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El Ministerio de Ambiente resolvió aplicar una multa de 50.000 dólares a la empresa Searcher, responsable de la operativa del buque noruego SW Empress, tras comprobar que realizó tareas de prospección sísmica en aguas uruguayas sin la autorización correspondiente. El caso reaviva la discusión sobre la exploración offshore y los límites de la jurisdicción marítima nacional.
La sanción, equivalente a 1.000 Unidades Reajustables (UR), surge de una investigación que contó con la participación de la Armada Nacional, la cual confirmó que el buque efectuó trabajos de exploración dentro de la jurisdicción del país. Según la cartera, las tareas se realizaron sin contar con la Autorización Ambiental Previa (AAP), un requisito indispensable para este tipo de actividades.
El episodio ocurre en un contexto de fuerte debate público sobre la exploración sísmica en la plataforma continental uruguaya, especialmente tras la habilitación otorgada a la empresa Viridien SA para iniciar estudios en busca de hidrocarburos. En ese marco, la aparición del SW Empress generó inquietud tanto en autoridades como en actores del sector y organizaciones ambientalistas.
Una sanción que puede escalar
Desde el Ministerio de Ambiente no descartan que la multa inicial pueda incrementarse. La cartera solicitó a la empresa información adicional sobre la operativa, incluyendo la cantidad de días de actividad, los protocolos aplicados ante la presencia de fauna marina y los niveles de intensidad sonora utilizados en los disparos sísmicos.
Estos elementos son clave para evaluar el impacto ambiental de la actividad, ya que la prospección sísmica implica el uso de ondas acústicas de alta intensidad que pueden afectar a especies marinas, particularmente mamíferos y peces sensibles al ruido.
En función de la respuesta de la empresa, el ministerio analizará si corresponde aumentar la sanción o incluso revisar su alcance. También existe la posibilidad de que los descargos presentados por Searcher incidan en la resolución final del caso.
El punto crítico: la autorización ambiental
El eje de la sanción radica en la ausencia de la Autorización Ambiental Previa, un instrumento obligatorio para cualquier proyecto de exploración de este tipo en territorio uruguayo. Este mecanismo establece condiciones específicas de operación, controles y medidas de mitigación que deben cumplir las empresas para minimizar impactos.
En el caso de Viridien, por ejemplo, la autorización otorgada incluye exigencias estrictas en materia de monitoreo ambiental, presencia de observadores de fauna y protocolos de detención de actividades ante determinados escenarios.
La falta de este permiso en la operativa del SW Empress fue determinante para que el gobierno avanzara en la sanción, en línea con una política que busca reforzar el control sobre las actividades en el mar.
Disputa por la jurisdicción marítima
Más allá de la infracción administrativa, el caso pone sobre la mesa una discusión de fondo: la extensión de la plataforma continental uruguaya y los derechos del país sobre los recursos del subsuelo marino.
La empresa Searcher sostiene que las operaciones se realizaron en aguas internacionales, más allá de las 200 millas náuticas, y que Uruguay aún no tiene jurisdicción plena sobre esa zona debido a que no ha completado todos los pasos formales para ratificar la extensión de su plataforma continental ante organismos internacionales.
Este argumento se basa en la interpretación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que regula los derechos de los Estados sobre sus espacios marítimos. Según esta visión, el país no estaría habilitado a exigir autorizaciones en esas áreas.
Sin embargo, el gobierno uruguayo rechaza esta postura. El Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que la decisión de Naciones Unidas ya otorgó certeza jurídica sobre la extensión de la plataforma continental hasta las 350 millas marinas, lo que implica derechos soberanos sobre los recursos del lecho y el subsuelo.
En esa línea, Uruguay presentó en 2024 una nueva delimitación oficial de su territorio marítimo, reforzando su posición en el escenario internacional.
Señales contradictorias y debate interno
El caso también dejó en evidencia ciertas tensiones a nivel institucional. Días antes de que se confirmara la infracción, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) había publicado información sobre las operaciones del buque, ubicándolas en “aguas internacionales”. Posteriormente, ese contenido fue retirado.
Este episodio refleja que existen distintas interpretaciones dentro del propio Estado sobre el alcance de la jurisdicción marítima, un aspecto clave en el desarrollo de la exploración offshore.
Al mismo tiempo, la discusión se inscribe en un escenario más amplio, donde Uruguay busca posicionarse como potencial productor de hidrocarburos, pero enfrenta cuestionamientos ambientales y desafíos regulatorios.
Un sector en expansión bajo la lupa
La exploración sísmica es una etapa inicial en la búsqueda de petróleo y gas, y su desarrollo en Uruguay ha generado expectativas económicas, pero también preocupación por sus impactos.
Las autoridades han insistido en que los proyectos autorizados cumplen con estándares internacionales y cuentan con controles estrictos. No obstante, episodios como el del SW Empress refuerzan la necesidad de mecanismos de supervisión efectivos.
En este sentido, la sanción a Searcher aparece como una señal política y regulatoria: el gobierno busca dejar en claro que cualquier actividad en aguas bajo su jurisdicción debe ajustarse a las normas vigentes.
Lo que viene
El desenlace del caso dependerá ahora de la información que aporte la empresa y de la evaluación que realicen las autoridades. Más allá del resultado, el episodio ya tuvo impacto en la agenda pública y en el debate sobre el futuro de la actividad offshore en Uruguay.
A medida que el país avanza en la implementación de proyectos de exploración, la claridad en las reglas de juego y la coordinación institucional serán factores determinantes para atraer inversiones sin descuidar la protección ambiental.
La multa al buque noruego, en ese marco, no solo sanciona una conducta puntual, sino que marca un precedente en un sector que recién comienza a desarrollarse y que promete seguir generando discusión en los próximos años.
