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El Gobierno argentino expresó este jueves su rechazo a la denominada “Decisión Final de Inversión” anunciada por la empresa británica Rockhopper Exploration Plc y la compañía israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculada al desarrollo del yacimiento petrolífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte del área marítima adyacente a las Islas Malvinas.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sostuvo que cualquier iniciativa de exploración o explotación de hidrocarburos en esa zona fue adoptada sin la autorización de las autoridades argentinas y la calificó como una acción “unilateral e ilegítima”. Según el Palacio San Martín, este tipo de decisiones vulnera el marco del derecho internacional aplicable a territorios en disputa.
La Cancillería recordó que las Resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes. En ese sentido, subrayó que dichos instrumentos instan a las partes a reanudar negociaciones con el objetivo de alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
En particular, el comunicado oficial destacó que la Resolución 31/49 exhorta a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación del área mientras el proceso de negociación permanezca inconcluso. Desde la óptica argentina, el avance de proyectos hidrocarburíferos en la región constituye un incumplimiento de ese principio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también señaló que estas actividades contravienen la legislación argentina vigente, que establece la obligación de contar con autorización expresa para llevar adelante tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental. En ese marco, recordó que tanto Rockhopper Exploration como Navitas Petroleum ya fueron declaradas empresas clandestinas e inhabilitadas para operar en el territorio argentino por un plazo de 20 años, como consecuencia de iniciativas previas consideradas no autorizadas.
Asimismo, el comunicado advirtió que cualquier actor que participe o facilite este tipo de proyectos —incluidas empresas proveedoras, instituciones financieras, aseguradoras u operadores logísticos— podría quedar sujeto a distintas medidas administrativas, legales y judiciales, entre ellas sanciones económicas y restricciones operativas dentro del país.
En cuanto a los pasos a seguir, la Cancillería afirmó que Argentina profundizará su plan de acción y evaluará la adopción de nuevas medidas, en el marco del derecho internacional, con el objetivo de proteger sus derechos e intereses soberanos. Si bien no se detallaron acciones concretas, el Gobierno reiteró su posición histórica respecto a la cuestión Malvinas y su reclamo por la reanudación del diálogo bilateral con el Reino Unido.
El anuncio está inscripto en un contexto de larga data en el que la explotación de recursos naturales en el área de las Islas Malvinas ha sido motivo de reiterados reclamos diplomáticos por parte de Argentina. Este país sostiene que cualquier actividad económica en la zona debe ser acordada en el marco de la disputa de soberanía reconocida por la ONU.
