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El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó para este viernes a las 10:00 horas a un Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva —el segundo en lo que va del año— tras su regreso de la gira oficial por China. Finalizado el encuentro, el mandatario ofrecerá una conferencia de prensa en la que anunciará formalmente la rescisión del contrato firmado con el astillero español Francisco Cardama S.A. para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV) destinados a la Armada Nacional.
La decisión marca un punto de inflexión en un proceso que se arrastra desde octubre pasado y que ha tenido implicancias técnicas, administrativas y jurídicas de alto impacto para la política de defensa marítima del país. Según confirmaron fuentes oficiales, el Poder Ejecutivo resolvió no renovar la carta de crédito vinculada al contrato, lo que en los hechos supone el paso definitivo hacia la finalización del vínculo contractual.
Un proceso que comenzó en octubre
El pasado 22 de octubre, el propio Orsi había anunciado la presentación de una demanda contra la empresa constructora y el inicio de las gestiones para dejar sin efecto el acuerdo, tras señalar la existencia de “fuertes indicios” de posibles irregularidades en una inversión estimada en 92 millones de dólares.
Desde entonces, el Ministerio de Defensa Nacional impulsó una serie de actuaciones técnicas y administrativas orientadas a evaluar el grado de cumplimiento contractual. De acuerdo con la evaluación oficial, el expediente fue acumulando observaciones que, en conjunto, terminaron por debilitar la confianza institucional en la continuidad del proyecto bajo las condiciones originalmente pactadas.
La fecha elegida para el anuncio no es casual. Conforme a lo establecido en el contrato, el Estado uruguayo debía emitir una nueva carta de crédito antes del 15 de febrero —que este año cae domingo— dado que la vigente expira el 28 de febrero. La decisión de no abrir un nuevo instrumento financiero constituye una señal inequívoca de que el Ejecutivo considera agotada la instancia contractual.
Garantías bajo revisión
Uno de los puntos centrales en la evaluación estatal fue el análisis de las garantías exigidas en el contrato. A comienzos de enero, el Ministerio de Defensa notificó formalmente al astillero sobre presuntos incumplimientos, especialmente en relación con la garantía de fiel cumplimiento, considerada un elemento esencial en contratos de esta magnitud.
Tras otorgarse vista a la empresa para la presentación de descargos, las autoridades entendieron que los argumentos presentados no modificaban sustancialmente las observaciones iniciales.
Asimismo, se revisó la garantía de reembolso —por aproximadamente ocho millones de euros— cuyo instrumento presentado fue cuestionado por no constituir, según la interpretación oficial, una póliza plenamente ejecutable, sino un documento preliminar de condiciones. Este aspecto generó nuevas dudas respecto al grado de respaldo financiero efectivo del contrato.
Desde el Ministerio señalaron que la acumulación de estos elementos técnicos y jurídicos terminó por erosionar la viabilidad del vínculo.
El informe técnico de Bureau Veritas
Otro componente determinante en la evaluación fue el informe independiente encargado a la clasificadora internacional Bureau Veritas, firma reconocida en el ámbito marítimo por sus certificaciones técnicas.
La inspección solicitada por Uruguay tuvo como objetivo verificar el estado de avance de la construcción de los buques y el cumplimiento de las normas técnicas y de bandera previstas en el contrato.
Según indicaron fuentes oficiales, el informe no describe una paralización total ni un colapso estructural del proyecto desde el punto de vista constructivo. Sin embargo, sí identifica inconsistencias relevantes y apartamientos respecto a determinados estándares normativos.
Desde el Ejecutivo se enfatiza que se trata de un documento técnico y no político. “No es una evaluación categórica en blanco o negro”, señalaron fuentes consultadas. “Pero tampoco valida que el proceso se esté desarrollando bajo condiciones plenamente ajustadas a lo pactado”.
Cardama contó con un plazo de diez días para formular observaciones al informe, instancia que fue cumplida. No obstante, desde Defensa indicaron que los descargos no alteraron la conclusión general.
Estado de la obra y situación de proveedores
De acuerdo con los reportes de los inspectores uruguayos en España, la construcción no estaría completamente detenida, aunque sí habría reducido su ritmo. La estructura del primer buque continúa en fase de armado, pero persisten incertidumbres respecto a componentes críticos.
Uno de los puntos más sensibles refiere al suministro de los motores principales. La empresa Caterpillar, proveedor previsto, no habría despachado los equipos ante una modalidad de pago basada en una cesión de crédito futura, dependiente del cobro de Cardama al Estado uruguayo.
Desde el Ministerio se considera que, en un contrato de esta envergadura, es razonable que un proveedor internacional exija garantías firmes antes de entregar equipamiento de alto valor estratégico.
Más allá de este caso, no se registran hasta el momento retiros formales de otros proveedores ni comunicaciones públicas de ruptura de vínculos comerciales.
Un escenario jurídico y logístico complejo
La rescisión contractual no implica el cierre del conflicto, sino el inicio de una nueva etapa. Contractualmente, todo lo construido pertenece al Estado uruguayo, lo que abre interrogantes sobre la recuperación material de la obra, su eventual traslado o la posibilidad de continuar el proyecto bajo otra modalidad contractual.
Estas alternativas presentan desafíos técnicos, financieros y logísticos significativos. A ello se suma la eventualidad de un litigio internacional. Si bien en el Ejecutivo sostienen que la decisión se encuentra jurídicamente respaldada, reconocen que podría derivar en un proceso arbitral o judicial.
El impacto también alcanza a la planificación estratégica de la Armada Nacional. Los patrulleros oceánicos son considerados piezas clave para el control del mar territorial, la vigilancia de la zona económica exclusiva, la lucha contra la pesca ilegal y la protección de los recursos naturales.
Desde el gobierno insisten en que la prioridad es resguardar los fondos públicos y asegurar que cualquier inversión en capacidades navales se realice bajo estándares de transparencia y seguridad jurídica.
Investigación administrativa en fase final
En paralelo al frente contractual, el Ministerio de Defensa avanza en una investigación administrativa vinculada al proceso de adjudicación y seguimiento del contrato.
El procedimiento se encuentra en etapa final. Ya se produjo el informe del instructor designado y el correspondiente análisis jurídico interno. Resta completar una instancia formal antes de dictar resolución.
Según trascendió públicamente, el informe sugiere la eventual instrucción de un sumario a un ex jerarca del Ministerio de Defensa del gobierno anterior por su actuación en el proceso de contratación. La filtración parcial del documento generó controversia, aunque las autoridades reconocen que su contenido ya forma parte del debate público.
La resolución determinará si se adoptan medidas disciplinarias, sumarios u otras acciones administrativas.
