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El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) fue notificado formalmente de una audiencia de conciliación promovida por el astillero español Francisco Cardama, en el marco del contrato vigente para la construcción de patrulleros oceánicos destinados a la Armada Nacional. La instancia, fijada para mediados de marzo, constituye un paso procesal habitual previo a una eventual demanda judicial.
Según confirmó al Portal Marítimo una alta fuente del MDN, la notificación fue recibida el pasado 23 de diciembre, cuando una escribana y un abogado del estudio Hughes & Hughes se presentaron en la sede del Ministerio para comunicar formalmente la convocatoria a la audiencia, con fecha 16 de marzo. En esa oportunidad, no se produjo intercambio de argumentos de fondo ni planteos sustantivos por parte del astillero, limitándose el acto a la notificación de la fecha y del carácter de la instancia.
Desde el Ministerio se subraya que la conciliación es una herramienta prevista por la normativa vigente y constituye un requisito procesal en determinados escenarios, pero que su convocatoria no anticipa el curso que eventualmente podría adoptar el conflicto. “Puede tratarse tanto de una instancia genuina de acercamiento como de un paso formal previo a otras vías”, señalaron desde Defensa, remarcando que, por el momento, no existe información oficial sobre la presentación de una demanda concreta.
La audiencia se desarrollará en el ámbito judicial y la modalidad de representación del Estado uruguayo aún no ha sido definida. En ese sentido, desde el MDN indicaron que, dado el tiempo que resta hasta la fecha fijada, es probable que se produzcan novedades relevantes antes de marzo, tanto en el plano contractual como en el administrativo.
El tercer hito y nueva carta de crédito
Uno de los puntos centrales del actual escenario es el cumplimiento del tercer hito de pago del contrato, vinculado a la entrega de los motores principales por parte del proveedor Caterpillar al astillero. Este hito está contemplado en la carta de crédito actualmente vigente y establece como fecha límite mediados de enero.
El paso implica el desembolso del 20 % del valor total correspondiente al primer buque, condicionado a que el constructor certifique la recepción de los motores principales en sus instalaciones. Para ello, el contrato prevé la presentación de una factura comercial y un certificado emitido por la sociedad de clasificación correspondiente.
De acuerdo con la información manejada por el Ministerio de Defensa, existen “fuertes indicios” de que ese hito no se cumpliría dentro de los plazos previstos. Según trascendió en las últimas semanas, Caterpillar no habría enviado los motores. Este hecho impediría al astillero acreditar su recepción y, en consecuencia, habilitar el pago asociado por parte del estado uruguayo.
Caída del contrato
Desde el Ministerio de Defensa, se aclaró a Portal Marítimo, que el eventual incumplimiento de este hito no implica automáticamente la caída del contrato, como se ha sugerido públicamente en algunos ámbitos. “La no entrega de los motores en la fecha prevista constituye un atraso relevante en el cronograma, pero no produce por sí sola la rescisión automática del contrato”, explicó la fuente consultada.
En ese escenario, el pago no se ejecutaría con cargo a la carta de crédito vigente y, de continuar el proceso contractual, debería eventualmente contemplarse en una futura carta de crédito. La actual vence a fines de febrero y el cronograma original preveía la apertura de una nueva a mediados de ese mes. No obstante, desde el MDN se indicó que la intención del gobierno es no continuar liberando fondos mientras persistan las actuales condiciones de incertidumbre.
Avance de obra y certificaciones técnicas
En relación con el estado de la construcción, el Ministerio recibe informes periódicos desde el astillero por parte de dos oficiales de la Armada especialmente acreditados para esa tarea. Si bien no se confirmó una paralización total de la obra, se reconoce que el proceso se encuentra “afectado” por la situación contractual y financiera, y que el ritmo de trabajo podría diferir de lo originalmente previsto.
Uno de los hechos que generó particular atención fue la colocación anticipada de la quilla correspondiente a la segunda embarcación. De acuerdo con el cronograma contractual, ese hito estaba previsto para una etapa posterior del proyecto, una vez alcanzados determinados avances en la construcción del primer patrullero.
Desde el MDN señalaron que este paso resulta “llamativo”, especialmente considerando que existen atrasos relevantes en la primera unidad. La colocación de la quilla recibió la certificación por parte de Lloyd’s Register. Esta sociedad clasificadora actúa como entidad certificadora permanente del proyecto, cuya contratación recomendó oportunamente por la Armada Nacional.
Bureau Veritas
En paralelo, la clasificadora Bureau Veritas realizó una auditoría puntual en el astillero, con el objetivo de evaluar el estado general de la obra y elaborar un informe técnico independiente. Desde Defensa se aclaró que Veritas no está contratada para actuar de forma continua en el proyecto, sino que su intervención se limita a esta revisión específica, que servirá como insumo adicional para la toma de decisiones.
La colocación anticipada de la quilla de la segunda embarcación está asociada a un hito de pago que, según el contrato, corresponde a una etapa posterior. Ese pago no se incluyó en la carta de crédito vigente y el Ministerio lo rechazó por no corresponder al estado contractual actual.
