Las delegaciones de los países de la Hidrovía incluído Paraguay, firmaron el acta convocando a conformar una comisión de expertos y propusieron comenzar discusiones técnicas en el CIH con el objetivo de alcanzar un acuerdo en los próximos dos meses. Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay volvieron a quejarse por la decisión de Argentina de cobrar un peaje en la Hidrovía Paraguay – Paraná. Los países manifestaron su “preocupación” por lo que consideraron una decisión “unilateral” argentina y pidieron la inmediata suspensión del cobro.
«La Delegación de Argentina se comprometió a evitar embargos e interdicciones de las embarcaciones de los países signatarios, por un plazo de 60 días corridos, y de no realizar nuevas presentaciones a la Justicia para el cobro judicial de montos de tasa de peaje (por el mismo plazo) mientras el tema esté en análisis y evaluación en la CIH», aseguran las fuentes oficiales.
Según fuentes oficiales, Argentina ofreció una mesa técnica para evaluar las obras y, si corresponde, redefinir el monto del peaje en la Hidrovía. Mientras tanto, «hasta que sea establecido el nuevo costo de la tasa, el peaje se seguirá cobrando de acuerdo a la tarifa vigente sin modificación de la tarifa vigente».
Uruguay coordinará a los expertos
En el acta quedó explicitada también que los demás países signatarios «tomaron nota de la disposición expresada por la delegación argentina» y que decidieron convocar a «expertos», que trabajarán bajo la coordinación de Uruguay, para abordar esta temática.
En el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Embajada del Brasil en la Ciudad de Buenos Aires, se estableció además que los informes técnicos presentados por Bolivia, Brasil y Paraguay, se tomarán como insumos para el trabajo de los expertos, sin perjuicio de los antecedentes.
Los cuatro países concluyeron que, con base en la revisión de la información presentada por Argentina, no se pudo constatar la existencia de servicios efectivamente prestados, por lo que se estaría imponiendo directamente a la actividad de la navegación, según esta mirada.
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay reiteraron su solicitud de que Argentina suspenda la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 de su Ministerio de Transporte y adopte las medidas necesarias para garantizar la libertad de navegación y la libertad de tránsito establecidas en el espíritu del acuerdo.
Paraguay: “Elementos discriminatorios”
En este contexto, la Cancillería de Paraguay publicó: “A la luz de los documentos técnicos analizados, la tarifa de peaje contiene elementos discriminatorios y estaría destinada a gravar la propia actividad de la navegación, sin contar con el consentimiento de los demás países, por lo cual reiteraron la solicitud de suspender la aplicación de las resoluciones 625/2022 y 1023/2022 de su Ministerio de Transporte y de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, garantizar la libertad de navegación, la libertad de tránsito, abstenerse de aplicar otras medidas”.
La postura argentina
En los últimos meses escaló la tensión entre Argentina y Paraguay, precisamente por este motivo y por una deuda de Argentina con Paraguay por la venta de energía. Sin embargo, en las últimas horas, el canciller argentino, Santiago Cafiero, aseguró ante la comisión de Relaciones de Exteriores del Senado que Argentina que ambos países están cerca de llegar a un entendimiento en lo referente al pago de la deuda, pero reivindicó el cobro de peaje por la Hidrovía.
“La idea siempre fue que aquel que usa el servicio lo pague. No hay discriminación, no nos apartamos del Tratado de Santa Cruz de la Sierra ni impedimos la navegabilidad de los ríos; es simplemente que se pague un servicio”, sostuvo Cafiero. Y añadió: “Para garantizar navegabilidad las 24 horas esas obras se tienen que hacer”.
“No define un peaje la relación con Paraguay, nos vamos a poner de acuerdo”, amplió el funcionario argentino.
“Lo que se hizo fue ponerle un costo acorde, para que los argentinos no tengan que pagar el costo del tráfico fluvial”, puntualizó Cafiero y defendió la postura argentina subrayar: “No son valores tan significativos, pero son 26 millones de dólares anuales que no era justo que lo sigan pagando todos los argentinos; que los paguen los que lo usan”, sentenció.