Portalmaritimo.com.uy
La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación por un plazo de un año. La provincia rechazó los fundamentos oficiales, defendió la gestión de la terminal y advirtió sobre posibles motivaciones geopolíticas detrás de la decisión.
El Gobierno a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), resolvió intervenir el puerto de Ushuaia. La terminal es la más austral del país y uno de los nodos logísticos estratégicos del Atlántico Sur. La decisión profundizó las tensiones políticas entre la Casa Rosada y la provincia de Tierra del Fuego. La medida implica que el Ejecutivo asumirá el control de la administración y de los ingresos durante un período inicial de un año.
La intervención se fundamentó oficialmente en presuntas irregularidades financieras, denuncias de vaciamiento por parte de trabajadores y deficiencias en la infraestructura portuaria. Según informó la ANPyN, las autoridades provinciales no habrían dado respuestas satisfactorias a inspecciones realizadas con anterioridad, lo que motivó la decisión administrativa.
Uno de los ejes centrales del planteo del organismo nacional fue el supuesto desvío de recursos. El titular de la Agencia, Iñaki Arreseygor, aseguró que un 30% de los ingresos del puerto se habrían utilizado para cubrir gastos de la provincia. Esto implica contravenir la normativa vigente, que establece que los fondos deben reinvertirse exclusivamente en la terminal. De acuerdo con esa auditoría, el monto observado rondaría los 6.000 millones de pesos sobre un total de 20.000 millones ingresados.
Desde el Gobierno de Tierra del Fuego, la respuesta fue inmediata y contundente. En un comunicado oficial, la administración provincial sostuvo que “no hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención del puerto”. Agregó que el propio acto administrativo presenta contradicciones internas, al disponer primero la inhabilitación de la terminal para luego dejarla sin efecto en artículos posteriores.
El comunicado destacó además que el puerto de Ushuaia “crece y funciona con total normalidad”. Según datos oficiales provinciales, en las últimas temporadas la terminal registró más de 525 recaladas. Esto incluye cruceros de gran porte y buques de distinto tipo. En las últimas semanas, se alcanzó un récord de arribos. Un total de 16 embarcaciones internacionales se atendieron en menos de 24 horas y más de 30 en una semana. Esto implicó el paso de más de 30.000 pasajeros y tripulantes.
La gobernación también enumeró obras de infraestructura realizadas en los últimos años. Por ejemplo, la extensión de 104 metros del muelle, que permitió duplicar la capacidad operativa simultánea. Rechazó las acusaciones sobre deficiencias estructurales y afirmó que el puerto cumple con estándares de seguridad, calidad y servicios reconocidos por operadores internacionales.
«Narrativas preocupantes»
Otro de los puntos señalados por la provincia es que la Legislatura fueguina aprobó por unanimidad la Ley Provincial N.º 1596, que habilita la utilización del superávit portuario para fortalecer la obra social estatal. Aunque esa norma la vetó parcialmente el Ejecutivo provincial, desde el Gobierno local remarcaron que, en los hechos, no se efectivizó ningún traspaso de fondos desde el puerto hacia la obra social.
Más allá del aspecto administrativo, el comunicado provincial introdujo un elemento político de mayor alcance al advertir sobre “narrativas preocupantes” vinculadas a posibles intencionalidades geopolíticas o económicas detrás de la intervención. “Se desconocen las razones e intenciones del Gobierno nacional para avanzar en esta medida”, señala el texto, que también cuestiona la falta de informes técnicos detallados por parte de los interventores.
El gobernador Gustavo Melella, dirigente del partido Forja y aliado del peronismo a nivel nacional, afirmó que no comparte ni la medida ni sus fundamentos y sostuvo que la intervención constituye un “avasallamiento” a la autonomía provincial garantizada por la Constitución. La provincia anunció además que, mientras mantiene instancias de diálogo con autoridades nacionales, avanzará en paralelo con un reclamo judicial.
El puerto de Ushuaia ocupa un lugar clave en la conectividad marítima del sur argentino. Ubicado a unos 3.000 kilómetros de Buenos Aires, funciona como principal puerta de entrada a la Antártida y como base logística para actividades científicas, turísticas, pesqueras y militares. En las dos últimas temporadas, recibió más de 1.300 buques de distintos tipos y movilizó cerca de 200.000 pasajeros y más de 120.000 tripulantes.
En ese contexto, sectores de la oposición nacional interpretaron la intervención como parte de una estrategia más amplia vinculada al alineamiento internacional del presidente Javier Milei con Estados Unidos. Dirigentes políticos advirtieron que la decisión debe analizarse en relación con el creciente interés estadounidense en la región austral y en el acceso a la Antártida.
En abril de 2024, Milei visitó Ushuaia junto a la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. En la oportunidad, anunció que la base naval en construcción se convertiría en un proyecto compartido entre ambos países. Desde entonces, altos mandos estadounidenses visitaron Argentina en varias oportunidades, y el Gobierno nacional autorizó por decreto el ingreso de tropas de ese país para actividades en Ushuaia y otras zonas estratégicas.
La reciente llegada a la ciudad fueguina de un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con una delegación bipartidaria del Congreso norteamericano, volvió a generar inquietud política y social en la provincia. El aterrizaje, que no contó con comunicación pública previa por parte del Gobierno nacional, coincidió temporalmente con la intervención del puerto y alimentó especulaciones sobre eventuales acuerdos bilaterales vinculados al control de infraestructuras estratégicas.
Mientras tanto, el conflicto entre Nación y provincia permanece abierto. La intervención del puerto de Ushuaia no solo plantea un debate sobre la administración de recursos y competencias institucionales, sino que también pone en el centro de la escena el rol estratégico del extremo sur argentino en un escenario internacional marcado por disputas geopolíticas crecientes.
