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Argentina no justificó el peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná y la controversia se aproxima a una definición por vía de un arbitraje internacional. Esa es la conclusión a la que arribaron Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay tras ocho meses de negociaciones. Estos cuatro países coinciden en que la documentación presentada por la delegación argentina no justifica el cobro de una tasa retributiva en línea con el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre transporte fluvial. El acuerdo por la hidrovía Paraguay-Paraná otorga libertad de navegación e igualdad de tratamiento en todas las operaciones reguladas para los países signatarios.
En el comunicado se traslada también la opinión de las empresas representadas por la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP) y cámaras de la industria argentina que reforzaron la posición de los cuatro países.
Argentina se escuda en la mejora en servicios de señalización, cambio de trazas constantes y un sistema de identificación que permite conocer en tiempo real el posicionamiento de las embarcaciones y de la navegación nocturna.
La cuestión, tras ocho meses de discusión, pasará ahora al Comité Intergubernamental de la Hidrovía que atenderá la controversia. Este Comité es el órgano político que interviene en el funcionamiento del Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía, firmado en 1992 por los cinco países.
Arbitraje internacional
Otros colectivos como el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay han manifestado que Paraguay acudirá al arbitraje internacional si no se deroga la medida.
El conflicto
Argentina cobra a las embarcaciones que usan el tramo de hidrovía Paraguay-Paraná a pesar de la denuncia de decisión unilateral argumentada por el resto de los países. La posibilidad del arbitraje internacional sobrevuela este conflicto, mientras Argentina envía las facturas por peaje y las empresas interponen recursos para pedir cautelares ante la Justicia argentina evitando los cobros.
El acuerdo de Santa Cruz de la Sierra otorga libertad de navegación e igualdad de tratamiento en todas las operaciones reguladas para los países signatarios. El cobro exigido por Argentina a las embarcaciones internacionales es de 1,47US$, mientras que factura a las compañías argentinas la misma cantidad, pero en pesos argentinos.
Argentina argumenta que no se trata de una decisión caprichosa, sino que está apoyada en “estudios en distintas áreas para su implementación”, alegando la inversión hecha en el mantenimiento por el Gobierno argentino.
