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La prensa española especializada cada tanto se ocupa del astillero de Vigo, Cardama Shipyard, y de los avances en materia de construcción de nuevas embarcaciones o de la firma de nuevos contratos.
Hay al parecer mucha expectativa en particular con la marcha del proceso de construcción de las dos patrulleras tipo OPV (offshore patrol vessels) encargadas por la Armada de Uruguay por más de 82 millones de euros que ha sido catalogado como el “mayor pedido de la historia de la empresa”. Se ha informado también de los primeros pasos por el astillero como fue el corte de la primera chapa o la colocación de la quilla, en mayo pasado.
Por este concepto, el Ministerio de Defensa Nacional del Uruguay liberó 12,3 millones de euros a la empresa española. La transferencia fue realizada entre el Deutsche Bank y el Banco República. Es el tercer pago que se efectúa con destino al astillero, y el primero que realiza bajo la nueva administración. Los dos anteriores, por un monto de 8,2 millones de euros cada uno, se efectivizaron sobre el final del gobierno saliente. A partir de ahí, el proceso constructivo “ha ganado tamaño, tanto de alto como de largo”.
Según informa la prensa local, en las instalaciones del astillero ya se puede intuir la figura del primer buque, según se aprecia en la fotografía publicada en estos días por el Faro de Vigo. Sin embargo, agregan los medios españoles, la “batalla política que existe en Uruguay con las dos OPV (el inicio de la obra coincidió en el cambio de gobierno allí tras la victoria de Yamandú Orsi) está provocando una mayor fiscalización de un proyecto que certifica Lloyd’s Register”.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa del Uruguay enviará dos oficiales para supervisar de cerca el proceso constructivo a raíz de una visita previa realizada para conocer cómo va la obra. Así lo anunció días pasados la ministra de Defensa Nacional del Uruguay, Sandra Lazo. Los técnicos auditarán los trabajos de astillero que construye las patrullas oceánicas.
«Lo que hicimos es seguir adelante con los pasos para que se construya lo que se solicitó, y por otro lado revisar ese proceso que para nosotros continúa catalogándose de bastante desprolijo», expresó la secretaria de Defensa.
La ministra ya firmó la habilitación para que dos técnicos viajen a auditar los trabajos. «Mantenemos un contacto público y documentado con la empresa Cardama», expresó Lazo en entrevista con el programa 12 PM de Azul FM. Anteriormente, habían viajado con ese mismo cometido el Capitán de Navío (CIME) Héctor Cardozo y el Capitán de Navío (CG) Ismael González, ambos oficiales pertenecientes a la Armada uruguaya.
«No es una adquisición que se haya pautado con el Estado español, sino que es con un privado, del cual no se puede hacer cargo el Estado español», agregó. Los técnicos viajarían en los próximos días al país europeo.
«Lo que hicimos es seguir adelante con los pasos que tenemos que dar para que se construya lo que efectivamente se solicitó, y por otro lado revisar ese proceso que para nosotros continúa, hasta que se demuestre lo contrario, catalogándose de bastante desprolijo», manifestó.
En abril, a pocos días de asumir al frente del ministerio, Lazo dijo que había formado un grupo de trabajo para comprender el proceso de compra de las OPV porque en el expediente «no quedaba claro».
A su vez, en ese entonces el ministerio de Defensa sancionó al excomandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Wilson, y a otros tres jerarcas de la misma fuerza por las tratativas con Cardama durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
La millonaria compra de dos patrullas oceánicas generó meses de especulaciones y debate político. Desde la entonces oposición se cuestionó, especialmente, la designación de un astillero que no tenía antecedentes de construcción de barcos similares y una situación financiera comprometida.
La compra fue anunciada el 17 de julio de 2023 por el entonces titular de Defensa, Javier García. Ese día el secretario de Estado adelantó que el primer buque se entregaría, según los plazos planeados, durante el primer trimestre de 2025.
