Portal Marítimo
La Administración Nacional de Puertos (ANP) inició las acciones judiciales tendientes a recuperar la posesión del depósito logístico que Lobraus ocupa en el puerto de Montevideo, luego de que quedara resuelta la rescisión de la concesión por incumplimientos contractuales. El objetivo del organismo es obtener autorización para tomar posesión de las instalaciones y, una vez recuperadas, convocar a un llamado público para su explotación.
Así lo confirmó a Portal Marítimo el director de la ANP Jorge Gandini, quien señaló que el organismo tiene urgencia en resolver la situación debido a que la infraestructura permanece fuera de actividad y existe demanda de espacio techado dentro del recinto portuario.
«Estamos gestionando a nivel judicial, a través de nuestra jurídica, poder tomar posesión de ese depósito para luego volverlo a poner en actividad con un llamado público para su explotación», explicó.
El jerarca indicó que la rescisión de la concesión fue adoptada por el directorio de la ANP y posteriormente pasó por las instancias correspondientes en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Tribunal de Cuentas, antes de llegar a la Presidencia de la República, donde fue firmada por el presidente Yamandú Orsi.
Según Gandini, el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas incluyó un análisis de las actuaciones desde el origen de la concesión y ratificó los incumplimientos que fundamentaron la decisión de rescindir el vínculo contractual.
La resolución inicial del directorio de la ANP fue adoptada el 14 de enero de 2026. Posteriormente, el Poder Ejecutivo aprobó la rescisión del contrato de concesión el 23 de julio, luego de las intervenciones institucionales correspondientes.
Sin embargo, la finalización del vínculo contractual no se tradujo automáticamente en la recuperación material del predio. La empresa no hizo entrega del depósito y la ANP debió recurrir a su asesoría jurídica para obtener la intervención judicial que permita tomar posesión del inmueble.
En ese sentido, el directorio del organismo autorizó el 1.º de octubre a su área jurídica a promover las acciones judiciales necesarias para ocupar el área concesionada.
Una infraestructura fuera de actividad
Gandini explicó que la situación genera un perjuicio económico para la administración portuaria, que dejó de percibir los ingresos asociados a la explotación del espacio.
«Tenemos un depósito por el que percibíamos, o deberíamos haber percibido, unos 35.000 dólares mensuales. Está cerrado, no cobramos y no lo podemos poner en actividad», señaló.
A esa situación se suma, según indicó, la existencia de interesados en disponer de espacios techados dentro del puerto de Montevideo, lo que lleva a la ANP a procurar una solución en el menor tiempo posible.
La intención es que, una vez recuperado el inmueble, se establezcan las condiciones para una nueva explotación mediante un procedimiento competitivo y abierto a los interesados.
El proyecto original de Lobraus contemplaba una inversión de aproximadamente US$ 62 millones para desarrollar un centro logístico que incluía un depósito y una torre de 21 pisos. Sin embargo, la empresa concretó parcialmente el proyecto, con la construcción de medio depósito, mientras que el edificio previsto nunca llegó a levantarse.
La concesión también quedó marcada por los incumplimientos en el pago del canon y otras obligaciones económicas. De acuerdo con los antecedentes considerados por la administración portuaria, la empresa acumuló diez meses de canon impagos, nueve de ellos consecutivos, además de otras obligaciones pendientes.
La garantía y el reclamo de los obligacionistas
Otro de los asuntos que permanece pendiente es la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, cuyo monto supera los US$ 2 millones.
Gandini explicó que, cuando la ANP procuró avanzar en el cobro, encontró obstáculos vinculados a la situación judicial de los inversores que habían financiado parte del proyecto de Lobraus mediante la emisión de obligaciones negociables.
La empresa había instrumentado en 2019 un programa de emisión privada de obligaciones negociables por hasta US$ 10 millones, dividido en dos series de US$ 5 millones. Los fondos obtenidos estaban destinados a financiar el desarrollo del centro logístico en el puerto de Montevideo.
En la primera serie participaron 24 inversores, que aportaron algo más de US$ 5 millones. El compromiso de la empresa era devolver el capital mediante amortizaciones periódicas, además de los intereses correspondientes.
Sin embargo, los pagos comprometidos no se cumplieron y los tenedores de esos títulos promovieron una demanda judicial contra Lobraus.
Recientemente, un juzgado civil de primera instancia condenó a la empresa a pagar aproximadamente US$ 5,05 millones, más los intereses moratorios correspondientes, en una sentencia que hizo lugar al reclamo de los 24 obligacionistas.
Gandini señaló que esta situación también incide en las gestiones que realiza la ANP para ejecutar la garantía contractual. Se trata, no obstante, de dos asuntos jurídicos diferentes: por un lado, el reclamo de los inversores contra la empresa por el incumplimiento de las obligaciones negociables y, por otro, las actuaciones administrativas y judiciales vinculadas a la concesión y a la garantía de cumplimiento.
La recuperación del depósito y el cobro de la garantía constituyen, por tanto, dos objetivos que la administración portuaria procura concretar, aunque por vías y procedimientos distintos.
Gandini se excusó de participar en las decisiones
Al ser consultado sobre su intervención en el proceso, Gandini explicó que resolvió apartarse de las instancias decisivas vinculadas a Lobraus luego de que la empresa promoviera acciones judiciales en su contra, tanto en el ámbito penal como en el civil.
El director afirmó que no participó en la resolución de rescisión de la concesión debido a que se había excusado previamente, después de recibir las demandas de la compañía. Según explicó, la decisión fue adoptada con los votos del presidente y el vicepresidente del organismo, sobre la base de los informes jurídicos y contables.
El origen del diferendo estuvo en declaraciones públicas de Gandini, quien había calificado a Lobraus como «deudor contumaz y serial», en referencia a los incumplimientos económicos que, a su entender, registraba la empresa.
El jerarca señaló que la denuncia penal presentada por la compañía fue archivada por la Fiscalía, mientras que la demanda civil continúa su trámite judicial. Gandini defendió sus expresiones y sostuvo que los posteriores pronunciamientos institucionales sobre los incumplimientos de la concesionaria respaldaron su posición.
