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Los cargamentos procedentes de Brasil que desde este miércoles entren en territorio estadounidense ya tendrán que pagar unos aranceles del 25%. Es el último tarifazo de la administración de Donald Trump, al que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, de momento, ha respondido con cautela. Cuando la semana pasada se anunció la medida, Brasilia respondió rápidamente con un duro comunicado en el que anunciaba que iba a activar de inmediato los mecanismos de la ley de reciprocidad, que permitiría aplicar esas mismas tarifas a los productos estadounidenses. La sangre, no obstante, no llegó al río. “Ojo por ojo y nos quedaremos ciegos”, decía el martes el vicepresidente Geraldo Alckmin.
La ley de reciprocidad, que los congresistas brasileños aprobaron por unanimidad (una auténtica rareza) el año pasado al calor del primer golpe arancelario de Trump, de momento se queda en un cajón y se espera que funcione más bien como elemento disuasorio, aunque el número dos del Gobierno, conocido por su templanza, no descartó que pueda usarse “en el momento oportuno, de la forma adecuada”.
La respuesta brasileña a esta nueva crisis comercial tiene otros dos pilares: un programa de créditos y ayudas a las empresas más afectadas y la búsqueda activa de mercados alternativos, algo que Brasil ya venía haciendo desde que hace un año Trump impusiera el primer castigo tarifario, del 50%. El plan ‘Brasil soberano’ de Lula abrió una línea de crédito de más de 8.800 millones de dólares que ahora el Gobierno promete continuar y ampliar, aunque aún no hay cifras definitivas.
Primero, el Gobierno quiere entender de qué tamaño será el perjuicio y se está reuniendo poco a poco con los sectores más afectados. En esos primeros encuentros los empresarios están pidiendo calma, evitar la reciprocidad para no entrar en una espiral inflacionaria e insistir en el diálogo, aunque las posibilidades son mínimas.
Sectores preocupados
Los más preocupados son los fabricantes de madera, maquinaria, equipos eléctricos, muebles, productos cerámicos, calzado y azúcar. La buena noticia es que algunas de las principales exportaciones de Brasil a Estados Unidos se salvaron y están en la lista de las más de 2.000 excepciones, como el café, la carne bovina, el petróleo o el zumo de naranja. También quedaron fuera los aviones y sus piezas, algo clave para Embraer, una de las joyas de la corona de la industria brasileña.
Por eso, y porque Brasil ya hace tiempo que vende más a Pekín que a Washington, se espera que el daño económico sea asumible. El Ministerio de Industria y Comercio calcula que se verán afectadas apenas entre el 15% y el 18% del total de las exportaciones a Estados Unidos, el equivalente a unos 7.400 millones de dólares.
En cualquier caso, reina la incertidumbre, porque se espera que el Gobierno Trump anuncie un nuevo arancel del 12,5% relacionado con una investigación que culpa a Brasil y a otros 59 países de no hacer lo suficiente para evitar la exportación de productos supuestamente fabricados con trabajo forzado. Sobre esa posible tasa extra hay muchas dudas: ni los empresarios ni el Gobierno saben si se sumaría a la actual o si se daría por amortizada.
Para el presidente de la Federación de las Cámaras de Comercio Exterior de Brasil, Adair Robert Carneiro, los aranceles no responden a cuestiones técnicas y tienen un carácter puramente político, lo que refuerza la necesidad de actuar con mucho cuidado: “Si tomamos represalias vendrán nuevas decisiones contra los bancos brasileños, eso sería intensificar el enfrentamiento. Caeríamos en la trampa y no sería bueno. Pero tampoco podemos ser pasivos ante este movimiento hostil de las tarifas”, decía en declaraciones a este periódico.
En su opinión, Lula hace bien en mantenerse en un perfil bajo y dejar el tema en manos de sus ministros. También cree que se beneficiará políticamente de la “idiotez inmensa” que cometieron los hijos del expresidente Jair Bolsonaro cuando presionaron a Trump para que castigara a Brasil, pensando que así salvarían a su padre, que acabó igualmente condenado a 27 años de cárcel.
Brasil celebra elecciones en octubre, y una encuesta divulgada estos días por el instituto Quaest apunta que el 51% de los brasileños culpa de los aranceles a Flávio Bolsonaro, principal candidato de la derecha, mientras que apenas el 30% compra su renovada narrativa de defensor de los intereses de Brasil, que incluyó hasta un viaje a Washington para pedir que la Casa Blanca aplazase el tarifazo.
Mientras tanto, Lula mantiene un sorprendente y calculado silencio. Sólo se pronunció públicamente sobre los nuevos aranceles una vez y muy rápidamente. Lo justificó diciendo que sólo hablará después de Trump: “Porque vamos a mostrar que contra Brasil nadie gana mintiendo. O él es más verdadero que nosotros o no va a engañar a la sociedad brasileña”, dijo en un discurso improvisado.
