Portalmaritimo.com.uy
El sector pesquero uruguayo atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Así lo plantea con claridad la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), que advierte que la actividad se encuentra “pendiente de un hilo”, en un contexto marcado por la incertidumbre económica, la falta de definiciones políticas y la aparición de nuevos factores que amenazan su sostenibilidad.
A través de una carta pública difundida el 11 de marzo de 2026 y de declaraciones a Portal Marítimo de su presidente, Juan Riva Zucchelli, el sector expresó su preocupación por la falta de avances en medidas consideradas urgentes, a pesar de que el propio gobierno ha señalado a la pesca como un área prioritaria. La advertencia es clara: si no se toman decisiones concretas en el corto plazo, las consecuencias podrían ser irreversibles para empresas, trabajadores y comunidades vinculadas a la actividad.
Un inicio de año con señales mixtas
El comienzo de 2026 trajo consigo algunos indicadores moderadamente positivos. Según Riva Zucchelli, cerca del 90% de la flota pesquera se encuentra actualmente en actividad, y las capturas durante el verano han sido relativamente buenas en comparación con años anteriores. Además, no se han registrado conflictos laborales significativos en los últimos meses, lo que ha permitido cierta estabilidad operativa.
Sin embargo, este escenario no alcanza para disipar las preocupaciones de fondo. El propio dirigente aclara que el período estival no puede considerarse una zafra en sentido estricto, ya que el verdadero pico de actividad se produce entre los meses de junio y agosto. En ese sentido, el desempeño actual es apenas un anticipo que no garantiza el resultado de la temporada principal.
A esto se suma el impacto acumulado de los últimos años. Las empresas del sector vienen arrastrando dificultades económicas derivadas de conflictos sindicales, paros prolongados y atrasos en pagos. Aunque se han realizado esfuerzos para regularizar salarios y obligaciones laborales, la situación financiera sigue siendo frágil y limita la capacidad de inversión y recuperación.
Burocracia, costos y falta de respuestas
Uno de los principales ejes del reclamo del sector es la lentitud del Estado para implementar medidas que consideran esenciales. Desde la CIPU señalan que, a más de un año de iniciado el actual gobierno, los planteos realizados no han tenido avances significativos.
Entre los organismos mencionados como parte de los problemas aparecen la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), el Banco de Previsión Social (BPS), el Banco de Seguros del Estado (BSE), ANCAP, la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la Prefectura Naval. Según el sector, las trabas burocráticas, los costos elevados y la falta de coordinación entre estas instituciones dificultan el normal desarrollo de la actividad.
Particularmente crítica es la evaluación sobre el funcionamiento de DINARA, a la que se acusa de actuar con criterios “irracionales, burocráticos y lentos”, incluyendo la aplicación de multas elevadas por infracciones consideradas menores. Esta situación, sostienen, no solo genera costos adicionales, sino que también desalienta la actividad en un momento en que el sector necesita estímulos para recuperarse.
En este contexto, la CIPU elaboró un documento estratégico —conocido como “Asimut Uruguay Pesca”— que incluye un diagnóstico detallado y una serie de propuestas para reactivar el sector. Entre ellas se destacan medidas económicas inmediatas, reformas institucionales y cambios en la regulación para aumentar la competitividad. Sin embargo, salvo un descuento temporal en la tarifa eléctrica para las plantas, la mayoría de estas iniciativas aún no ha sido implementada.
El desafío de aumentar la actividad
Uno de los objetivos planteados por el sector es incrementar la cantidad de días de operación de la flota. Actualmente, los barcos pescan en promedio unos 200 días al año, pero la meta es alcanzar al menos 250 días, con un ideal cercano a los 300.
Este aumento permitiría mejorar la productividad y la rentabilidad, pero para lograrlo es necesario resolver problemas estructurales vinculados a inspecciones, permisos y procesos administrativos. Según Riva Zucchelli, se trata de cambios que no requieren grandes inversiones, sino decisiones políticas y mejoras en la gestión.
Cada día adicional de trabajo representa una oportunidad para generar ingresos, sostener empleos y fortalecer la cadena productiva. Sin embargo, la falta de avances en este terreno refuerza la percepción de estancamiento y dificulta la planificación a mediano plazo.
Las prospecciones sísmicas: una nueva amenaza
A los problemas ya existentes se suma un factor que genera especial preocupación: la autorización de prospecciones sísmicas en el mar uruguayo. Estas actividades, vinculadas a la exploración de hidrocarburos, implican el uso de emisiones acústicas de alta intensidad que pueden afectar el comportamiento de las especies marinas.
Según el sector pesquero, existe evidencia de que estas prácticas reducen las capturas, aunque no siempre es posible cuantificar con precisión el impacto. En el caso de Uruguay, las prospecciones se realizan a unos 180 kilómetros de la costa, mientras que la flota opera hasta aproximadamente 80 kilómetros. Sin embargo, los sonidos generados pueden propagarse a grandes distancias, afectando áreas de pesca relevantes.
De hecho, algunos armadores ya reportan una disminución en las capturas en zonas cercanas a las operaciones sísmicas, lo que podría comprometer la rentabilidad de los barcos. En situaciones extremas, esto podría llevar a la paralización de actividades si no se alcanza un nivel mínimo de producción.
El malestar del sector no se limita al impacto ambiental o productivo, sino también a la forma en que se procesaron las autorizaciones. Desde la CIPU se cuestiona la rapidez con la que el gobierno aprobó estos proyectos, en contraste con la lentitud para atender los reclamos de la pesca. Esta diferencia alimenta la sensación de desigualdad en el tratamiento de los distintos intereses económicos.
Confianza y relaciones laborales
Otro de los desafíos históricos del sector es la construcción de confianza entre empresarios, trabajadores y autoridades. Si bien en los últimos meses no se han registrado conflictos significativos, persisten tensiones, especialmente con algunos sindicatos.
Riva Zucchelli señala que la falta de confianza dificulta el diálogo y la cooperación, generando situaciones que afectan la operativa y la estabilidad del sector. A su vez, destaca la importancia de avanzar hacia un modelo en el que todas las partes comprendan que comparten un mismo objetivo: la sostenibilidad de la actividad.
En cuanto a la relación con el gobierno, el balance es más matizado. Desde la CIPU se reconoce una actitud receptiva por parte de algunas autoridades, en particular del Ministerio de Industria, pero se insiste en que esto no se ha traducido en acciones concretas.
Un sector que espera definiciones
La carta pública de la CIPU retoma las palabras del presidente de la República, quien definió 2026 como “el año de la ejecución”. El sector pesquero dice coincidir plenamente con ese planteo, pero advierte que el tiempo para actuar es limitado.
Tras un primer año de gestión marcado por la adaptación y la falta de presupuesto, las expectativas están puestas en que se concreten las medidas anunciadas. Sin embargo, ya transcurridos los primeros meses del año, la percepción es que los avances siguen siendo insuficientes.
La situación de la pesca, subrayan, es especialmente delicada porque no cuenta con el margen de maniobra que tienen otras actividades. Mientras algunos sectores pueden continuar operando a pesar de las dificultades, la pesca enfrenta riesgos inmediatos que pueden derivar en cierres de empresas y pérdida de empleos.
El riesgo de quedar atrás
El mensaje final del sector es contundente: sin decisiones urgentes, la pesca corre el riesgo de quedar relegada dentro de la economía nacional. Esto no solo implica la pérdida de una actividad productiva, sino también el impacto social en miles de trabajadores y sus familias.
La combinación de factores —burocracia, costos, falta de políticas específicas y nuevas amenazas externas— configura un escenario complejo que requiere respuestas integrales. No se trata únicamente de resolver problemas puntuales, sino de definir una estrategia de largo plazo que permita recuperar la relevancia del sector.
En este contexto, la CIPU insiste en la necesidad de pasar de los diagnósticos a la acción. El sector ha presentado propuestas, ha manifestado su disposición al diálogo y ha acompañado los lineamientos generales del gobierno. Ahora espera señales concretas que permitan revertir una situación que, de no cambiar, podría volverse insostenible.
La pesca uruguaya, históricamente un componente importante de la economía y el empleo, se encuentra hoy en una encrucijada. El rumbo que se adopte en los próximos meses será determinante para definir si logra recuperarse o si, como advierten sus protagonistas, termina quedando “pendiente de un hilo”.
