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La controversia en torno a la Hidrovía Paraná – Paraguay por el cobro de un peaje se mantuvo tras la reunión de la Comisión de Acuerdo. Los cinco países firmantes del acuerdo en 1992 debatieron éste y otros asuntos en Montevideo, entre el 17 y el 19 de mayo. La decisión argentina de cobrar una tarifa es rechazada por el resto de los miembros del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Estos son, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El tema volverá a ser analizado en el mes de junio.
En la reunión, se abordaron temas inherentes al proceso de integración regional del transporte fluvial internacional regulado por el Acuerdo firmado en 1992.
Entre ellos, y el más trascendente, era el relativo al cobro de una tarifa de peaje de U$S 1,47 por tonelada que Argentina impuso sobre el río Paraná. La medida comenzó a aplicarse el pasado 1° de enero en el tramo comprendido entre el Puerto de Santa Fe y la Confluencia con el Río Paraguay.
Sobre este punto, la República del Paraguay reiteró que el peaje constituye un gravamen sobre el transporte internacional sin acuerdo de los países. A la vez, planteó que es discriminatoria y no responde a servicios efectivamente prestados a la navegación. Esta medida, agregó, «contraviene al Acuerdo, los entendimientos y prácticas regionales» y afecta las posibilidades de acceso a condiciones competitivas a los mercados de ultramar.
Argentina, en tanto, defendió en solitario la legitimidad de la medida. Presentó documentación relativa a lo que, entiende, justifica su aplicación. Los argumentos giraron en torno a cuestiones vinculadas a la soberanía y al usufructo de la ruta fluvial.
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay solicitaron a la Argentina abstenerse de adoptar medidas que atenten contra la normativa acordada en la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP). Además, expresaron la disposición de encontrar una solución en el marco del respeto del derecho internacional.
Además, manifestaron su grave preocupación por el peaje implementado unilateralmente al margen de las disposiciones reglamentarias.
Las cuatro delegaciones coincidieron en la necesidad de analizar la información técnica proporcionada por la Delegación Argentina en un plazo no mayor de 15 días.
También reafirmaron el pedido de suspender la aplicación de las resoluciones del Ministerio de Transporte argentino hasta tanto se agote el tratamiento del asunto en el ámbito de la HPP.
Así también, solicitaron que se adopten las medidas necesarias para garantizar la libertad de tránsito de las embarcaciones de sus respectivas banderas.
Hidrovía: afectación directa
También sostuvieron que el peaje significa una afectación directa a los agentes económicos que utilizan la hidrovía. En ese sentido, sostienen que ya ocasionó perjuicios económicos considerables al comercio en la HPP que tendrán que ser compensados.
Durante la reunión se consideraron otros temas. Entre éstos, se consideró el tema de las dimensiones máximas de los convoyes en la Hidrovía. También, los panes de formación y capacitación del personal embarcado; adecuación del Convenio MARPOL de Protección al Mediol Ambiente; Asuntos Aduaneros; e intervenciones para mejorar las condiciones de navegabilidad en la Hidrovía.
Medida «contraviene acuerdo de 1992«
El tema más complejo que debía analizar la Comisión del Acuerdo tenía que ver con el cobro del peaje. Según pudo saber elcontenedor.uy, Paraguay realizó un planteo “muy fuerte” en contra de la medida argentina.
En la reunión, alegó que la misma le implica un sobrecosto a casi toda su exportación por U$S 50 millones al año. Bolivia, Brasil y Uruguay apoyaron el planteo. Estos entienden que el cobro de un peaje no es consistente con el Acuerdo en 1992 que también suscribió Argentina. Para éstos, el Tratado es claro en cuanto a que reconoce la libertad de tránsito por la Hidrovía de buques, bienes y personas.
Sólo podría cobrarse la tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados a los mismos. Según esta fuente, “el Tratado establece que sí se puede cobrar pero con dos condiciones: si se está haciendo una obra efectiva. Pero hay que justificar qué obra se está haciendo. Dragado, balizamiento nuevo, mejorando tal zona de la Hidrovía que estaba con dificultades en la navegación, etc. El peaje es la contraprestación de un servicio. Y eso es lo que no está claro. Y el segundo requisito, es que antes de poner un peaje de esa naturaleza tiene que comunicar primero a las partes”, indicó la fuente consultada. Para Uruguay, con la información que se dispone hasta el momento, el cobro del peaje “claramente, no es consistente con el Acuerdo que crea la Hidrovía”. Paraguay no descarta llevar el tema ante un Tribunal Arbitral, instancia prevista en el propio Acuerdo de 1992.
