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El astillero español Cardama puso la quilla de la primera de las dos patrulleras de altura (OPV) encargadas por la Armada Nacional de Uruguay.
Este evento marca el inicio formal de la construcción de la estructura principal de la embarcación. El contrato, valorado en 82,3 millones de euros, contempla la entrega de la primera patrullera en 18 meses y la segunda en 12 meses adicionales.
La quilla es la estructura vertebral del barco. Su colocación es un hito importante en el proceso de construcción.
La Armada Nacional de Uruguay encargó dos OPV a Cardama. Estas patrulleras de altura están diseñadas para tareas de vigilancia y control marítimo, especialmente en la protección de los recursos naturales.
El astillero Cardama es una empresa española con sede en Vigo. La construcción de las OPV es una de las mayores inversiones en la historia del astillero Cardama. La puesta de quilla de la primera patrullera se realizó el miércoles 14 de mayo, según informó Mario Cardama, propietario del astillero, al portal Infodefensa.com.
El diseño de las OPV es obra de Cintranaval, otra empresa española. La certificación de las embarcaciones será realizada por Lloyd’s Register. Los motores principales de las patrulleras serán suministrados por Caterpillar.
El astillero espera entregar el primer OPV a la Armada Nacional de Uruguay en la segunda mitad de 2026. La segunda patrullera se entregará 12 meses después. Los buques tendrán 86,75 metros de eslora, 12,2 metros de manga, un desplazamiento de 1.700 toneladas, tripulación para 98 personas, velocidad de 21 nudos y autonomía de 7.700 millas. Estarán armados con un cañón de 30 milímetros y dos ametralladoras de 12,7 milímetros.
Las OPV están diseñadas para operar helicópteros Agusta Bell 412. Además de la plataforma de vuelo, cuentan con un hangar para alojar estos helicópteros. también están equipadas con sistemas de armas remotas Sentinel 30 y Sentinel 2.0, para asegurar la defensa y el control de las naves. El sistema de gestión de combate es el C-Flex de Terma, y el radar es el Scanter 6002, también de Terma. La Armada Uruguaya ha especificado que los buques deben ser capaces de ser reabastecidos en el mar y de extender sus capacidades operativas. Los buques también cuentan con lanchas rápidas de intercepción y lancha auxiliar
Sanciones
En abril pasado, el Ministerio de Defensa sancionó con arresto a rigor al ex comandante en Jefe de la Armada Nacional, Jorge Wilson, y a otros tres jerarcas de esa fuerza, que estuvieron involucrados en las tratativas con el astillero español Cardama.
La resolución forma parte de la investigación que vienen desarrollando dos adscriptos por orden de la ministra Sandra Lazo.
La sanción más dura recae en el ex comandante Wilson, que dejó su cargo el pasado 4 de marzo, que cumplió 30 días de arresto a rigor en el Comando de Infantería de Marina en el Cerro. La medida responde a que, según las actuales autoridades, brindó información falsa al responder sobre el segundo pago que se le debía hacer al astillero por las naves, por 8,2 millones de euros.
También por faltar a la verdad o no brindar datos requeridos en torno a los pagos a Cardama fue sancionado el contraalmirante José Ruiz, director general de Material Naval.
Por otro lado, fueron sancionados con arresto a rigor el contraalmirante Miguel De Souza –director general de Finanzas de la Armada–, y el capitán de navío Marcelo Da Silva –quien fuera jefe de gabinete bajo la comandancia de Wilson. En estos casos, la medida se debe a que llegaron tarde a las citaciones y no entregaron la información requerida en tiempo y forma.
Desde que estaba en la oposición, el actual gobierno se mostró muy crítico del proceso de compra de las naves, concretada por la pasada administración, por un total de 82 millones de euros.
El segundo pago fue autorizado por el gobierno saliente el 27 de febrero cuando faltaban pocas horas para el cambio de administración.
La empresa, que antes de Semana de Turismo se reunió con autoridades de Defensa, asegura que viene cumpliendo todas las condiciones y apuesta a que se libre el tercer pago que estaba previsto para el 15 de mayo, una vez que se hubiera concretado la puesta de la quilla sobre el primero de los buques. Ese día, el Estado uruguayo debía librar otro 30% del monto total de la compra.
