Portalmaritimo.com.uy
El inicio de nuevas actividades de prospección sísmica en aguas jurisdiccionales uruguayas volvió a instalar el debate sobre la exploración de hidrocarburos en el mar, en un escenario marcado por el énfasis oficial en los controles ambientales y por el rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores vinculados a la pesca. El Ministerio de Ambiente defendió la autorización otorgada a cuatro empresas, subrayando que Uruguay se ubica entre los países con mayores exigencias en materia de protección del ecosistema marino.
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, afirmó que las exploraciones se llevarán a cabo “con las máximas garantías de protección hacia el ecosistema y la vida animal”, y aseguró que el país está “comprometido con la protección de la biodiversidad marina”. Según explicó, la actividad autorizada se desarrollará a una distancia de entre 150 y 300 kilómetros de la costa, con una separación mínima de 100 kilómetros entre buques, lo que limita el área efectiva de operación.
Ortuño detalló que se duplicaron las medidas de protección de la fauna marina, incluyendo ballenas, delfines, lobos marinos y tortugas. En ese sentido, no se podrá realizar actividad sísmica a menos de 1.000 metros de estos animales y, ante la aparición de ejemplares dentro de ese radio, los trabajos deberán detenerse de forma inmediata.
Además, el ministro indicó que se reforzaron los controles durante la ejecución de las tareas. Cada buque deberá contar con cuatro observadores especializados en fauna marina, a lo que se sumará la supervisión directa del Ministerio de Ambiente. De forma complementaria, se exigirá el monitoreo permanente del ruido submarino para verificar que los niveles reales coincidan con los previstos en los modelos matemáticos de propagación sonora en el medio marino.
En relación con la pesca comercial, Ortuño señaló que se establecieron mecanismos de compensación económica en caso de que se compruebe una disminución en las capturas. Asimismo, se obliga a monitorear los posibles efectos de las ondas sonoras sobre el ahuyentamiento temporal de especies de interés comercial o sobre huevos y larvas. “Esta batería de medidas coloca a Uruguay entre los países con mayores exigencias y medidas de protección ambiental”, sostuvo el jerarca.
El ministro recordó que la prospección sísmica no es una actividad nueva en el país. Entre 2012 y 2017 se realizaron tareas similares en áreas iguales o mayores a las actuales, y también hubo antecedentes en 1982 y 2002. “La prospección sísmica no es lo nuevo. Lo nuevo es el nivel de exigencias y garantías ambientales que ha resuelto el actual gobierno”, afirmó.
Las autorizaciones ambientales fueron otorgadas a las empresas Searcher Geodata, CGG Services, APA Corporation y Petroleum Geo-Services (PGS), que podrán realizar prospección sísmica 3D para obtener información geológica sobre la eventual existencia de hidrocarburos. Los trabajos podrán extenderse hasta abril y se desarrollarán en profundidades que van desde los 50 hasta los 5.000 metros, dentro de los bloques offshore 1 y 4. Según informó la cartera, el área habilitada representa aproximadamente un tercio de lo solicitado originalmente, como forma de mitigar el impacto ambiental.
Rechazo de ambientalistas
La decisión generó un rechazo inmediato de organizaciones ambientalistas, que anunciaron movilizaciones y eventuales acciones legales. Colectivos como la Red Unión de la Costa, Amigos del Océano, Socobioma y la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras cuestionan que se habiliten proyectos de exploración petrolera en zonas identificadas como prioritarias para la conservación marina.
Desde estos colectivos se sostiene que la prospección sísmica contradice las políticas nacionales de transición energética y los compromisos climáticos asumidos por el país. Cristina Álvarez, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay, señaló que “el problema, como con cualquier extractivismo, es siempre el mismo: nos quieren hacer pensar en lo parcial”, y advirtió que los proyectos petroleros “tienen una magnitud muy grande” y contratos de largo plazo.
Las organizaciones ambientalistas también alertan sobre el impacto potencial del ruido sísmico, que se genera mediante cañones de aire capaces de emitir pulsos sonoros superiores a los 250 decibelios. Según advierten, este tipo de emisiones puede provocar alteraciones en el comportamiento de mamíferos marinos, lesiones fisiológicas e incluso la muerte de ejemplares.
Preocupación en el sector pesquero
El sector pesquero expresó preocupaciones similares. La Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) recordó antecedentes de pérdidas de hasta 40% en las capturas durante experiencias anteriores de prospección sísmica. Desde el sector se advierte que la eventual prolongación de estas actividades por varios años podría afectar la sustentabilidad de la pesca y el sustento de miles de familias.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente informó que recibirá a las organizaciones ambientalistas y reiteró que la búsqueda de hidrocarburos se enmarca en contratos firmados entre 2022 y 2024 por Ancap con empresas petroleras, durante la administración anterior. El gobierno actual ha señalado que respeta esos acuerdos, aunque insiste en que la diferencia está en el nivel de control ambiental aplicado.
