Marcelo Falca
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) representa una amenaza que trasciende la actividad pesquera y compromete la sostenibilidad de los recursos marinos, la soberanía de los Estados, la seguridad alimentaria y las condiciones de competencia de las empresas que operan dentro de la normativa. Ese fue uno de los principales mensajes de la Jornada Internacional “Pesca Ilegal (INDNR): Patrimonio en Riesgo y el Desafío de la Cooperación Regional en el Atlántico Sudoccidental”, realizada el 27 de octubre en la sala Acuña de Figueroa del Palacio Legislativo en Montevideo (Uruguay).
La actividad, organizada por la Academia Uruguaya de Geopolítica y Estrategia (AUGE) y la Universidad de la Empresa (UDE), reunió a representantes de organismos públicos de Uruguay, Argentina y Brasil, junto con especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la UNESCO. A lo largo de las exposiciones quedó planteada una preocupación compartida: las herramientas nacionales de control han avanzado, pero la dimensión transfronteriza del problema exige una cooperación más estrecha.
Expusieron Carolina Torresano Villamajó, oficial de Pesca de la FAO; Humberto Grimaldo, del Observatorio Regional de Responsabilidad Social (ORSALC/UNESCO); el embajador argentino Javier Figueroa, coordinador de Política Oceánica y del Atlántico Sur de la Cancillería de su país; Carolina Rodrigues da Costa Doria, secretaria nacional del Ministerio de Pesca y Acuicultura de Brasil; Juan Antonio López Cazorla, de la Universidad Nacional de La Plata; el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) del Uruguay, Matías Carámbula, y Jaime Coronel, por AUGE. El Dr. Alem García, actual integrante de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, estuvo a cargo de la presentación y del cierre del evento.
Argentina expuso los resultados de un nuevo sistema de vigilancia satelital que permitió iniciar 24 sumarios y aplicar cinco sanciones, mientras Uruguay destacó sus avances en el control portuario y Brasil presentó sus herramientas de registro y monitoreo. Los participantes coincidieron en que la respuesta requiere mayor intercambio de información y mecanismos regionales de coordinación.
El veterinario Jaime Coronel Lascano, exdirector nacional de Recursos Acuáticos y representante de AUGE, presentó un diagnóstico sobre el patrimonio pesquero del Atlántico sudoccidental. Señaló que la pesca ilegal provoca pérdidas económicas, afecta a los trabajadores y puede comprometer la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.
Coronel propuso analizar el problema desde una perspectiva regional y no exclusivamente por especie o jurisdicción. Como ejemplo, se refirió a la merluza, el calamar y la anchoíta, tres recursos vinculados entre sí por la cadena trófica (cadena alimentaria) y por sus desplazamientos a lo largo de las aguas de la región.
En su exposición presentó estimaciones de capturas que se realizan fuera de las zonas económicas exclusivas. Para el calamar, mencionó una extracción estimada de unas 300.000 toneladas en aguas internacionales, frente a volúmenes inferiores dentro de las jurisdicciones nacionales. En el caso de la merluza, situó en unas 107.000 toneladas las capturas estimadas fuera de las 200 millas. Según explicó, estas actividades pueden afectar los esfuerzos de conservación que realizan los países ribereños.
El especialista identificó entre las prácticas que facilitan la pesca INDNR los transbordos en alta mar, la falta de trazabilidad comercial y documental y los controles portuarios insuficientes. También advirtió que la presión pesquera sobre especies migratorias debe analizarse desde una perspectiva ecosistémica.
Como respuesta, planteó avanzar hacia un mecanismo regional de ordenamiento pesquero, fortalecer el intercambio de información, coordinar vedas espaciales y mejorar los sistemas de rastreo y fiscalización. AUGE propuso, además, conformar un grupo de trabajo multidisciplinario que contribuya a desarrollar una estrategia de gobernanza para el Atlántico sudoccidental.
En diálogo con la prensa, Coronel insistió con que “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es un problema que atañe y que ataca a todos los gobiernos por igual, lleva a que un 20% de lo que consumamos provenga de ese origen y sea un flagelo como tal y sigue existiéndose”.
“Hay unas cifras que manejó Mar Azul, que realizó el estudio hace 3 años, que hablan de 4 millones, pero la cifra general que maneja desde 2009 la FAO y de toda avalada es de 11 a 26 millones de toneladas de pesca ilegal y de 11 a 23 mil millones de dólares a nivel mundial. Estamos hablando de cifras importantes”, subrayó.
Al ser consultado acerca de qué es lo que más se pesca de forma ilegal, indicó que “a nivel de frontera podemos tener alguna pesca de pulpo, corvina, merluza, merluza negra, que es un recurso muy valioso, no por la tonelada, sino por el costo por tonelada como tal, calamares, también, es un problema muy serio”, sentenció.
Sostuvo que se plantea una “estrategia de 3 años aproximadamente en lo que la Academia entiende que debe participar y ayudar. Hay un montón de ONG que pueden ayudar” a mejorar esta situación. Y agregó que los gobiernos trabajando en conjunto a lo largo de todo lo que es América del Sur, Atlántico Sudoccidental, dando un mensaje de lucha contra la pesca ilegal, y una visión ecosistémica del sistema.
Fortaleciendo los puertos a través del Acuerdo Sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, firmado por los tres países. Uruguay hace 10 años que lo firmó, Argentina lo acaba de suscribir y entregar, y en el caso de Brasil está en el Parlamento”. “Esperamos que se tomen medidas sobre la milla 200 para afuera, generando medidas de trabajo conjunto para generar una organización regional de ordenamiento pesquero, que pueda controlar qué ocurre de ahí para afuera y cómo repercute en las especies de adentro”, explicó Coronel.
Uruguay: control portuario y estrategia de largo plazo
En representación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el subsecretario Matías Carámbula sostuvo que la pesca ilegal debe abordarse como un problema complejo, que involucra la sostenibilidad de los recursos, la legalidad del comercio internacional, la capacidad institucional de los Estados y la protección de sus intereses económicos y estratégicos.
Carámbula adelantó que el 20 de noviembre la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y el Ministerio presentarán una hoja de ruta para el desarrollo de la pesca con perspectiva hacia 2040. La estrategia, explicó, permitirá integrar el combate a la pesca ilegal dentro de una política nacional de desarrollo del sector, con tres ejes: crecimiento de la actividad, sostenibilidad de los recursos y soberanía.
El jerarca consideró que la fragmentación de las políticas constituye una dificultad para enfrentar problemas de esta naturaleza y reclamó una mirada que contemple los espacios marítimos como parte de una estrategia geopolítica vinculada al desarrollo, el comercio, la seguridad económica y la soberanía.
A su turno, Gonzalo Rodríguez, asesor letrado de la Dinara, profundizó en la experiencia uruguaya con el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), instrumento internacional vinculante que busca impedir que los buques involucrados en actividades de pesca ilegal utilicen los puertos y los mercados para desembarcar o comercializar sus capturas.
Uruguay ratificó el acuerdo en 2013 y cuenta con 13 años de experiencia en su implementación. El país designó al puerto de Montevideo como único puerto habilitado para recibir las solicitudes de ingreso de buques extranjeros comprendidos en el sistema.
El procedimiento exige que las embarcaciones presenten información con cuatro días de anticipación respecto de su llegada prevista. Entre otros datos, deben informar su identificación, la carga transportada, las licencias y las posiciones digitales correspondientes a su última marea. A partir de esa documentación, las autoridades pueden autorizar el ingreso, condicionarlo a una inspección o denegar el acceso si existen elementos que indiquen una posible actividad ilegal.
Rodríguez destacó que el sistema se apoya en la coordinación entre la Dinara, los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores y la Administración Nacional de Puertos (ANP), que integran la comisión encargada de monitorear la aplicación del acuerdo.
También mencionó avances en la creación de infracciones vinculadas a su cumplimiento, la elaboración de protocolos para los inspectores y el fortalecimiento de los sistemas de información. Uruguay recibió asistencia técnica de FAO y apoyo de la República de Corea para evaluar su marco jurídico y sus herramientas de monitoreo, control y vigilancia.
Entre los desafíos pendientes, señaló la necesidad de mejorar la interoperabilidad de los sistemas nacionales con las plataformas internacionales y de profundizar la cooperación con Interpol, que dispone de una unidad especializada en delitos vinculados a la pesca ilegal.
Argentina: 24 sumarios y cinco sanciones
La experiencia argentina estuvo a cargo de Juan Antonio López Cazorla, subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, quien presentó los resultados de un sistema de vigilancia y procesamiento de información destinado a detectar incursiones de buques extranjeros en la zona económica exclusiva.
El funcionario explicó que la extensión de la plataforma marítima argentina y la presencia de grandes concentraciones de embarcaciones pesqueras durante determinados períodos del año hacen necesario combinar diferentes herramientas de control. La vigilancia se realiza mediante la Armada y la Prefectura Naval, con apoyo de sistemas de identificación automática, radares, información satelital e imágenes obtenidas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
López Cazorla señaló que en los últimos tiempos se observó un cambio en el comportamiento de parte de la flota extranjera. Mientras disminuyeron los ingresos de buques poteros a la zona económica exclusiva, aumentó la presencia de arrastreros. Según indicó, actualmente se identifican cerca de 150 arrastreros y unos 25 palangreros de distintas banderas en el área de interés.
La experiencia permitió desarrollar un sistema de sumarios electrónicos y establecer parámetros para identificar posibles infracciones. Entre ellos se consideran la velocidad, la trayectoria y los cambios de rumbo de los buques cuando ingresan en aguas bajo jurisdicción argentina. La autoridad analiza esos datos antes de iniciar las actuaciones administrativas correspondientes.
El resultado informado durante la jornada fue de 24 sumarios iniciados, cinco de ellos con sanciones ya concretadas, y una recaudación de 5.400 millones de pesos argentinos. El funcionario destacó que la tecnología permite documentar las presuntas infracciones incluso cuando los buques apagan sus sistemas de monitoreo, mediante el uso de imágenes satelitales y otros registros.
También explicó que la Argentina está incorporando drones para ampliar la cobertura de vigilancia y aspira a disponer de unas 15.000 horas de vuelo para fortalecer el control marítimo. “Un sistema no reemplaza al otro, se fortalecen uno con el otro”, resumió al describir la combinación de patrullajes, vigilancia aérea y herramientas tecnológicas.
Brasil: información integrada y cooperación
La representante del Ministerio de Pesca y Acuicultura de Brasil, Carolina Rodrigues da Costa Doria, presentó los sistemas que utiliza ese país para registrar, monitorear y analizar la actividad pesquera.
Explicó que la estrategia brasileña se apoya en cuatro preguntas: quién está pescando, dónde, qué especies captura y cuánto desembarca. Para responderlas, el Ministerio combina registros administrativos de embarcaciones, sistemas de rastreo, declaraciones de actividad por viaje y estadísticas de producción y desembarque.
La integración de esos datos permite contrastar las autorizaciones de pesca con las trayectorias de los buques, el esfuerzo pesquero declarado y las capturas informadas. Las inconsistencias pueden generar alertas y orientar las tareas de inspección y fiscalización.
Rodrigues da Costa Doria indicó que Brasil cuenta con una coordinación nacional que involucra a 19 instituciones y autoridades, entre ellas organismos de fiscalización, la Marina y la Policía Federal. En el plano internacional, destacó la cooperación con iniciativas como Global Fishing Watch y la participación en mecanismos destinados a combatir la pesca ilegal y otros delitos transnacionales asociados a la actividad pesquera.
En cuanto al AMERP, informó que Brasil firmó el acuerdo en 2009 y que en 2026 la Cámara de Diputados aprobó su trámite para consideración del Senado. Su eventual ratificación permitiría fortalecer la coordinación con los países de la región y establecer procedimientos comunes para impedir el ingreso de productos provenientes de actividades ilegales.
La necesidad de una respuesta regional
La oficial de Pesca de FAO Carolina Torresano Villamajó, quien participó por videoconferencia, recordó que la pesca INDNR debilita los esfuerzos de gobernanza pesquera, perjudica a las comunidades que dependen de esos recursos y puede estar vinculada a otros delitos, como abusos laborales, trata de personas y tráfico de drogas.
Destacó la importancia del AMERP, que entró en vigor en 2016 y constituye el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante dirigido específicamente a combatir la pesca ilegal mediante el control de los puertos. También presentó las herramientas de FAO para el intercambio de información sobre inspecciones, denegaciones de acceso y características de las flotas pesqueras.
El encuentro concluyó con un llamado a fortalecer la cooperación entre los países del Atlántico sudoccidental. La coincidencia entre las distintas exposiciones fue que ningún Estado puede enfrentar aisladamente una actividad que opera sobre recursos compartidos y que utiliza rutas comerciales y portuarias internacionales.
El desafío, por tanto, no se limita a detectar embarcaciones o sancionar infracciones. También implica asegurar que las capturas puedan ser trazadas, que la información circule entre las autoridades y que los puertos no se conviertan en una vía de ingreso para productos obtenidos ilegalmente. Para los participantes, avanzar hacia una gobernanza regional más integrada es una condición necesaria para proteger los recursos pesqueros y garantizar su explotación sostenible.
