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Cinco de las principales compañías navieras que operan en el puerto de Montevideo trasladaron al gobierno su “profunda preocupación” por las consecuencias que está generando el conflicto laboral en la terminal especializada de contenedores y advirtieron que la situación ya está afectando la imagen internacional de Uruguay como plataforma logística regional.
La advertencia fue formulada en una carta fechada el 22 de setiembre y dirigida a seis integrantes del Poder Ejecutivo: la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti Silveira; y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.
El documento está firmado por representantes de Maersk Uruguay, CMA CGM Uruguay, Hapag-Lloyd Uruguay, Ocean Network Express (ONE) y Cosco Shipping Lines Uruguay.
Las empresas, en su condición de “usuarios habituales y estratégicos” de la terminal, expresaron su alarma ante un escenario que califican como de “extrema incertidumbre y parálisis” y sostuvieron que las medidas adoptadas en el marco del conflicto laboral están impidiendo garantizar un funcionamiento mínimo efectivo y eficaz de los servicios marítimos de contenedores.
Uno de los datos destacados por las navieras es que, según su relevamiento, en lo que va de 2026 el puerto de Montevideo acumula más de 35 días con afectaciones operativas de diversa índole.
Para las compañías, las interrupciones no constituyen solamente un problema puntual para las empresas que operan en la terminal, sino que tienen consecuencias que se extienden por toda la cadena logística nacional y regional.
Pérdida de previsibilidad
Las navieras señalan que las sucesivas interrupciones provocan “severos perjuicios económicos y comerciales” debido a la detención sorpresiva de las actividades y a la imposibilidad de movilizar las cargas.
A su entender, las demoras prolongadas en Montevideo “quiebran la continuidad y previsibilidad de las operaciones”, afectando a los distintos actores de la cadena portuaria y logística y, en última instancia, a los clientes finales.
El problema adquiere una dimensión mayor cuando las interrupciones impiden que los embarques lleguen a sus destinos en los plazos programados.
Las empresas advierten que esa situación afecta los compromisos asumidos por exportadores, importadores, transportistas terrestres y otros integrantes de la cadena logística nacional y regional que dependen de la terminal especializada.
La consecuencia, según plantean, es la aparición de riesgos de incumplimiento de obligaciones contractuales y la posibilidad de que se generen reclamos y contingencias que se trasladan de un actor a otro dentro de la cadena.
Pero el punto de mayor preocupación para las cinco compañías aparece en el impacto que, según sostienen, la situación está teniendo sobre el posicionamiento de Uruguay en el mapa logístico regional.
Advertencia sobre la reputación internacional
Las navieras plantean que la continuidad de las interrupciones está profundizando la pérdida de operaciones de trasbordo y afirman que ello está provocando un “daño severo” al prestigio internacional de Uruguay.
En particular, sostienen que el país comenzó a ser percibido por operadores globales “como un enclave logístico inseguro, inestable y poco confiable comercialmente”.
La afirmación adquiere especial relevancia para Montevideo, cuyo puerto tiene entre sus principales actividades el movimiento de contenedores destinados tanto al comercio exterior uruguayo como a operaciones de tránsito y trasbordo de cargas con origen o destino en otros países de la región.
Para las compañías, la previsibilidad constituye un componente central en la planificación de los servicios marítimos. La imposibilidad de asegurar las operaciones obliga a las empresas a modificar itinerarios y buscar alternativas fuera del puerto de Montevideo.
La carta señala que, como consecuencia de las interrupciones y de la imposibilidad de prestar los servicios con normalidad durante las medidas de paro, se han producido cancelaciones de buques.
Al mismo tiempo, cada una de las navieras ha debido gestionar, de acuerdo con las características de sus respectivos servicios, alternativas para descargar importaciones en otros puertos de la región.
Las empresas destacan que esas decisiones generan costos imprevistos y complicaciones operativas adicionales.
Cargas que buscan alternativas
El planteo de las navieras pone de manifiesto que el conflicto no queda circunscripto al vínculo entre la empresa concesionaria de la terminal y sus trabajadores.
Cuando una escala no puede realizarse en las condiciones previstas, la planificación debe modificarse y las cargas pueden requerir soluciones alternativas para completar su recorrido.
Para las compañías, esa dinámica tiene efectos sobre importadores, exportadores, transportistas y operadores logísticos, además de afectar los compromisos comerciales asumidos previamente.
La preocupación central radica en que, si esas situaciones se vuelven recurrentes, los operadores internacionales pueden incorporar mayores niveles de incertidumbre al momento de diseñar sus servicios y seleccionar las escalas portuarias.
En ese sentido, la pérdida de trasbordos aparece en la carta como uno de los efectos más relevantes del conflicto.
Las navieras sostienen que existe una “profundización sostenida” de esa pérdida y vinculan directamente ese proceso con el deterioro de la percepción internacional sobre Uruguay como plataforma logística.
Impacto sobre el empleo
Otro de los puntos planteados en la comunicación refiere a las fuentes de trabajo vinculadas con la actividad portuaria y logística.
Las compañías advierten sobre el “riesgo para la continuidad de las fuentes de trabajo” de quienes integran la industria en Uruguay y señalan que el perjuicio trasciende a las empresas directamente involucradas en el conflicto.
En su interpretación, una eventual pérdida sostenida de actividad portuaria repercutiría sobre el conjunto del ecosistema vinculado al comercio exterior.
La carta vincula esta dimensión con la competitividad internacional del país y con la reputación de la principal terminal especializada de contenedores de Uruguay.
Pedido de intervención al gobierno
Frente a este escenario, las cinco navieras solicitan a las autoridades una “mediación activa” que permita alcanzar una solución de fondo y restablecer la previsibilidad de las operaciones.
El objetivo planteado por las compañías es que el puerto de Montevideo vuelva a constituir una opción confiable y segura para los servicios de buques portacontenedores.
Las empresas remarcan además las características estructurales de Uruguay frente a otros países de la región.
“Nuestra escala económica es menor en comparación con los países costeros de la región”, sostienen en la carta, para agregar que el país “no puede permitirse desaprovechar ninguna oportunidad proyectando una imagen inadecuada”.
En ese contexto, destacan el peso de los servicios y la logística como fuentes de ingresos para la economía uruguaya.
La solicitud elevada al Poder Ejecutivo consiste, por tanto, en abordar la situación desde una perspectiva que trascienda el conflicto puntual y contemple sus eventuales consecuencias sobre el funcionamiento del sistema portuario, el comercio exterior y la inserción logística regional de Uruguay.
La carta concluye reclamando que la crisis sea evaluada “con una visión global e integral a nivel país” y solicitando una pronta intervención de las autoridades.
