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Las principales gremiales de la pesca industrial uruguaya solicitaron al Poder Ejecutivo suspender la próxima etapa de prospección sísmica offshore, prevista para noviembre, hasta contar con una evaluación científica, técnica y económica independiente sobre los posibles efectos de esta actividad en los recursos pesqueros y en la operativa de la flota nacional.
El planteo fue presentado el 12 de octubre por la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), que dirigieron su solicitud al Poder Ejecutivo y a los ministerios de Ambiente; Industria, Energía y Minería; y Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).
Las cámaras fundamentan su preocupación en los resultados de la primera campaña de prospección sísmica y en la evolución de los desembarques de algunas de las principales especies de interés comercial. Si bien advierten sobre una coincidencia temporal entre los trabajos y la caída de las capturas, reconocen que los datos disponibles no permiten establecer por sí solos una relación causal.
La solicitud plantea que la siguiente etapa no se inicie hasta que se analice la información de la primera temporada y se determinen eventuales impactos sobre la actividad pesquera.
Una campaña de 159.000 disparos
De acuerdo con los datos de la empresa Viridien presentados ante el Ministerio de Ambiente, la primera etapa de adquisición sísmica se desarrolló entre el 7 de marzo y el 23 de abril, durante 48 días, y comprendió 2.653,52 kilómetros de recorridos.
A partir de esa distancia y de los parámetros técnicos de la campaña, las gremiales estimaron que se realizaron aproximadamente 159.000 disparos sísmicos. Durante las horas de adquisición efectiva, las fuentes acústicas se activaron unas 450 veces por hora, aproximadamente una vez cada ocho segundos.
La empresa informó que completó el 53,9% del área principal prevista. Las interrupciones respondieron principalmente a la presencia de fauna marina y a las condiciones meteorológicas.
Para las cámaras, ese resultado obliga a precisar qué superficie quedó pendiente, si será incorporada a la campaña de noviembre y cuánto aumentarán la duración de los trabajos, la cantidad de disparos y la exposición acústica acumulada del ecosistema marino.
La prospección sísmica utiliza pulsos de aire comprimido que se propagan bajo el agua y permiten registrar información sobre las características del subsuelo marino para identificar posibles estructuras con hidrocarburos. La preocupación del sector pesquero se centra en determinar si estas emisiones pueden modificar el comportamiento de los peces, provocar desplazamientos o afectar su disponibilidad en las zonas habituales de captura.
Caída de los desembarques de calamar y merluza
Uno de los principales argumentos presentados por las gremiales es la evolución de los desembarques durante marzo y abril de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.
Según datos de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo citados por las cámaras, los desembarques uruguayos conjuntos de merluza y calamar disminuyeron cerca de 39% durante esos dos meses. En el caso del calamar, la caída alcanzó aproximadamente 85%.
Las organizaciones también señalaron que, al excluir las capturas realizadas en aguas internacionales, los registros preliminares de las empresas indican una reducción cercana al 30% en la captura promedio de merluza por buque en la Zona Común de Pesca, compartida por Uruguay y Argentina.
Las cámaras agregaron que, mientras la disponibilidad de calamar resultó excepcionalmente baja para la flota uruguaya, durante el mismo período se registraron capturas elevadas más al sur, particularmente por parte de embarcaciones argentinas.
Sin embargo, aclararon que esa diferencia geográfica no demuestra por sí misma que exista una relación directa entre la prospección sísmica y la disminución de las capturas. Por ese motivo, reclaman un análisis que permita distinguir los efectos potenciales de la actividad offshore de otros factores ambientales, biológicos y operativos que inciden en la pesca.
Reclaman información pública y evaluación independiente
La propuesta de CIPU y CAPU incluye la participación de la Dinara, instituciones académicas y representantes del sector pesquero en una evaluación científica, técnica y económica independiente.
Las gremiales solicitan que se publique información detallada sobre la cantidad de puntos de disparo, los recorridos realizados, las horas de funcionamiento de las fuentes acústicas y la exposición acumulada durante la campaña.
También proponen estudiar la evolución de las capturas, el esfuerzo pesquero y los desplazamientos de la flota, discriminados por especie, buque y zona de operación, utilizando una línea de base de varios años que permita comparar los resultados y detectar eventuales variaciones.
Otro de los puntos planteados es la revisión del mecanismo de compensación económica vinculado a la actividad, cuyo alcance, según las cámaras, no contempla adecuadamente a todos los buques afectados. En particular, señalaron que las compensaciones no alcanzan a los 33 barcos con licencia B que operan en la costa.
El reclamo se apoya en el principio de precaución contemplado en la Ley 19.175, que regula la conservación, investigación y desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos. Las cámaras sostienen que la evaluación debe permitir determinar los riesgos antes de avanzar con una nueva fase de trabajos.
El control ambiental y la continuidad de los trabajos
La campaña cuenta con una autorización ambiental del Ministerio de Ambiente y medidas específicas de mitigación para reducir los riesgos sobre la fauna marina.
Una inspección realizada por técnicos de esa cartera a bordo de la embarcación entre el 12 y el 14 de marzo concluyó que se habían aplicado adecuadamente los procedimientos establecidos, sin detectar desvíos respecto de las condiciones de la autorización.
Además, entre el 28 de febrero y el 12 de abril se registraron 470 avistamientos y detecciones acústicas de fauna marina. En 213 casos se adoptaron medidas, como apagar las fuentes sonoras o retrasar el incremento gradual del sonido.
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, había señalado que se incrementaron las medidas de protección y las exigencias ambientales para esta actividad.
En ese contexto, el planteo de las cámaras pesqueras abre una discusión sobre la necesidad de complementar los controles ambientales y las medidas de mitigación con estudios específicos sobre los posibles efectos en la pesca comercial.
Las gremiales aclararon que su posición no implica una oposición general a la investigación del subsuelo marino ni al desarrollo de nuevas actividades en el mar. Su pedido apunta a que la continuidad de la prospección se condicione a una evaluación independiente que permita establecer con mayor precisión sus consecuencias ambientales y económicas.
La decisión del Poder Ejecutivo sobre la solicitud será determinante para definir las condiciones en que podrá desarrollarse la siguiente etapa de prospección sísmica prevista para noviembre y para responder a las inquietudes de un sector que reclama mayor información sobre los efectos de esta actividad en sus áreas de operación.
