Portalmaritimo.com.uy
El Poder Ejecutivo del Uruguay decidió posponer el pago de la primera cuota a la empresa Francisco Cardama SA a la espera de que el gobierno electo analice el contrato y le de el “ok” para comenzar el proceso de construcción de las dos patrulleras oceánicas (OPV 87).
“Está todo pronto para liberar las órdenes de pago a favor del astillero español para que comience a construir las embarcaciones pero hasta que el gobierno electo no dé el OK no se pagará”, confió a Portal Marítimo una fuente del Ministerio de Defensa uruguayo.
Después de varias idas y venidas, el constructor presentó toda la documentación requerida en el contrato para comenzar a construir el primer buque que fue analizada y aprobada por el estado uruguayo. En rigor, se trataba de la factura comercial, la constitución de la garantía de reembolso y la constitución de garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 5% del total del contrato.
Si bien el acuerdo se firmó en diciembre de 2023, el proceso se dilató varios meses durante 2024, a través de sucesivas prórrogas solicitadas por el astillero y el estudio de la documentación que en algún caso fue rechazada por el estudio Delpiazzo, asesor contratado por el ministerio.
Finalmente, recién el mes pasado, el Poder Ejecutivo aceptó el último aval requerido para liberar el primer pago por el 10 por ciento del total del precio del primer buque, cuyo costo total es de 41:135.000 euros.
Pero el 27 de octubre, hubo elecciones nacionales en Uruguay y el 24 de noviembre, en segunda vuelta, se confirmó el triunfo del Frente Amplio (oposición de izquierda) fuerza política que, en el Parlamento, planteó varios reparos al contrato con el astillero español.
El miércoles 27, transcurridas apenas 72 horas después de la votación, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió al presidente electo, Yamandú Orsi, a modo de inicio formal de la transición entre el gobierno saliente y el entrante.
En la instancia, se definió quiénes serán los responsables de comenzar con el intercambio de información y se dialogó sobre algunos proyectos que se encuentran en proceso de concreción y asuntos vinculados al Mercosur.
Durante el encuentro, Lacalle Pou entregó al presidente electo una copia del contrato firmado con Francisco Cardama SA que ahora está siendo analizado por un grupo de trabajo de la futura administración.
De acuerdo con el contrato, firmado en diciembre de 2023, corresponde al comprador (el Estado uruguayo) hacer efectivo el pago de 82:270.000 de euros por ambos buques.
Dada la extensión del proyecto, se estipuló el pago de cuotas sucesivas, ajustadas según la inflación subyacente del Reino de España, con un máximo de 5%.
El FA analiza el contrato
La senadora del MPP, Sandra Lazo, presidenta de la Comisión de Defensa del Senado, confirmó a Portal Marítimo que un grupo de trabajo del Frente Amplio analiza el contrato con la empresa española. Afirmó que, si bien el Frente Amplio ha sido muy crítico acerca de todo este proceso de adquisición de las embarcaciones, “también somos conscientes de que hay que analizar el contrato; nosotros estamos con esa información en proceso de análisis”.
Reconoció también que “si el contrato tuviera alguna cláusula que esté vinculada a procesos que nos involucraran como Estado y que hubiera juicios que implicaran un gasto importante para el gobierno también hay que pensar el paso que se da”.
Por lo tanto, indicó que el Frente Amplio sigue este proceso con “mucha cautela” por lo tanto, “no puedo decir, hay que anularlo o no hay que anularlo, hasta que tengamos todas las cartas analizadas y sobre la mesa”. Indicó también que “los tiempos van corriendo y son acotados por lo tanto hay un grupo de gente especializada que va a analizar estas cláusulas”. “Creo que esto hubiera sido mucho mejor si esto se hubiera planteado en su momento cuando enviamos una nota con la anuencia de toda la Comisión de Defensa para que el contrato viniera en carácter de reserva a la Comisión del Senado para que el expediente pudiera ser analizado más minuciosamente que esas tres o cuatro horas que tuvimos en el ministerio de Defensa y lamentablemente en su momento hubo negativa. Ahora estamos en otra etapa, borrón y cuenta nueva, pero tenemos que sí analizar porque son dineros públicos”.
