Contrato con astillero Cardama SA se firma el Día de la Armada

Este domingo arribaban al Uruguay las autoridades del astillero español Francisco Cardama S.A.; contrato se firma el miércoles.
noviembre 12, 2023
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Contrato con astillero en riesgo de quiebra se firma Día de la Armada

El contrato entre el astillero civil español Francisco Cardama SA y el Ministerio de Defensa Nacional del Uruguay para la construcción de dos patrulleras oceánicas OPV (Offshore Patrol Vessel) se firmará este próximo miércoles, Día de la Armada Nacional.

Este domingo 12 de noviembre arribaban al Uruguay las autoridades del astillero con sede en Vigo, que atraviesa una difícil situación financiera. De acuerdo con la información aportada a Portal Marítimo, la Armada uruguaya procuró despejar cualquier tipo de duda respecto a este astillero naval durante el procedimiento de selección de la mejor oferta.

Las preguntas fueron canalizadas a través del subsecretario del Ministerio de Defensa uruguayo, Coronel (de Ejército) Rivera Elgue, a quien acompañó un capitán de navío, integrante del gabinete del comandante en jefe de la Armada, Almirante Jorge Wilson.

La Armada Nacional recibió ocho propuestas para la adquisición de los dos buques OPV. Éstas fueron: Gondán Shipbuilders; Francisco Cardama S.A.; Construcciones Navales PO. Freire S.A; Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR); Hyundai Heavy Industries; Kership y Damen Shipyards.

Una Comisión Asesora, considerando los aspectos técnicos elevados por la Armada Nacional, así como los económicos y los plazos de entrega, recomendó la propuesta presentada por el astillero Francisco Cadarma S.A. para la construcción de las dos OPV de 87 metros de eslora por 82:270.000 euros.

Finalmente, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, adjudicó la compra directa por excepción a la empresa Francisco Cardama S.A. Fuentes del Poder Ejecutivo del Uruguay puntualizaron a Portal Marítimo que el astillero seleccionado es una firma seria y fue la mejor opción.

“Riesgo de quiebra alto”

No obstante, el astillero vigués se encuentra en una delicada situación financiera con “riesgo de quiebra empresarial alto”, según una auditoría realizada en el mes de agosto por D&B (dun&bradstreet), una firma dedicada a evaluar el riesgo crediticio y la solidez de las empresas europeas, a la que tuvo acceso Portal Marítimo.

El informe revela información clave sobre la empresa consultada, como por ejemplo datos de identificación del negocio y un resumen de toda la información crítica (de riesgo). Fuentes del gobierno, afirmaron a este medio que el procedimiento de adquisición de los buques contó con todas las garantías y está ajustado al Tocaf, es decir, a las leyes que regulan la contratación pública. “Esto es lo clave, vamos a ajustarnos al Tocaf en cuanto a las condiciones que tiene que tener una empresa para contratar con el Estado así como en cuanto a los resguardos correspondientes a las garantías exigibles”, se indicó a este medio.

El informe de D&B

El informe de 10 carillas de la firma D&B, otorgó al astillero un indicador de “4”, el riesgo más alto en una escala que va de 1 a 4, y que implica “Riesgo Alto de Quiebra Empresarial”. Además, le adjudicó un Puntaje de Quiebra de “2” en una escala que va del 1 (el “Peor”) al 100 (el “Mejor”). Sobre este aspecto, D&B afirmó que “las empresas con este puntaje tienen alta probabilidad de quiebra”.

En relación al Puntaje de Morosidad, D&B le atribuyó un “1”, la “Peor” calificación en una escala que va del 1 al 100 (el “Mejor”). El informe, en este sentido, señala que la empresa “está abonando sus facturas con un retraso promedio de 23 días más allá de los términos acordados” lo que resulta, según D&B, en una puntuación de “59” en una escala de Comportamiento de Pago (Paydex) que va del 1 al 100. Además, acumula el último año un total de 14 facturas pendientes de pago por un total de 564.350 Euros. En términos de solidez financiera, D&B le adjudica un “2A”. Este indicador evalúa la productividad financiera de la compañía y está basada en los datos / cifras financieras disponibles.En este caso, la calificación surge del balance al 31 de diciembre de 2011, en el que la empresa figura con un patrimonio neto de 8.457.576,37 euros.

Desde el punto de vista legal, pese a las dificultades, el astillero no tiene registros de acciones legales en su contra tales como procedimientos concursales, acciones de Tribunales Civiles y de Trabajo ni demandas presentadas por la administración de la Seguridad Social, de Autoridades Impositivas y de otras instituciones oficiales.

Apoyo de España

Por otra parte, se advirtió que la operación cuenta con el compromiso del gobierno español de hacer un seguimiento y prestar el apoyo necesario para que ésta llegue a buen fin, como se indicó ante el Parlamento. Otras fuentes consultadas destacaron que la adquisición no revistió observaciones desde el punto de vista legal.

En el mes de agosto, el Tribunal de Cuentas de la República, el máximo organismo fiscalizador y de contralor del uso de fondos públicos en Uruguay, emitió un dictamen de aprobación de la compra de los dos OPV.

El fallo favorable abrió el camino para que el Estado uruguayo contrate los servicios del astillero gallego, previa negociación de los contratos necesarios para la ejecución de la compra. Asimismo, en junio, el gobierno español, en nota dirigida al subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, coronel Rivera Elgue, señaló que el astillero Francisco Cardama SA es “fiable y conocido” y que “con anterioridad ya ha trabajado para el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio del Interior”. En la nota se señala, además, que el gobierno de España “se compromete a hacer seguimiento de esta operación y prestar su apoyo para el buen fin de la misma dentro del ámbito y los límites de sus propias competencias”.

La minuta del Senado de 2014

Uruguay busca desde hace años contar con patrulleras oceánicas que le permitan ejercer la autoridad en el mar y la defensa de sus intereses marítimos en la zona económica exclusiva, la plataforma continental y el área de responsabilidad de salvaguarda de la vida humana en el mar, mediante tareas militares, de seguridad y protección marítima. En 2014, los entonces senadores Luis Lacalle Herrera (Partido Nacional, expresidente de la República en el periodo 1990-1995) y Luis Rosadilla (MPP, Frente Amplio, exministro de Defensa en el periodo 2010-2011), impulsaron una minuta de comunicación del Senado expresándole al Poder Ejecutivo de la época encabezado por José Mujica (2010-2015), la necesidad, en términos nacionales, de contar con patrulleros oceánicos.

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