Portalmaritimo.com.uy
Luego de un primer intento frustrado, el gobierno argentino puso en manos privadas la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, un corredor clave para las exportaciones de Mercosur. Este jueves a última hora confirmó que la concesión fue adjudicada a la multinacional belga Jan De Nul, que estará a cargo por 25 años de esta vía por la que salen buques de carga de cinco países sudamericanos hacia el Atlántico.
Según informó el Ministerio de Economía argentino en un comunicado, se resolvió otorgar la concesión a Jan de Nul y su socia argentina Servimagnus por haber presentado la mejor oferta en el proceso de licitación, en el que también participó la belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME). La medida fue oficializada este viernes con la Resolución 36/2026 publicada en el Boletín Oficial, que da por cerrada la mayor licitación del Gobierno de Javier Milei.
“La firma del contrato, prevista para dentro de un máximo de 30 días, activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos”, aseguró el comunicado, y agregó que “servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate del narcotráfico”.
La hidrovía es el cauce de salida al Atlántico del 80% de las exportaciones argentinas —principalmente granos y derivados— y de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Se estima que el nuevo operador obtendrá una facturación anual promedio de 628,2 millones de dólares que, proyectada al término de la concesión, ascendería a 15.707 millones de dólares.
La concesión contempla la operación, el cobro de peaje, el mantenimiento, la señalización y las tareas de dragado de la hidrovía desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en su confluencia con el río Paraguay, hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata. Además, compromete trabajos de inversión en tecnología que buscan garantizar una mayor velocidad de navegación.
Jan de Nul no es un actor nuevo. Los 1.400 kilómetros de hidrovía bajo jurisdicción argentina fueron administrados durante 25 años por un consorcio privado conformado por la empresa belga y la argentina Emepa. Cuando caducó el contrato, en 2021, el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) devolvió su manejo a manos estatales. Sin embargo, Jan de Nul continuó al frente de las operaciones, subcontratada por el Estado. Emepa, por su parte, quedó salpicada por la causa Cuadernos, en el marco de la cual se conoció que el dueño de la compañía, Gabriel Romero, habría pagado sobornos para obtener una extensión de la concesión en 2010.
Ya con Milei a cargo, el Gobierno intentó ponerla nuevamente en manos privadas y en noviembre de 2024 lanzó un proceso de licitación, que quedó envuelto en una polémica después de que un consorcio de empresas estadounidenses que respaldaban a DEME enviara una carta a la Casa Blanca y al Gobierno argentino advirtiendo de falta de transparencia en la licitación y un supuesto “sesgo” a favor de Jan De Nul.
A eso se sumó una carta que el republicano Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, envió en abril al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que le advirtió de supuestos vínculos de Jan De Nul con entidades estatales chinas. Jan De Nul aseguró en ese entonces que, de obtener la concesión por peaje de la hidrovía, no habría participación de empresas chinas ni “injerencia estatal externa” y que incorporaría “soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales”, dando prioridad a las provenientes de los Estados Unidos.
Este es el segundo proceso de licitación para la concesión de la hidrovía que ha llevado adelante el Gobierno de Milei, después de que el primero fuera declarado nulo en febrero de 2025 ante la presentación de una sola oferta, la de DEME, a la que el Ejecutivo acusó en ese momento de intentar sabotear el proceso.
Entre los cambios más importantes respecto del pliego de la licitación anterior, se rebajaron notablemente los plazos de concesión (de 30 años, con posibilidad de prórroga de otros 30 a 25 años con posibilidad de 5 más) y se redujeron los precios de referencia de 4,5 a 3,8 dólares por tonelada de registro neto (TRN). También se logró mayor profundidad en las obras a realizarse y se incorporó a la provincia argentina de Entre Ríos a la traza.
