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La Comisión de Defensa de la Competencia, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), decidió rechazar la adquisición de tres plantas de Marfrig en Uruguay por parte de la multinacional Minerva, respaldada por capitales saudíes y brasileños, informaron distintos medios de comunicación en Uruguay.
En las próximas horas, se espera la publicación del pronunciamiento oficial de esta dependencia del MEF.
Según estimaciones de productores ganaderos, si la compra hubiera sido aprobada, Minerva Foods habría controlado el 45% de la faena cárnica en Uruguay.
Minerva anunció la intención de comprar estas tres plantas en Uruguay ubicadas en los departamentos de Salto, San José y Colonia, en agosto de 2023, que incluía además la compra de 11 plantas en Brasil, una en Argentina y otra en Chile, por un valor aproximado de 1.500 millones de dólares.
En su momento, el presidente Lacalle Pou manifestó preocupación por la intención de Minerva de comprar estas tres plantas y el impacto que tendría en el país. Además, también la Unión de Vendedores de Carne (UVC), Un Solo Uruguay y la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor solicitaron el año pasado a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodeco) que no autorizara a Minerva la compra de tres plantas de faena de Marfrig.
El gobierno de Luis Lacalle Pou rechazó la compra porque, de concretarse, daría la posibilidad de que haya un mercado sin competencia, informaron medios locales.
Minerva Foods opera en Uruguay desde 2011 y es propietaria de cuatro plantas en el país (PUL, Frigorífico Carrasco, Frigorífico Canelones y BPU).
La normativa uruguaya establece que todos los mercados deben estar regidos por las reglas de la “libre competencia”, excepto aquellos que estén limitados por la ley por razones de “interés general”. “Se prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones, individuales o concentradas, que tengan por efecto u objeto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante”, dice la ley de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio.
Está previsto que en las próximas horas el gobierno publique la resolución que le niega el permiso a Minerva. La Comisión de Defensa de la Competencia ya le dio la vista de la resolución a las empresas que están involucradas en la operación, que tendrán 10 días hábiles para presentar sus descargos.
Alarma en el sector
El anuncio de esta compra había generado una alarma en el sector agropecuario de Uruguay y en dirigentes del oficialismo.
El presidente del Instituto Nacional de la Carne (INAC), Conrado Ferber, había considerado el anuncio como una “pésima noticia” porque la multinacional tendría siete plantas en Uruguay y un alto porcentaje de la faena. “Redunda en una situación que realmente resulta muy incómoda”, cuestionó en 2023, una vez conocida la noticia de la compra.
La Asociación Rural del Uruguay (ARU) también había cuestionado la operación y pidió, en agosto de 2023, una reunión de urgencia con el presidente Lacalle Pou. “El problema que vemos es que hay una venta de algunas plantas frigoríficas, una venta en el Cono Sur, pero en el caso de Uruguay implica que una empresa compra tres frigoríficos de otra empresa, llegando a tener siete plantas y concentrando más del 44% de la faena. Eso, sumado a las otras empresas que están operando en el mercado, con cuatro empresas estaríamos hablando de casi el 70% de la faena”, cuestionó el presidente de la gremial, Patricio Cortabarría.
El empresario consideró que esa decisión no sería buena para el mercado porque más de 40.000 productores deberían negociar con cuatro empresas para tratar el 70% de la faena. “Lo vemos como algo muy peligroso. Es un hito que, si se llega a dar, puede cambiar la ganadería uruguaya de manera difícil”, sostuvo.
La concentración de la industria frigorífica de Uruguay viene aumentando “desde hace muchos años”, consideró entonces Cortabarría. En la década de los 90, cuatro empresas manejaban el 30% de la faena; ese porcentaje aumentó hasta más del 60%.
Los empresarios también juntaron firmas para entregarle al presidente para que no se apruebe el negocio. En febrero, Lacalle Pou se refirió a esta operación. El mandatario dijo que la comisión que estaba estudiando el tema es independiente y que, si su dictamen era contundente, él lo seguiría. “No voy a ir en contra del informe técnico si es contundente”, sentenció.
