Portal Marítimo
Guatemala dio un paso relevante en la modernización de su marco institucional y normativo para el sector marítimo-portuario. El Congreso de la República aprobó, en la madrugada del 5 de agosto, el Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario, una norma que crea una nueva estructura de gobernanza para los puertos del país y establece instrumentos destinados a mejorar la seguridad, la competitividad y la capacidad logística de Guatemala.
La iniciativa fue aprobada con 123 votos y entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. El texto llegó al pleno con 36 enmiendas incorporadas: 33 de ellas fueron analizadas técnicamente por la Comisión de Economía y Comercio Exterior, mientras que otras tres introdujeron modificaciones relacionadas con la gobernanza y la integración del Sistema Portuario Nacional.
La aprobación de la ley responde a una necesidad largamente planteada en Guatemala: la ausencia de una autoridad nacional moderna y autónoma con competencias claras para conducir la planificación, regulación y fiscalización del sistema portuario.
El nuevo marco busca, precisamente, superar un escenario caracterizado por la superposición de funciones, la dispersión institucional y la falta de reglas integrales para orientar las inversiones y el crecimiento de la infraestructura.
Una nueva Autoridad Portuaria Nacional
El principal cambio institucional previsto por el Decreto 20-2026 es la creación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), una entidad autónoma y descentralizada del Estado que será la responsable de ejercer la rectoría del Sistema Portuario Nacional.
La nueva autoridad tendrá facultades para regular, planificar, fiscalizar, inspeccionar y sancionar el cumplimiento de la legislación portuaria, sus reglamentos y los convenios internacionales ratificados por Guatemala.
De esta forma, la APN concentrará competencias que hasta ahora estaban distribuidas entre diferentes organismos, buscando generar una mayor coordinación entre las instituciones vinculadas con el comercio exterior, la seguridad y el funcionamiento de los puertos.
Bajo la conducción de la Autoridad Portuaria Nacional funcionarán además distintos organismos de coordinación, entre ellos el Comité Nacional de Protección Portuaria, el Comité de Apoyo Logístico al Sistema Portuario Nacional y el Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional.
La integración del directorio de la APN también quedó definida en la normativa. El artículo 11 establece la participación de un representante titular y su suplente designados por el presidente de la República en Consejo de Ministros, además de delegados del Ministerio de Economía, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del Ministerio de Gobernación.
La estructura busca incorporar en la conducción del sistema una visión transversal que contemple simultáneamente los desafíos logísticos, comerciales, de infraestructura y de seguridad.
Reglas más claras para el sistema
Entre los objetivos de la ley se encuentra la actualización de conceptos y definiciones que permitirán delimitar con mayor precisión las competencias de las autoridades y operadores.
Las enmiendas aprobadas redefinieron figuras como administrador portuario público y privado, área de influencia portuaria, espejo de agua y servicio comercial portuario.
La precisión de estos conceptos busca reducir las zonas grises en materia regulatoria y establecer reglas más claras para el desarrollo de nuevas actividades e inversiones.
El nuevo marco legal también procura generar condiciones para ampliar la infraestructura portuaria y responder a las futuras necesidades del comercio exterior guatemalteco.
La norma parte de la importancia estratégica de la posición geográfica del país, con acceso tanto al océano Pacífico como al Atlántico y una ubicación que lo convierte en un punto de conexión para los mercados de América del Norte, América del Sur y Centroamérica.
En ese esquema, el sistema portuario guatemalteco tiene como principales referencias a Puerto Quetzal, sobre el Pacífico, y a Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, sobre el Atlántico.
La nueva legislación apunta a fortalecer la capacidad de estas terminales y a crear una planificación integral para identificar futuras áreas de desarrollo.
Seguridad y protección portuaria
Otro de los pilares del Decreto 20-2026 es el fortalecimiento de la protección portuaria y de los mecanismos de control.
La ley procura mejorar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de seguridad, incluyendo las obligaciones vinculadas con el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias.
La normativa fortalece la creación del CONAPROP, un organismo de coordinación que reunirá a instituciones como los ministerios de Gobernación y Defensa, la Superintendencia de Administración Tributaria, Migración, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, entre otros organismos.
Además, la Autoridad Portuaria Nacional contará con nuevas facultades para supervisar el cumplimiento de las medidas de protección en las terminales.
El sistema también prevé la creación de un Equipo Auditor Interinstitucional, que tendrá como cometido verificar directamente en el territorio el cumplimiento de las disposiciones de protección portuaria.
La apuesta por una mayor coordinación responde a la necesidad de que los controles sobre los puertos no funcionen de manera aislada, sino mediante una acción conjunta entre las autoridades responsables de la seguridad, las aduanas, las migraciones y la actividad marítima.
Digitalización y ventanilla única
La modernización tecnológica constituye otro de los aspectos centrales de la nueva legislación.
El Decreto 20-2026 incorpora la creación de un portal interinstitucional destinado a facilitar la realización de trámites electrónicos y mejorar la coordinación entre los diferentes organismos que intervienen en la actividad portuaria.
El objetivo es avanzar hacia un esquema de ventanilla única, reduciendo tiempos y simplificando los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio exterior.
La digitalización es considerada un factor clave para aumentar la competitividad logística, especialmente en un escenario regional en el que los puertos compiten no solamente por capacidad física, sino también por la eficiencia de sus procesos.
La posibilidad de integrar trámites y compartir información entre las instituciones puede contribuir a reducir demoras y mejorar la previsibilidad para navieras, operadores, importadores y exportadores.
Planificación hasta el desarrollo portuario
La ley también establece la elaboración del Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario, Planport, que será uno de los principales instrumentos para orientar la evolución futura del sistema.
El plan deberá definir objetivos, prioridades, metas e indicadores para el desarrollo, la modernización y la sostenibilidad de los puertos.
Entre sus cometidos estará la identificación de proyectos y áreas con condiciones adecuadas para el desarrollo de nueva infraestructura, tanto en el litoral como en las zonas de influencia de las terminales existentes.
La planificación deberá incluir además el análisis de los accesos y de la interconectividad con carreteras, ferrocarriles y otros modos de transporte.
Este aspecto resulta especialmente relevante porque el desempeño de un puerto depende cada vez más de la eficiencia de su conexión con el hinterland. La capacidad de una terminal puede verse limitada si las cargas enfrentan dificultades en los corredores terrestres o en otros tramos de la cadena logística.
Por esa razón, el nuevo marco incorpora expresamente la multimodalidad como uno de los elementos que deberán ser considerados en la planificación.
El objetivo final es reducir los tiempos y costos del comercio exterior y fortalecer la competitividad de Guatemala como plataforma logística.
Tarifas y recursos para el sistema
La Ley General del Sistema Portuario también establece mecanismos de financiamiento para el funcionamiento y desarrollo del nuevo esquema institucional.
El artículo 53 incluye una tarifa portuaria aplicable a los buques por el manejo de carga en las operaciones de embarque y desembarque.
Asimismo, establece una tarifa turística de US$ 2 por pasajero que desembarque o aborde embarcaciones tipo crucero o similares.
Cuando las instalaciones turísticas funcionen dentro de áreas administradas por operadores portuarios públicos, el 50% de la tarifa corresponderá al respectivo operador.
Los recursos previstos también podrán destinarse a la adquisición, actualización y mantenimiento de equipos de protección portuaria, así como a fortalecer los mecanismos necesarios para cumplir los estándares nacionales e internacionales.
La normativa contempla además la posibilidad de recurrir a la cooperación internacional para apoyar la modernización del sistema.
Una reforma con proyección regional
La creación de una Autoridad Portuaria Nacional autónoma coloca a Guatemala en línea con una tendencia regional orientada a fortalecer la gobernanza y la planificación de los sistemas portuarios.
Para el país centroamericano, el desafío será transformar el nuevo marco legal en una estructura capaz de atraer inversiones, coordinar organismos y acelerar proyectos de infraestructura.
La ubicación geográfica de Guatemala, con acceso a dos océanos, le otorga una condición estratégica que puede ser aprovechada para ampliar su participación en las cadenas regionales e internacionales de comercio.
La eficiencia de sus puertos será determinante para capitalizar esa posición.
El nuevo marco legal también busca dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Decreto 26-2024, referido a la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional, y construir una institucionalidad con mayor capacidad para responder a las exigencias actuales y futuras.
Con la entrada en vigencia del Decreto 20-2026, Guatemala iniciará una nueva etapa en la organización de su sistema portuario. La puesta en funcionamiento de la APN, la elaboración del Planport y el avance hacia la digitalización y la integración interinstitucional serán algunas de las primeras pruebas para una reforma que aspira a combinar mayor seguridad, eficiencia y planificación.
Para una región donde los puertos son piezas centrales de la competitividad, el paso dado por Guatemala refleja una apuesta clara: ordenar la gobernanza y planificar a largo plazo para que la infraestructura marítimo-portuaria pueda acompañar el crecimiento del comercio exterior y convertirse en una verdadera herramienta de desarrollo.
