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El Gobierno uruguayo resolvió rescindir el contrato con el astillero español Francisco Cardama S.A. para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV) destinados a la Armada Nacional, en una decisión que marca un punto de quiebre en uno de los procesos de adquisición naval más relevantes de los últimos años.
La medida fue adoptada el viernes 13 en el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva y se fundamenta, según explicó el mandatario, en una acumulación de incumplimientos contractuales considerados graves por el Poder Ejecutivo.
“Esta es una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública”, afirmó Orsi al abrir la conferencia de prensa, acompañado por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.
Las garantías en el centro del conflicto
El presidente recordó que el 22 de octubre de 2025 el gobierno había anunciado la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, instancia en la que —según sostuvo— se constató que la garantía presentada no existía en los términos exigidos contractualmente.
“Nos encontramos con la sorpresa de que esa garantía no existía o, peor aún, que lo que teníamos era un documento falso”, señaló Orsi. A partir de esa constatación, se notificó formalmente a la empresa. Según el mandatario, el propio astillero admitió que la garantía no estaba vigente.
Las garantías contractuales son un elemento esencial en proyectos de esta magnitud, ya que habilitan la entrada en vigor efectiva del contrato y constituyen el respaldo financiero ante eventuales incumplimientos.
Posteriormente, el Ejecutivo también observó irregularidades en la garantía de reembolso —estimada en unos ocho millones de euros— al entender que el documento presentado no constituía una póliza ejecutable, sino un texto preliminar de términos y condiciones.
Tras otorgar a la empresa instancias formales para presentar descargos y regularizar la situación, el gobierno concluyó que no estaban dadas las condiciones para mantener el vínculo contractual.
Cuatro líneas de acción
Como consecuencia, el Poder Ejecutivo resolvió iniciar cuatro acciones concretas:
- Rescindir el contrato de suministro por incumplimientos graves e iniciar acciones por daños y perjuicios.
- Impulsar medidas para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo.
- Determinar responsabilidades institucionales e individuales en el proceso.
- Redefinir la estrategia para la adquisición de patrulleros oceánicos.
La ministra Sandra Lazo fue enfática al señalar que la Armada contará con OPV durante esta administración. “En este período habrá patrulleras oceánicas”, afirmó, subrayando que ya se exploran alternativas concretas.
Nuevas opciones en el horizonte
El presidente detalló que el gobierno mantiene contactos con varios países que disponen de astilleros con experiencia en la construcción de patrulleros oceánicos.
Entre los Estados analizados mencionó a Colombia, Corea del Sur, India y Francia. También indicó que existen conversaciones en curso con otros actores industriales, tanto públicos como privados, y que se prevén nuevas reuniones en los próximos días.
El prosecretario Jorge Díaz añadió que no se descarta a España como posible proveedor en una nueva etapa, pese a la ruptura con el astillero de Vigo.
Además de OPV de porte similar a las proyectadas originalmente, el Ejecutivo analiza la adquisición de lanchas rápidas para fortalecer la vigilancia costera. En paralelo, se recibió un ofrecimiento de Estados Unidos para la eventual transferencia de un buque que pueda operar como solución intermedia.
Desde el Ministerio de Defensa se señala que el objetivo es ampliar el horizonte tecnológico y material de la Armada, evaluando no solo el precio, sino también el soporte logístico, la transferencia de capacidades y las garantías financieras.
La reacción de Cardama
Consultado por Portal Marítimo, Mario Cardama, propietario del astillero, emitió un comunicado asesorado por sus abogados. En su primera reacción pública sostuvo:
“Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir. Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora, de modo que no nos vamos a dejar apurar por nadie. Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón”.
Sus declaraciones anticipan un posible escenario de controversia jurídica, que podría derivar en instancias de arbitraje o litigio internacional.
114 días de deterioro contractual
La rescisión se produce 114 días después de que el presidente anunciara el inicio del proceso para dejar sin efecto el contrato, en octubre pasado, cuando habló de “fuertes indicios” de irregularidades en una inversión cercana a los 92 millones de dólares.
Desde entonces, el Ministerio de Defensa avanzó en notificaciones formales, análisis jurídicos y evaluaciones técnicas. Un hito relevante fue la decisión de no renovar la carta de crédito, instrumento financiero cuya vigencia expiraba a fines de febrero. La no emisión de una nueva carta fue interpretada como el paso definitivo hacia la ruptura.
El informe técnico independiente
Un elemento clave en la evaluación oficial fue el informe encargado a Bureau Veritas, firma clasificadora de reconocimiento internacional.
La inspección independiente analizó el estado de avance de la construcción y el cumplimiento de las normas aplicables. Según fuentes oficiales, el informe no describe un colapso estructural del proyecto, pero sí detecta inconsistencias técnicas y apartamientos respecto a los estándares de bandera previstos.
“Es un informe técnico, no político. No es blanco o negro”, señalaron desde el Ministerio. La empresa presentó observaciones dentro del plazo otorgado, aunque Defensa considera que no modifican la evaluación general.
Obra en ejecución y dudas con proveedores
De acuerdo con la información recabada por los inspectores uruguayos en España, la obra no estaría completamente paralizada, aunque habría reducido su ritmo.
Uno de los puntos críticos es la provisión de motores por parte de Caterpillar. Según fuentes oficiales, el fabricante no habría despachado los equipos ante una modalidad de pago basada en una cesión de crédito futura sujeta al cobro por parte del astillero.
En contratos navales de esta escala, la solidez de las garantías financieras resulta determinante para asegurar la cadena de suministros, especialmente cuando se trata de componentes estratégicos de alto valor.
Más allá de este caso, no se registran comunicaciones formales de retiro de otros proveedores.
Recuperación patrimonial y desafíos logísticos
La rescisión abre ahora un escenario complejo. Contractualmente, lo construido pertenece al Estado uruguayo, pero su recuperación efectiva, eventual traslado o continuidad bajo otro esquema contractual implicarán desafíos técnicos y logísticos significativos.
A ello se suma la posibilidad de una disputa judicial. Aunque el Ejecutivo sostiene que la decisión está jurídicamente respaldada, en el ámbito oficial reconocen que podría abrirse una instancia arbitral.
En paralelo, el Ministerio avanza en una investigación administrativa ordenada por la ministra Sandra Lazo para determinar eventuales responsabilidades en el proceso de contratación. El expediente se encuentra en etapa final y podría derivar en sumarios u otras medidas.
