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La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) mantendrá las actividades de prospección sísmica previstas para noviembre y pondrá en marcha un protocolo de compensación económica para embarcaciones de pesca comercial que acrediten perjuicios en sus capturas asociados a las operaciones. Así lo señaló el ingeniero químico Pablo Gristo, jefe de Exploración y Producción del ente, durante su exposición en el encuentro sobre desafíos del Uruguay marítimo-portuario, organizado por la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo y la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes.
El mecanismo constituye una de las principales novedades presentadas por ANCAP en relación con la convivencia entre la exploración de hidrocarburos en aguas uruguayas y la actividad pesquera. Según explicó Gristo, los barcos pesqueros que se encuentren a una determinada distancia de la embarcación sísmica y puedan demostrar una reducción de sus capturas podrán acceder a una compensación económica. El buque BGP PROSPECTOR es esperado a mediados de noviembre en Uruguay para emprender la nueva etapa de prospecciones sísmicas. La ventana para estos estudios finaliza entre marzo y abril del año próximo.
El jerarca indicó que el protocolo fue diseñado a partir de modelos utilizados internacionalmente, con especial referencia a la experiencia noruega. Señaló que se trata de una herramienta destinada a atender las preocupaciones expresadas reiteradamente por pescadores que atribuyen a las operaciones sísmicas una disminución de la actividad extractiva.
La medida se incorpora a un conjunto de restricciones y mecanismos de control ambiental establecidos para estas operaciones. Gristo sostuvo que la regulación uruguaya adopta criterios particularmente precautorios y contempla períodos en los que no está permitido realizar sísmica marina, en función de la zafra pesquera y de los ciclos reproductivos de determinadas especies, además de considerar la presencia y los desplazamientos de mamíferos marinos.
Restricciones ambientales y monitoreo biológico
El responsable de Exploración y Producción recordó que las actividades sísmicas requieren autorización ambiental previa y que la evaluación corresponde al Ministerio de Ambiente, de manera independiente de ANCAP y de las empresas contratistas.
Entre las condiciones aplicadas en Uruguay mencionó restricciones temporales para las operaciones entre mayo y octubre, vinculadas a la mayor actividad pesquera y a la protección de especies como la merluza, así como medidas de prevención relacionadas con mamíferos marinos, incluida la ballena franca.
También señaló que, cuando se desarrollan operaciones sísmicas simultáneas, se establece una distancia mínima de 100 kilómetros entre los buques involucrados. A ello se suman protocolos de investigación y programas de monitoreo biológico.
En ese marco, Gristo informó que se realizaron ocho campañas de seguimiento con el buque pesquero Promopes, destinadas a estudiar la distribución y abundancia de huevos y larvas de merluza, anchoíta y otras especies, además de la presencia de plancton. Las mediciones se efectuaron antes, durante y después de las operaciones sísmicas.
De acuerdo con lo expuesto por el jerarca, los trabajos de monitoreo y los estudios realizados hasta el momento no identificaron efectos atribuibles a la sísmica en los ecosistemas evaluados ni en los episodios de varamientos analizados. La información forma parte del seguimiento de las actividades y de la evaluación de sus posibles impactos.
La incorporación de un mecanismo de compensación económica busca atender, al mismo tiempo, las situaciones en las que embarcaciones pesqueras puedan demostrar pérdidas de capturas asociadas a las operaciones. El protocolo prevé que esas situaciones sean acreditadas mediante los criterios establecidos para acceder a la compensación.
Una nueva etapa para la exploración offshore
Durante la exposición, Gristo repasó el marco jurídico que regula la exploración de hidrocarburos en Uruguay y sostuvo que las actividades offshore no comenzaron recientemente, sino que se desarrollan de forma continuada desde hace décadas, aunque en los últimos años adquirieron mayor visibilidad pública.
El país utiliza contratos de producción compartida, en los que las empresas asumen los costos y riesgos de la exploración. Los contratos establecen diferentes etapas y plazos, debido a la incertidumbre geológica que caracteriza a este tipo de proyectos. En caso de un descubrimiento comercial, ANCAP tiene la posibilidad de asociarse, mientras que el Estado dispone de distintos mecanismos para captar parte de la renta generada.
Gristo destacó que las siete áreas ofrecidas recientemente en la zona económica exclusiva uruguaya fueron adjudicadas a empresas del sector petrolero. Se trata, en su mayoría, de zonas de aguas profundas y ultraprofundas, que requieren capacidades técnicas y financieras especializadas.
Entre los compromisos de exploración mencionó la adquisición y utilización de información sísmica tridimensional en las áreas offshore 1 y 4, ubicadas hacia el límite con Argentina, y la preparación de un pozo exploratorio, considerado uno de los hitos más relevantes del actual ciclo.
El interés por Uruguay se inscribe, según explicó, en un proceso regional que comprende también áreas offshore de Argentina y Brasil. En los últimos años se desarrollaron campañas sísmicas y perforaciones en distintos puntos de la región, en un contexto de renovada atención internacional sobre el potencial geológico del Atlántico Sur.
Uno de los elementos que alimenta las expectativas es la existencia de formaciones geológicas que podrían presentar similitudes con las que permitieron importantes descubrimientos frente a Namibia. Gristo aclaró, sin embargo, que el modelo geológico todavía debe comprobarse en Uruguay y que no existe certeza de que se encuentre petróleo.
El pozo previsto permitirá evaluar esas hipótesis. Según el cronograma presentado, la perforación podría comenzar entre septiembre y diciembre del próximo año, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes, y los primeros resultados podrían conocerse durante el primer trimestre de 2028.
El ingeniero advirtió que, incluso si se obtuvieran indicios favorables, determinar el tamaño del eventual yacimiento, la calidad de los hidrocarburos y su viabilidad comercial exigiría nuevas perforaciones y varios años de análisis. En caso de confirmarse un descubrimiento comercial, el desarrollo de la producción también requeriría inversiones y plazos adicionales.
Oportunidades para los servicios marítimos
Gristo subrayó que la exploración petrolera puede generar actividad económica más allá de un eventual descubrimiento de hidrocarburos. Las campañas requieren servicios portuarios, logística, almacenamiento, despachantes de aduana, transporte y recursos humanos especializados.
Los contratos incorporan cláusulas de contenido local que establecen la contratación de bienes, servicios y personal uruguayos, siempre que cumplan con las condiciones de calidad, precio y plazo de entrega. El objetivo es que una parte del gasto asociado a la exploración permanezca en la economía nacional.
Según un análisis presentado por ANCAP sobre campañas anteriores, alrededor del 10% del gasto de exploración quedó en Uruguay mediante la contratación de bienes y servicios locales. Gristo mencionó como ejemplos los servicios logísticos y portuarios vinculados con la preparación del pozo exploratorio.
El jerarca señaló que el país deberá prepararse para responder a una eventual expansión de la actividad, tanto desde las instituciones públicas como desde el mercado de proveedores. Un aumento de las inversiones podría incrementar la demanda de servicios marítimos y logísticos, pero requerirá capacidad operativa, coordinación y disponibilidad de recursos especializados.
