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La conflictividad en el sistema portuario volvió a ocupar el centro de la agenda empresarial, sindical y gubernamental luego de que el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) extendiera las medidas de paro a todos los puertos del país y a las distintas actividades, en rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de establecer servicios mínimos ante eventuales paralizaciones.
Las cámaras empresariales reclamaron al gobierno una respuesta “urgente y definitiva” frente a una situación que consideran insostenible para la producción, el comercio exterior y la economía nacional. En paralelo, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, calificó de “inaceptable” la conflictividad portuaria y reclamó una mayor intervención del Estado cuando el funcionamiento de los puertos y el interés general se encuentran comprometidos.
Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, defendió la decisión de establecer servicios mínimos y explicó que el objetivo central del gobierno continúa siendo alcanzar un acuerdo entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y sus trabajadores. La jerarca sostuvo que la negociación lleva cuatro meses, que existen avances importantes y que las partes están “a mínimas diferencias” respecto de la situación inicial, aunque permanecen aspectos sensibles que todavía impiden cerrar el convenio colectivo.
El conflicto comenzó en la negociación del convenio entre TCP y el Supra, pero con el transcurso de los meses se extendió a otros sectores de la actividad portuaria. La última medida sindical tiene carácter nacional y alcanza al puerto de Montevideo, incluida la terminal especializada de contenedores, y a otras instalaciones, entre ellas Nueva Palmira.
Las cámaras reclaman certezas
En una declaración conjunta, las cámaras empresariales advirtieron que la situación generada por las interrupciones en los servicios portuarios alcanzó un punto crítico.
Las gremiales señalaron que durante los últimos 16 meses, en 15 de ellos se registró algún tipo de interrupción en el Puerto de Montevideo, con particular impacto en la terminal especializada de contenedores. Según los datos manejados por las cámaras, en lo que va de 2026 se acumularon 44 días con interrupciones, frente a los 35 registrados durante todo 2025.
El impacto, agregaron, alcanza en promedio al 70% de los movimientos de contenedores.
Las organizaciones empresariales sostienen que las consecuencias trascienden a las empresas directamente vinculadas con el puerto. “Lo que pasa por nuestros puertos es trabajo de los uruguayos y consumo de los uruguayos”, afirmaron.
En ese sentido, señalaron que existen reportes de faltantes de insumos para la producción y artículos de consumo, envíos al seguro de paro, incremento de costos e incidencia sobre los precios.
Las cámaras también alertaron sobre el efecto que la incertidumbre puede tener sobre la imagen internacional del país y sobre la confianza de los clientes. A su entender, la interrupción intermitente de la principal conexión de Uruguay con el exterior afecta la conectividad y dificulta el objetivo de consolidar al país como hub logístico regional.
Por esa razón, reclamaron alcanzar un sistema portuario “operativo, estable, previsible y confiable”.
La declaración concluye que la situación “exige una respuesta urgente y definitiva” y plantea que la preservación de la actividad portuaria debe ser entendida como una responsabilidad colectiva porque, según las gremiales, está comprometido el interés general.
Ferber: “Es inaceptable”
El presidente de la ARU, Rafael Ferber, también se refirió al conflicto durante el discurso de cierre de la Expo Prado 2026.
Ferber calificó de “inaceptable” la conflictividad sindical que afecta al Puerto de Montevideo y sostuvo que el recinto portuario no pertenece exclusivamente a las empresas ni a los trabajadores, sino al conjunto del país.
El presidente de la gremial rural consideró que, cuando el interés general está comprometido, el Estado debe ejercer plenamente su autoridad.
En ese contexto, valoró la decisión del Poder Ejecutivo de establecer servicios mínimos durante las medidas sindicales, aunque cuestionó que la resolución haya llegado después de varias semanas de conflicto.
Ferber también sostuvo que la problemática portuaria no puede analizarse exclusivamente desde la perspectiva de una negociación salarial o de un convenio colectivo. A su entender, existen elementos estructurales vinculados al funcionamiento del sistema portuario y a las disputas comerciales que también deben ser considerados.
La posición de la ARU se suma así al reclamo de las cámaras empresariales para que el conflicto no continúe afectando la actividad económica y la competitividad del país.
El gobierno optó por servicios mínimos
La decisión del Poder Ejecutivo de establecer servicios mínimos se convirtió, a su vez, en uno de los puntos centrales de la controversia con el Supra.
La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, explicó que el gobierno evaluó la posibilidad de declarar la esencialidad de la actividad, pero finalmente optó por un mecanismo diferente.
“La esencialidad llega a prohibir la posibilidad de la huelga”, señaló la jerarca, mientras que los servicios mínimos permiten que las medidas gremiales se desarrollen, pero obligan a garantizar determinadas prestaciones básicas.
Según Barrios, esa diferencia es relevante porque, bajo el régimen dispuesto por el gobierno, los trabajadores mantienen el derecho de huelga.
La resolución establece guardias mínimas en la terminal de contenedores y contempla distintas áreas de la operativa portuaria, entre ellas el ingreso y egreso de camiones, la atención de contenedores, la gestión de contenedores vacíos, el mantenimiento y la operativa de las grúas. También se priorizó el movimiento de medicamentos y otras cargas consideradas sensibles.
Barrios explicó que antes de adoptar la resolución el Poder Ejecutivo procuró que empresa y sindicato acordaran directamente cuáles deberían ser las guardias necesarias.
Durante varias jornadas se analizaron las necesidades de personal para las distintas áreas. Hubo coincidencias en algunos sectores, pero no fue posible alcanzar un acuerdo sobre todos los puntos.
“Se dieron todas las oportunidades, se realizaron todos los intentos y se buscó asesoramiento técnico”, sostuvo.
Ante la falta de entendimiento, el gobierno entendió que también tenía responsabilidad en garantizar un funcionamiento mínimo del puerto y resolvió establecer los servicios.
La jerarca descartó, sin embargo, que la decisión constituya un nuevo criterio general para futuras negociaciones colectivas.
“No quiere decir que la primera acción que va a tomar el Poder Ejecutivo en un conflicto sea la esencialidad o los servicios mínimos”, afirmó.
A su entender, cada conflicto debe analizarse en función de sus características y del nivel de sensibilidad de la actividad involucrada.
“No estamos en cero”
Respecto de la negociación entre TCP y el Supra, Barrios sostuvo que el proceso no se encuentra en una situación de estancamiento absoluto.
“La negociación ha avanzado bastante”, afirmó.
La directora nacional de Trabajo explicó que la empresa considera que ya presentó su “última mejor propuesta”, mientras que el sindicato no la aceptó. Esa situación se mantiene prácticamente sin modificaciones desde el 28 de agosto.
Sin embargo, Barrios remarcó que existen cuatro meses de negociaciones y un acumulado de acuerdos parciales que no puede ser ignorado.
“No es que estemos en cero. Estamos en mínimas diferencias en relación con cómo se inició la negociación”, sostuvo.
Al mismo tiempo, reconoció que permanecen “puntos sensibles” que requieren una definición entre las partes.
Según explicó, ya existe un documento y un borrador de convenio colectivo sobre los cuales es posible continuar trabajando.
“En algún momento habrá que poner en valor todo ese trabajo y encontrar el punto de entendimiento”, afirmó.
El MTSS convocó para este martes a una nueva instancia de negociación tripartita, con la participación de la empresa y el sindicato. Barrios señaló que el gobierno mantiene la expectativa de que ese ámbito permita avanzar hacia una solución de fondo.
Gandini: “un día muy complicado”
El director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, Jorge Gandini, advirtió sobre el impacto que la sucesión de medidas gremiales puede tener sobre la reputación internacional del Puerto de Montevideo.
En declaraciones realizadas este lunes, durante el paro nacional de 24 horas convocado por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Gandini calificó la jornada como “un día muy complicado” y señaló que las barreras del acceso norte permanecían bajas debido a la paralización de funcionarios de la ANP.
Según explicó, esa situación impedía el ingreso de camiones y, por lo tanto, afectaba también la operativa de Terminal Cuenca del Plata (TCP), aun cuando allí estuvieran previstos servicios mínimos.
El jerarca sostuvo que la sucesión de conflictos “va generando el mensaje de que Montevideo no es un puerto seguro”. Explicó que las navieras trabajan con ventanas de atraque previamente coordinadas y que una demora en Montevideo puede provocar la pérdida de la ventana prevista en otros puertos de mayor tamaño.
En ese escenario, Gandini señaló que un buque puede optar por continuar su recorrido y que la carga que no es descargada en Montevideo posteriormente debe ser transportada en otro barco, con mayores costos y plazos.
El director de la ANP por la oposición reconoció que resulta difícil cuantificar el perjuicio porque buena parte de los costos son asumidos inicialmente por empresas privadas. Sin embargo, sostuvo que el impacto termina trasladándose al conjunto del país a través de la competitividad.
“Hay un costo difícil de medir que es la reputación del Puerto”, afirmó Gandini, quien agregó que algunas navieras comienzan a considerar la posibilidad de omitir Montevideo.
