento de los precios internos con los resultantes de las transacciones internacionales, tomando como referencia las paridades de importación y exportación.
En este modelo, las compañías petroleras tienen capacidad para determinar sus precios comerciales.
Entre ellas se encuentra YPF, el principal actor del mercado argentino, junto con otras empresas que participan de las diferentes etapas de la cadena.
La participación estatal en YPF no convierte al mercado en un monopolio. La compañía funciona como sociedad anónima y compite con otros operadores.
YPF como referencia comercial
Que los precios sean libres no significa que todas las estaciones tengan necesariamente el mismo valor.
Las empresas pueden establecer sus precios en función de sus costos, condiciones de abastecimiento, ubicación de los establecimientos, competencia local y estrategia comercial.
En ese contexto, el precio de YPF puede funcionar como una referencia comercial de peso debido a la posición que ocupa la empresa en el mercado, pero no constituye un precio impuesto por el Estado para todos los operadores.
La diferencia con Uruguay es, por tanto, institucional.
En Uruguay existe un precio máximo establecido por el Poder Ejecutivo y una metodología pública de referencia elaborada por el regulador.
En Argentina, las empresas determinan sus precios dentro de un mercado cuyo marco normativo establece la libre comercialización.
Brasil: libertad de precios desde 2002
Brasil presenta un esquema de libertad de precios todavía más claramente definido.
La Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) establece que desde 2002 existe libertad de precios en toda la cadena de combustibles y derivados del petróleo: producción, importación, distribución y reventa.
Esto significa que no existe un sistema de precios máximos o mínimos fijados por el Gobierno ni una autorización oficial previa para modificar los valores. Cada agente económico establece sus precios y sus márgenes en un escenario de libre competencia.
La ausencia de precios administrados no implica, sin embargo, ausencia de regulación.
La ANP monitorea el mercado, publica información sobre precios, fiscaliza la calidad de los combustibles y actúa para proteger el proceso competitivo. Cuando identifica indicios de una infracción al orden económico, puede comunicar la situación al Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
La ANP también realiza investigaciones semanales sobre los precios practicados en las estaciones, permitiendo observar las diferencias entre regiones y operadores.
Petrobras no fija el precio del surtidor
El papel de Petrobras es una de las claves para comprender el modelo brasileño.
La compañía continúa siendo un actor central de la cadena y determina los precios a los que vende sus productos a las distribuidoras. Pero no fija el precio final que paga el consumidor en la estación de servicio.
Entre el valor cobrado por el productor o importador y el precio final intervienen diferentes componentes: impuestos, biocombustibles, transporte, distribución y reventa.
La propia ANP publica la estructura de formación de precios para mostrar cómo interviene cada uno de esos elementos.
Por lo tanto, Brasil y Argentina comparten un rasgo central: el Estado no establece un precio máximo de venta al público. La diferencia con Uruguay es clara, aunque los tres mercados continúan sujetos a regulaciones, impuestos y controles estatales.
Paraguay: mercado privado con Petropar como actor estatal
Paraguay presenta una combinación diferente.
El mercado de combustibles cuenta con empresas privadas y con Petróleos Paraguayos (Petropar), la empresa estatal.
Petropar publica su propia estructura de costos y desagrega los componentes que intervienen en el precio final de sus productos. La empresa dispone de información histórica de sus estructuras de costos correspondientes a 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.
A diferencia de Uruguay, Petropar no establece un precio obligatorio para todos los operadores del mercado. Las empresas privadas tienen capacidad para determinar sus propios valores.
La particularidad paraguaya está en el peso que tiene la empresa estatal.
En enero de 2026, Petropar anunció una reducción de 250 guaraníes por litro en todos sus combustibles, luego de una evaluación de costos y del comportamiento del mercado. La medida comenzó a regir el 28 de enero.
En mayo, durante una reunión en el Senado, el presidente de Petropar, William Wilka, explicó que los combustibles son importados en su totalidad y que las variaciones de los mercados internacionales tienen impacto sobre los precios internos. También señaló que la empresa no subsidia los combustibles y que procura realizar los ajustes de manera gradual.
Esto coloca a Paraguay en una posición intermedia en la comparación: existe competencia entre operadores privados, pero la empresa estatal tiene una presencia relevante y sus decisiones de precios tienen incidencia sobre el mercado.
El debate por la transparencia
Paraguay mantiene además abierto un debate sobre la forma en que se informa y transparenta la estructura de costos.
En agosto de 2026, la Comisión de Industria y Comercio del Senado analizó un proyecto destinado a transparentar la estructura de costos y la formación del precio de los combustibles.
La propuesta contempla establecer un índice o referencia de costos que permita comprender mejor las variaciones, pero sin impedir que cada emblema o estación de servicio determine sus precios de acuerdo con su estructura comercial.
La discusión introduce un elemento adicional respecto de los otros países: no se trata solamente de quién fija el precio, sino también de cuánta información sobre su formación debe estar disponible para consumidores y autoridades.
Cuatro modelos frente a un mismo mercado
La comparación entre los cuatro países permite observar que las diferencias no están solamente en el precio de la nafta o el gasoil, sino fundamentalmente en cómo se llega a ese precio.
Uruguay utiliza una metodología regulada. Ursea calcula el PPI y el PVP de referencia y el Poder Ejecutivo determina el precio máximo de venta al público. El Estado, por lo tanto, tiene la decisión final sobre el precio máximo.
Argentina funciona bajo un esquema de libre comercialización. Las empresas determinan sus precios en función de la oferta y la demanda, dentro de un marco regulatorio que establece reglas para el funcionamiento del mercado y la competencia. YPF tiene un peso importante como referencia comercial.
Brasil mantiene desde 2002 la libertad de precios en toda la cadena. La ANP no fija los valores, sino que monitorea el mercado, fiscaliza y publica información para favorecer la transparencia y la competencia.
Paraguay combina operadores privados con la presencia de Petropar. Cada empresa establece sus precios, mientras la petrolera estatal funciona como un actor de peso y publica su propia estructura de costos.
El mismo petróleo, distintos caminos hasta el surtidor
Los cuatro países están expuestos a los mismos mercados internacionales. El precio del petróleo, las condiciones de refinación, los costos logísticos, el tipo de cambio, los impuestos y las condiciones de abastecimiento inciden, con diferentes pesos, sobre el precio final.
Pero esos factores no llegan al consumidor de la misma manera.
En Uruguay, el Estado convierte esos factores en un precio máximo mediante una decisión del Poder Ejecutivo, apoyada en referencias técnicas de Ursea.
En Argentina, las empresas determinan sus precios dentro de un régimen de libre comercialización y competencia.
En Brasil, los agentes económicos fijan sus precios en toda la cadena y el Estado se concentra en la regulación, fiscalización y monitoreo del mercado.
En Paraguay, los operadores privados determinan sus precios y Petropar participa como empresa estatal con un peso significativo en el mercado.
La comparación permite, en definitiva, observar cuatro mecanismos institucionales diferentes frente a un mismo mercado internacional.
No es solamente una cuestión de cuánto cuesta un litro de nafta o gasoil en cada país. Detrás de ese precio existe una determinada relación entre Estado, empresas, impuestos, competencia y mercado internacional.
El mismo petróleo puede llegar al consumidor a través de cuatro caminos diferentes: un precio máximo definido por el Estado en Uruguay, precios determinados por las empresas en Argentina y Brasil, y un mercado competitivo con fuerte presencia estatal en Paraguay.
Precio final
Entre los países mencionados, el precio del combustible más barato se encuentra en Paraguay, seguido de Brasil y Argentina, mientras que Uruguay es el más caro de toda América Latina.
A pesar de que el costo base del petróleo en el mercado internacional es el mismo para todos, las políticas internas de subsidios, la estructura de refino y, principalmente, la carga impositiva marcan la gran diferencia en los surtidores.
