Portal Marítimo
La posibilidad de que Uruguay incorpore nuevas patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende la adquisición de equipamiento militar: la capacidad del país para desarrollar su propia industria naval y aprovechar una inversión en defensa como instrumento de generación de empleo, incorporación tecnológica y fortalecimiento de la producción nacional.
La Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay (CSI), integrante del PIT-CNT, manifestó su preocupación por la falta de información oficial sobre la decisión que adoptará el Poder Ejecutivo respecto a las embarcaciones y reclamó que se considere la posibilidad de construirlas en territorio nacional, utilizando la experiencia y la mano de obra de los trabajadores uruguayos.
En una declaración fechada el 1.º de noviembre, la organización señaló que integrantes de la central sindical, de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) y de la propia CSI solicitaron nuevamente una reunión con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, para conocer formalmente en qué situación se encuentra la definición sobre las patrulleras. Según expresaron, hasta el momento no habían sido recibidos.
Los sindicatos manifestaron su inquietud por la posibilidad de que el Gobierno resuelva la adquisición de las embarcaciones sin considerar las capacidades industriales existentes en Uruguay. En ese sentido, reclamaron que la eventual decisión sea comunicada oficialmente y no a través de trascendidos.
«Sería importante que el gobierno nacional asuma una postura diferente a la adoptada por la anterior administración de fabricar estas embarcaciones en el exterior sin considerar los cientos de compatriotas con experiencia en la industria naval», sostiene el documento.
La CSI considera que existe mano de obra calificada para participar en este tipo de proyectos y advierte que muchos trabajadores del sector atraviesan situaciones laborales adversas. Por ese motivo, entiende que la construcción de las OPV podría representar una oportunidad para generar actividad industrial y recuperar capacidades productivas.
La organización también manifestó su disposición a participar en instancias de negociación y buscar alternativas que permitan concretar la construcción de las patrulleras en Uruguay, priorizando la participación de empresas y trabajadores nacionales.
Una decisión con impacto industrial
El planteo sindical aparece en un momento en que el Gobierno debe resolver cómo dotar a la Armada Nacional de los medios necesarios para ejercer la vigilancia y el control de los espacios marítimos uruguayos, luego de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.
La administración de Yamandú Orsi ha señalado que pretende adquirir una OPV nueva y complementar las capacidades de vigilancia mediante tecnología y otras embarcaciones. Entre las alternativas consideradas para la construcción del buque figuran propuestas de Hyundai Heavy Industries, de Corea del Sur; Cotecmar, de Colombia, y Naval Group, de Francia.
La ministra Lazo ha explicado que el costo de una patrullera nueva, estimado en torno a los 100 millones de dólares, condiciona la posibilidad de adquirir más de una unidad. También se encuentran bajo estudio alternativas para incorporar patrulleros británicos de la clase River, en el marco de una estrategia más amplia de vigilancia marítima.
Sin embargo, el debate sobre el origen de las embarcaciones también involucra otra cuestión: qué participación podría tener la industria uruguaya en el proceso de construcción, incluso en el caso de que el diseño, la ingeniería y determinados sistemas tecnológicos sean aportados por empresas extranjeras.
En ese terreno se inscribe una propuesta presentada por la empresa uruguaya CIR junto al astillero alemán Fassmer, que plantea la posibilidad de fabricar en el país patrulleras del modelo OPV-80. La iniciativa, según trascendió, contempla la participación de instalaciones industriales nacionales para la fabricación de estructuras y componentes, así como el montaje y la integración final en el Dique Nacional de la Armada.
La propuesta busca combinar tecnología y experiencia internacional con capacidades productivas locales. No supone necesariamente que todos los componentes y sistemas del buque deban fabricarse en Uruguay, sino que abre la posibilidad de distribuir las distintas etapas del proceso entre proveedores extranjeros y empresas nacionales.
La ministra de Defensa había señalado que la propuesta fue recibida y que existía interés en profundizar los estudios técnicos, económicos y financieros para evaluar una eventual iniciativa de suministro. Esa instancia, no obstante, no equivale a una decisión de adjudicación ni supone que el Gobierno haya definido avanzar por ese camino.
La experiencia y las capacidades nacionales
El reclamo de los sindicatos vuelve a poner en discusión el aprovechamiento de los recursos humanos y de la infraestructura industrial que Uruguay ha desarrollado a lo largo de los años.
La industria naval nacional cuenta con antecedentes en construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones, además de empresas metalúrgicas con experiencia en trabajos de gran porte. Uno de los ejemplos recientes es la construcción de la draga 21 de Julio para la Administración Nacional de Puertos, un proyecto que involucró la participación de capacidades industriales uruguayas y cooperación tecnológica internacional.
La experiencia de esa obra constituye un antecedente relevante para analizar la posibilidad de una mayor participación nacional en proyectos navales de mayor complejidad. No significa que la construcción de una patrullera oceánica pueda abordarse sin inversiones, transferencia tecnológica, planificación y una evaluación rigurosa de las capacidades disponibles, pero demuestra que existen antecedentes de cooperación entre empresas locales y proveedores internacionales.
La fabricación de buques de estas características requiere, además de instalaciones adecuadas, personal especializado en soldadura, calderería, ingeniería naval, electricidad, montaje de estructuras y sistemas de propulsión. También demanda una cadena de proveedores capaz de responder a exigencias técnicas y estándares de calidad propios de la industria naval.
La participación nacional podría extenderse, asimismo, a tareas de mantenimiento, reparación y provisión de componentes durante la vida útil de las embarcaciones, generando oportunidades que no necesariamente se agotan con la construcción inicial.
Para los trabajadores organizados, el punto central es que Uruguay no debería limitarse a recibir embarcaciones construidas en otros países cuando dispone de recursos humanos que podrían participar de esos procesos.
