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El conflicto laboral que enfrenta a Terminal Cuenca del Plata (TCP) con el Sindicato de Trabajadores de TCP (SUPRA) tuvo este jueves un nuevo capítulo, tanto en el plano político como en el de la negociación colectiva. Mientras representantes de la empresa comparecieron ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado para exponer su posición, el sindicato resolvió levantar el paro por tiempo indeterminado dispuesto durante la jornada y anunció el reintegro espontáneo de las actividades a partir de las 23 horas.
Pese a ello, la empresa sostuvo que el conflicto permanece incambiado y reiteró que el principal obstáculo para avanzar en la negociación del nuevo convenio colectivo continúa siendo la exigencia sindical de otorgar compensaciones económicas antes de iniciar las conversaciones de fondo.
Durante su comparecencia en el Senado, los representantes de TCP afirmaron que desde el inicio del conflicto la empresa ha mantenido una actitud de «apertura y buena fe» en la negociación y recordaron que desde 2017 se han firmado sucesivos convenios colectivos con el sindicato.
Explicaron que el último acuerdo, vigente durante cuatro años y medio, venció el pasado 28 de abril y que la empresa propuso extender su vigencia mientras continuaban las negociaciones. Según indicaron, esa alternativa no prosperó, aunque sí se acordó una prórroga hasta el 31 de mayo para mantener vigente una partida extraordinaria de 50.000 pesos líquidos prevista en el convenio.
TCP sostuvo ante los legisladores que, una vez abonada esa partida, el sindicato inició medidas de fuerza que afectaron la operativa de la terminal y marcaron el comienzo de una escalada del conflicto.
Según el informe presentado a la comisión parlamentaria, durante este año se acumularon 212 horas de paro distribuidas en 21 jornadas, con 1.834 jornales perdidos, cinco buques afectados y más de 3.100 movimientos de carga alterados entre el 22 de junio y el 6 de julio.
Negociación estancada
La empresa informó además que desde el inicio del diferendo se realizaron catorce reuniones de negociación, tanto en forma bipartita como en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Sin embargo, sostuvo que el diálogo quedó interrumpido cuando el sindicato condicionó el comienzo de las negociaciones al otorgamiento previo de una compensación económica o al establecimiento de un mínimo de 25 jornales asegurados para todos los trabajadores.
Para TCP, ese planteo resulta incompatible con el funcionamiento de una negociación colectiva de buena fe, por lo que reiteró que está dispuesta a discutir todos los puntos del convenio, pero no bajo condiciones previas.
La empresa también aprovechó su comparecencia para defender las condiciones laborales existentes en la terminal.
Según los datos entregados a los senadores, los salarios abonados por TCP se ubican entre un 10% y un 169% por encima de los laudos del sector, dependiendo de la categoría laboral. Asimismo, destacó que la totalidad de la plantilla cuenta con empleo estable y un sistema de jornales asegurados que brinda mayor estabilidad que la existente en otras áreas de la actividad portuaria.
Los representantes empresariales afirmaron además que actualmente no existen procesos de reestructura, envíos al seguro de paro ni modalidades de trabajo eventual dentro de la terminal especializada en contenedores.
El suministro de agua, nuevo foco del conflicto
En paralelo a la comparecencia parlamentaria, la empresa informó que el sindicato resolvió levantar el paro iniciado durante la jornada y anunció el reintegro espontáneo de las actividades desde las 23 horas.
No obstante, advirtió que la situación de fondo permanece sin cambios.
TCP volvió a cuestionar la negativa sindical a realizar el abastecimiento de agua potable para consumo humano a un buque y reiteró que continuará garantizando ese servicio cuando sea necesario, aun si ello genera nuevas medidas gremiales.
«La empresa no puede admitir que un servicio esencial como el suministro de agua potable sea utilizado como mecanismo de presión en un conflicto laboral», sostuvo en un comunicado.
Asimismo, anunció que ejercerá las acciones legales que correspondan frente a cualquier situación que considere una afectación indebida de sus operaciones y reiteró que continuará participando de las instancias convocadas por el Ministerio de Trabajo con el objetivo de alcanzar un acuerdo.
Finalmente, la empresa reafirmó ante los senadores que aceptar condicionamientos previos para negociar podría generar un precedente negativo para el sistema uruguayo de negociación colectiva y sostuvo que mantiene su disposición al diálogo dentro de los mecanismos previstos por la legislación laboral vigente.
Alejandro Sánchez descartó declarar la esencialidad en el puerto
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, descartó que el gobierno evalúe decretar la esencialidad de las actividades en el Puerto de Montevideo pese al conflicto en TCP.
En declaraciones a radio Sarandí, sostuvo que la prioridad continúa siendo el diálogo entre las partes y recordó que el Ministerio de Trabajo presentó una propuesta que permitió levantar las medidas sindicales y retomar las negociaciones.
Sánchez reconoció que el puerto es una infraestructura esencial para el país, aunque advirtió que la declaración de esencialidad presenta dificultades prácticas, ya que implicaría sustituir trabajadores especializados por personal que no cuenta con la capacitación necesaria.
También sostuvo que el conflicto portuario trasciende el plano laboral y está influido por la disputa entre grandes actores del transporte marítimo. «Los grandes del mundo se están peleando y encontraron en la salida del Río de la Plata un lugar para pelearse entre las grandes navieras y las terminales portuarias», afirmó.
