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El Consejo de Ministros de España aprobó, a propuesta del Ministerio de Transportes de ese país, el Proyecto de Ley que crea la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, para esclarecer sus causas y evitar su recurrencia.
Se remitirá a las Cortes Generales para su tramitación y aprobación como Ley, y posteriormente, tramitar la aprobación de su Estatuto orgánico para su puesta en funcionamiento.
El gobierno de España validó este mismo texto legal el 14 de marzo de 2023, publicándose después el Proyecto de Ley en el Boletín Oficial de las Cortes Generales e iniciándose la tramitación parlamentaria. No obstante, ésta finalizó al disolverse el Parlamento por la convocatoria de elecciones generales.
La Autoridad ejercerá las funciones que actualmente desarrollan tres Comisiones para la investigación de accidentes e incidentes, adscritas a Transportes: la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la Comisión Permanente de Investigación de accidentes e incidentes marítimos y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación civil.
El objetivo es reforzar la independencia del organismo de investigación, que obtendrá sus ingresos a través de la participación en la recaudación de la tasa de seguridad aérea, la tasa de prestación de servicios y realización de actividades en materia de seguridad ferroviaria, y la tasa de ayudas a la navegación.
El Consejo será el máximo órgano de gobierno y estará formado por un presidente y seis consejeros, siendo dos expertos en el sector marítimo, dos en el aéreo y otros dos en el ferroviario. El mandato de los miembros del Consejo será de seis años, sin posibilidad de reelección, renovándose parcialmente cada tres años.
Régimen de la investigación técnica
La finalidad de la investigación técnica de los accidentes e incidentes es esclarecer sus causas. El Proyecto de Ley regula los accidentes e incidentes que debe investigar la Autoridad. Pero además, el procedimiento de investigación técnica, el régimen de la información de la investigación y las relaciones con otras instituciones.
El régimen jurídico establece parte de los principios de transparencia y participación de los interesados, sin perjuicio de la existencia de información reservada que debe protegerse. En este sentido, se incluye un régimen de información específico para las víctimas, familiares y asociaciones de víctimas.
Además, se ha incorporado el principio de cultura justa en el marco de la investigación técnica de accidentes e incidentes en los modos de transporte, favoreciendo la protección de la información reservada y el respeto a los derechos de las personas que participen en la investigación.
Se determina también qué información tiene el carácter de reservado, quedando obligada a dicha reserva cualquier persona que acceda a la información, bien por formar parte de la investigación, bien por tener relación con ella.
