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Francisco Cardama SA, el astillero civil español al que el gobierno del Uruguay adjudicó la construcción de dos patrulleros oceánicos OPV (Offshore Patrol Vessel) para la Armada Nacional, se encuentra en una delicada situación financiera con “riesgo de quiebra empresarial alto”. Así se desprende de una auditoría realizada en el mes de agosto de este año por D&B (dun&bradstreet), una firma dedicada a evaluar el riesgo crediticio y la solidez de las empresas europeas, a la que tuvo acceso Portal Marítimo.
El informe, que circula en forma reservada, contiene información clave sobre la empresa consultada, como por ejemplo datos de identificación del negocio y un resumen de toda la información crítica (de riesgo). Fuentes del gobierno, afirmaron a este medio que el procedimiento de adquisición de los buques está ajustado al Tocaf, es decir, a las leyes que regulan la contratación pública y cuenta con los resguardos correspondientes en cuanto a las garantías. “Esto es lo clave, vamos a ajustarnos al Tocaf en cuanto a las condiciones que tiene que tener una empresa para contratar con el Estado así como en cuanto a los resguardos correspondientes a las garantías exigibles”, se expresó a este medio.
El informe de D&B
El informe de 10 carillas de la firma D&B, otorgó al astillero un indicador de “4”, el riesgo más alto en una escala que va de 1 a 4, y que implica “Riesgo Alto de Quiebra Empresarial”. Además, le adjudicó un Puntaje de Quiebra de “2” en una escala que va del 1 (el “Peor”) al 100 (el “Mejor”). Sobre este aspecto, D&B afirmó que “las empresas con este puntaje tienen alta probabilidad de quiebra”.
En relación al Puntaje de Morosidad, D&B le atribuyó “1”, la “Peor” calificación en una escala que va del 1 al 100 (el “Mejor”). El informe, en este sentido, señala que la empresa “está abonando sus facturas con un retraso promedio de 23 días más allá de los términos acordados” lo que resulta, según D&B, en una puntuación de “59” en una escala de Comportamiento de Pago (Paydex) que va del 1 al 100. Además, acumula el último año un total de 14 facturas pendientes de pago por un total de 564.350 Euros. En términos de solidez financiera, D&B le adjudica un “2A”. Este indicador evalúa la productividad financiera de la compañía y está basada en los datos / cifras financieras disponibles.En este caso, la calificación surge del balance al 31 de diciembre de 2011, en el que la empresa figura con un patrimonio neto de 8.457.576,37 euros.
Desde el punto de vista legal, pese a las dificultades, el astillero no tiene registros de acciones legales en su contra tales como procedimientos concursales, acciones de Tribunales Civiles y de Trabajo ni demandas presentadas por la administración de la Seguridad Social, de Autoridades Impositivas y de otras instituciones oficiales.
Factores de evaluación
¿Cuáles son los principales factores que D&B tomó en cuenta para elaborar su evaluación de riesgos sobre el astillero Francisco Cardama SA? El informe identifica seis factores: 1. El ratio de rentabilidad de este negocio es regular. 2. La empresa presenta sus cuentas periódicamente. 3. El nivel de responsabilidad de la empresa es importante. 4. La experiencia pasada de este negocio es inferior al promedio. 5. Las empresas de este sector industrial en España tienen un riesgo estadísticamente alto de quiebra. 6. La empresa cumple con sus compromisos con dificultad. Con respecto al punto 4, en la sesión del 7 de agosto de 2023, en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, el contador Damian Galó, director de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa, afirmó que la mayoría de los astilleros que se presentaron “no han hecho exactamente el mismo buque que nos están ofertando”.
Ocho propuestas
La Armada Nacional recibió ocho propuestas para la adquisición de los dos buques OPV. Éstas fueron: Gondán Shipbuilders; Francisco Cardama S.A.; Construcciones Navales PO. Freire S.A; Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR); Hyundai Heavy Industries; Kership y Damen Shipyards.
Una Comisión Asesora, considerando los aspectos técnicos elevados por la Armada Nacional, así como los económicos y los plazos de entrega, recomendó la propuesta presentada por el astillero Francisco Cadarma S.A. para la construcción de las dos OPV de 87 metros de eslora por 82:270.000 euros.
Finalmente, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, adjudicó la compra directa por excepción a la empresa Francisco Cardama S.A. Fuentes del Poder Ejecutivo del Uruguay puntualizaron a Portal Marítimo que el astillero seleccionado fue la mejor opción.
Apoyo de España
Por otra parte, se advirtió que la operación cuenta con el compromiso del gobierno español de hacer un seguimiento y prestar el apoyo necesario para que ésta llegue a buen fin, como se indicó ante el Parlamento. Otras fuentes consultadas destacaron que la adquisición no revistió observaciones desde el punto de vista legal.
En el mes de agosto, el Tribunal de Cuentas de la República, el máximo organismo fiscalizador y de contralor del uso de fondos públicos en Uruguay, emitió un dictamen de aprobación de la compra de los dos OPV.
El fallo favorable abrió el camino para que el Estado uruguayo contrate los servicios del astillero gallego, previa negociación de los contratos necesarios para la ejecución de la compra. Asimismo, en junio, el gobierno español, en nota dirigida al subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, coronel Rivera Elgue, señaló que el astillero Francisco Cardama SA es “fiable y conocido” y que “con anterioridad ya ha trabajado para el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio del Interior”. En la nota se señala, además, que el gobierno de España “se compromete a hacer seguimiento de esta operación y prestar su apoyo para el buen fin de la misma dentro del ámbito y los límites de sus propias competencias”.
La minuta del Senado de 2014
Uruguay busca desde hace años contar con patrulleras oceánicas que le permitan ejercer la autoridad en el mar y la defensa de sus intereses marítimos en la zona económica exclusiva, la plataforma continental y el área de responsabilidad de salvaguarda de la vida humana en el mar, mediante tareas militares, de seguridad y protección marítima. En 2014, los entonces senadores Luis Lacalle Herrera (Partido Nacional, expresidente de la República en el periodo 1990-1995) y Luis Rosadilla (MPP, Frente Amplio, exministro de Defensa en el periodo 2010-2011), impulsaron una minuta de comunicación del Senado expresándole al Poder Ejecutivo de la época encabezado por José Mujica (2010-2015), la necesidad, en términos nacionales, de contar con patrulleros oceánicos.
