El Ministerio de Defensa del Uruguay analiza la documentación presentada la semana pasada por el astillero español Francisco Cardama SA requerida para perfeccionar el contrato y poner en marcha la construcción de las dos patrulleras oceánicas -Offshore Patrol Vessel- (OPV).
El objetivo del gobierno uruguayo es responder “dentro de esta misma semana” respecto a si la misma “cumple o no cumple” con lo exigido para pasar a la siguiente etapa. Así lo informaron a Portal Marítimo fuentes oficiales que además consignaron que el análisis de la documentación se encuentra en un estado muy avanzado: “la evaluación ya se completó en un 70 a 75% al día lunes 11 de marzo”. El Ministerio de Defensa cuenta en este caso con el asesoramiento del reconocido bufete Delpiazzo Abogados.
Segunda prórroga
Cardama SA presentó la semana pasada la documentación relativa a las garantías, avales y reaseguros que son exigidos para liberar el primer anticipo de dinero por parte de Uruguay. Lo hizo dentro de la segunda prórroga de diez días que le habían concedido las autoridades uruguayas.
El contrato entre el astillero y el Estado uruguayo se firmó el 15 de diciembre pasado en Montevideo (Uruguay) por un valor de 82.372.000 euros.
A los 45 días, Cardama debía presentar la factura comercial aprobada por el comprador, y constituir dos garantías: una por el fiel cumplimiento por un importe del 5 % del total y otra por el reembolso del 10% a del total del precio de uno de los dos buques.
Sin embargo, el 25 de enero, a pocos días del vencimiento del plazo, el astillero remitió al Ministerio de Defensa del Uruguay una nota -vía correo electrónico- fechada en la ciudad de Vigo, donde se encuentra el astillero, en la que explicó las razones por las cuales no le sería posible cumplir y que, por tanto, solicitaba 30 días más de plazo.
El gobierno aceptó extender el plazo con lo cual la nueva fecha de vencimiento pasó a ser el viernes 1° de marzo corriéndose también al 15 de marzo la entrada en vigor del contrato.
El jueves 29 de febrero, un día antes del 1°, un emisario de Cardama llegó al Uruguay en vuelo de Iberia procedente de Madrid para solicitar personalmente al gobierno una segunda prórroga.
El enviado retornó a su país el sábado 2 de marzo con una respuesta favorable por “diez días corridos” que vencían el lunes 11 de marzo. Cardama finalmente presentó la documentación la semana pasada dentro de las siguientes 48 horas.
Ni BSE ni Pymar
Sobre las garantías, Cardama había comunicado a fines de enero que había iniciado gestiones ante el Banco de Seguros del Estado del Uruguay y ante Pymar SA (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), un fondo de garantías navales español.
No obstante, según se informó a Portal Marítimo, los avales al astillero español en esta operación provendrían de otras aseguradoras y entidades bancarias internacionales.
Monto y plazos de entrega
El contrato firmado entre el Ministerio de Defensa y Cardama SA establece la compra de ambos buques por un valor de 82.372.000 euros y el plazo de entrega de 18 meses para el primero y 12 meses después el segundo, a partir de la entrada en vigor del mismo, una vez cumplidos los requisitos por ambas partes en un plazo perentorio.
El contrato estipula a su vez un mecanismo preciso de pagos sucesivos mediante cuotas ajustables por el dato de inflación subyacente del Reino de España promedio de los últimos seis meses a la fecha de cada factura, hasta un máximo de un 5%, de acuerdo con el Índice del Instituto Nacional de Estadística de dicho país. Los pagos tienen, a su vez, plazos a cumplir para cada uno de los buques que se describen en el artículo 11 del contrato.
De acuerdo con estos desembolsos, se llegaría a completar el 100% del valor con el acta de entrega y aceptación de los buques en Vigo, paso posterior a la etapa fundamental de la prueba de mar que en cada caso incluye la navegabilidad del buque y el funcionamiento de todos los sistemas.
Los pagos sucesivos deben contar con el aval de una sociedad de clasificación, según el cronograma de estipulado. La sociedad de clasificación seleccionada por la Armada Nacional es Lloyd’s Register, creada en 1834, cuya contratación corre por cuenta del astillero español.