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El gobierno uruguayo mantiene cautela ante el anuncio realizado por Estados Unidos sobre un eventual aumento de aranceles a las importaciones provenientes de Uruguay y otros países, mientras aguarda una comunicación oficial que confirme la medida y detalle los argumentos que la sustentan.
El canciller Mario Lubetkin aseguró este viernes que las autoridades nacionales todavía no han recibido una notificación formal por parte de Washington, pese a que Uruguay figura entre las economías que podrían enfrentar un incremento de los gravámenes de ingreso al mercado estadounidense.
“Primero tenemos que saber si efectivamente eso va a acontecer, porque tenemos que tener una comunicación formal. En segundo lugar, tenemos que entender por qué, ya que ni ustedes ni nosotros hemos leído la razón de eso”, señaló Lubetkin durante una rueda de prensa realizada en el marco del Foro Uruguay–Unión Europea celebrado en Carrasco.
La preocupación surgió luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyera una investigación sobre las políticas de importación de 60 economías y determinara que varias de ellas no cuentan con mecanismos suficientes para impedir el ingreso de productos provenientes de cadenas de suministro vinculadas al trabajo forzoso.
Como consecuencia, el organismo propuso aplicar aranceles diferenciados de 10% y 12,5% a las importaciones originarias de esos países. Uruguay quedó incluido dentro del grupo de 46 economías que enfrentarían el gravamen más elevado, junto a mercados de gran relevancia internacional como Brasil, Chile, China, India, Japón y la Unión Europea.
Según la documentación difundida por la USTR, la observación sobre Uruguay no refiere a la utilización de trabajo forzoso en su producción nacional, sino a la ausencia de una normativa específica que prohíba el ingreso al país de bienes elaborados mediante ese tipo de prácticas en terceros mercados.
El organismo estadounidense sostuvo que los actos, políticas y prácticas vinculados a la falta de imposición y aplicación efectiva de restricciones a productos elaborados con trabajo forzoso “son irrazonables y perjudican o restringen el comercio de Estados Unidos”.
Evaluación del impacto
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas se analiza con atención el alcance de la medida y sus posibles efectos sobre el comercio bilateral.
Lubetkin recordó que la eventual sanción alcanza a un amplio grupo de países y remarcó la necesidad de conocer los detalles antes de adoptar una posición oficial.
“Entre los 54 países teóricamente sancionados están desde Chile hasta Corea del Sur, Israel, Australia y Japón. Hay que recibir la comunicación oficial y después evaluar”, sostuvo.
Por su parte, fuentes del equipo económico consideran que este tipo de exigencias vinculadas a la trazabilidad de las cadenas de suministro y al combate del trabajo forzoso constituyen una tendencia creciente dentro del comercio internacional y que probablemente formen parte de los nuevos requisitos que deberán cumplir los exportadores en distintos mercados.
En ese sentido, Uruguay buscará demostrar que cuenta con mecanismos institucionales y controles adecuados para asegurar el cumplimiento de estándares laborales internacionales.
Preocupación política
Las repercusiones no tardaron en llegar al ámbito político. El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, cuestionó públicamente la iniciativa estadounidense y calificó la medida como una sanción unilateral.
A través de sus redes sociales, el legislador señaló que Estados Unidos pretende aplicar una “doble sanción” a Uruguay al incluirlo en una lista de países observados por la cuestión del trabajo forzoso y, simultáneamente, elevar los aranceles para sus exportaciones.
Mientras tanto, la decisión aún no se encuentra firme. La USTR abrió un período de consultas públicas y audiencias entre el 6 y el 7 de julio, instancia en la que gobiernos, empresas y organizaciones podrán presentar observaciones antes de que se adopte una resolución definitiva.
No obstante, diversas fuentes vinculadas al proceso consideran altamente probable que la medida quede confirmada antes del 24 de julio.
Un desafío para el comercio exterior
Para Uruguay, el mercado estadounidense constituye uno de los destinos relevantes para diversos productos agroindustriales, manufacturas y bienes de exportación, por lo que cualquier modificación arancelaria es seguida con atención por el sector exportador.
La eventual aplicación de un arancel del 12,5% podría introducir nuevas exigencias para las empresas que operan con Estados Unidos y reforzar la importancia de los sistemas de trazabilidad y certificación de origen dentro de las cadenas globales de suministro.
Mientras espera la comunicación oficial de Washington, el gobierno uruguayo procura obtener mayores precisiones sobre los fundamentos técnicos de la medida y evaluar los instrumentos diplomáticos y comerciales disponibles para defender la posición del país ante uno de sus principales socios comerciales fuera de la región.
