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Juan Riva-Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), analiza el impacto del reciente conflicto laboral, los desafíos administrativos y las perspectivas de la industria pesquera, destacando la necesidad de reformas estructurales para garantizar su desarrollo sostenible. La pesca uruguaya encara una etapa de reorganización tras meses de conflicto laboral, con un sector que busca consolidar la estabilidad y el crecimiento sustentable. Riva-Zucchelli detalló en la entrevista los pasos que se están dando para normalizar la actividad y proyectar su desarrollo a mediano y largo plazo.
La industria pesquera uruguaya atraviesa un momento de relativa recuperación tras meses de conflicto laboral que afectaron la zafra y las capturas, y que pusieron de relieve tanto la fragilidad del sector como la complejidad de sus relaciones sindicales y regulatorias. Riva-Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), aseguró en entrevista con Portal Marítimo que, aunque el conflicto ha terminado formalmente, sus consecuencias aún se sienten tanto en las empresas como en los trabajadores.
Según Riva-Zucchelli, la decisión de dar por finalizado el conflicto se tomó antes de que se levantara formalmente, ante la imposibilidad de operar los barcos debido a la negativa del sindicato de aplicar un convenio colectivo vigente. “Sabíamos que había gente que quería trabajar, tanto de los que ya estaban en la pesca como tripulantes con libretas de embarque, pero que no estaban en actividad en ese momento. Por eso hicimos la convocatoria, que creo que constituyó un antes y un después”, explicó.
La convocatoria a través del sitio uruguaypesca.com desbordó las expectativas de la CIPU. Si bien esperaban unas 1.000 postulaciones, en los primeros días recibieron más de 2.000 y, a dos meses de lanzada, suman cerca de 11.000 anotados. De este total, apenas el 10% contaba con la libreta de embarque, aunque reflejaba un interés generalizado por integrarse al sector. “Esto le dio ánimo a los trabajadores que querían trabajar y no podían por las presiones sindicales”, señaló Riva-Zucchelli.
El dirigente empresarial enfatizó que el conflicto no tuvo ganadores: “Perdieron los trabajadores, las empresas, el Estado y el Uruguay. Estimamos que dejamos de exportar en el orden de 50 millones de dólares, lo que impacta directamente en impuestos y consumo interno. Nadie ganó, simplemente hoy hay distinto ánimo”.
“Refundación de la pesca”
Más allá de las tensiones laborales, Riva-Zucchelli subrayó la imprescindible necesidad de una “refundación de la pesca” que contemple cambios legislativos, regulatorios y administrativos. Entre los problemas que identificó, mencionó la burocracia que retrasa inspecciones, permisos de pesca y certificados de navegabilidad, generando paralizaciones que afectan la producción y la planificación de las empresas. “Para obtener un permiso de pesca, primero se requiere el certificado de navegabilidad del barco. Para este, a su vez, hay que tener el certificado de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), y a veces no se puede obtener ninguno sin el otro. Esto provoca importantes retrasos que se suman a fines de semana y feriados, afectando la actividad”, ejemplificó.
Riva-Zucchelli también planteó la necesidad de diversificar las especies capturadas, mencionando el atún y el pez espada, y destacó que el sector ha elaborado planes estratégicos desde 2022, incluyendo Propesca, un listado de problemáticas y propuestas de mejora que ahora se está actualizando para presentar al gobierno. Según el presidente de la CIPU, “el sector pesca es una prioridad para el gobierno, a pesar de que históricamente no se le ha prestado la atención que merece. Uruguay llegó a exportar 230 millones de dólares en 2011 y hoy apenas alcanza 100 millones, por lo que hay margen para crecer si se toman las medidas adecuadas”.
El dirigente remarcó que la Comisión Técnico-Mixta del Frente Marítimo con Argentina asegura un control compartido de las aguas y las cuotas de captura, y que la pesca uruguaya sigue siendo sostenible y con recurso suficiente, aunque se aprovecha menos de lo permitido, beneficiando indirectamente a Argentina. “Somos los más interesados en una pesca sustentable en el tiempo. Hay que buscar condiciones reglamentarias y económicas que permitan que la actividad sea rentable”, señaló.
En cuanto a la recuperación tras el conflicto, Riva-Zucchelli estimó que llevará al menos un año volver a la normalidad, considerando que los primeros meses de 2024 estuvieron marcados por paros y medidas sindicales. La firma de un convenio por tres años permitía garantizar las zafras del 2025 y 2026, aunque el dirigente reconoció que las zafras de 2024 y 2025 se perdieron prácticamente en su totalidad y que las medidas del gobierno anterior fueron insuficientes para cubrir los aumentos salariales del 18% en dólares a los trabajadores.
Entre los problemas estructurales que señaló, mencionó la prima de accidentes de trabajo del Banco de Seguros, que sitúa a la pesca como la tercera industria más cara en tarifas de seguros de accidentes (detrás de las competencias hípicas y los circos), pese a tener una menor tasa de siniestralidad que otras industrias; la energía, tanto para los barcos como para las plantas pesqueras, con costos que figuran entre los más altos de la región; y los permisos de pesca, cuya tarifa actualmente se calcula por tonelaje del barco, y no por captura efectivamente realizada, generando cargas financieras incluso durante paros o períodos de inactividad.
Riva-Zucchelli explicó que estas dificultades afectan la inversión en el sector y la planificación de la producción. “Si alguien quiere invertir, poner barcos para pescar especies que no se pescan hoy, con los costos, la imprevisibilidad y los problemas sindicales, resulta muy difícil que decida hacerlo. Necesitamos certezas para que la industria sea atractiva para los inversionistas locales y extranjeros”, sostuvo.
En ese sentido, el presidente de la CIPU remarcó que Uruguay tiene ventajas naturales para la pesca, con condiciones climáticas estables y zonas marítimas ricas en recursos, producto de la convergencia de las corrientes cálidas y frías y nutrientes provenientes de los ríos Uruguay y Paraná. Sin embargo, señaló que la investigación científica es limitada: “Nuestro barco de investigación, el Aldebarán, está parado hace seis años. Por ley, los ingresos de Dinara deberían destinarse al Fondo de Desarrollo de Investigación Pesquera, que recibe unos 2 millones de dólares al año, pero nunca se volcó allí. Esto muestra que históricamente al país no le ha interesado invertir en investigación pesquera”.
El dirigente subrayó la necesidad de un marco regulatorio estable y previsible, que permita planificar inversiones, zafras y operaciones, y aseguró que la industria puede ser absolutamente viable si se reformulan las relaciones laborales, la burocracia y la administración de permisos. “Somos privilegiados por nuestros recursos y condiciones naturales, pero necesitamos una industria organizada, con reglas claras y que permita crecer de manera sostenible” afirmó.
En síntesis, la CIPU propone una serie de reformas estructurales con el objetivo de consolidar que la industria pesquera recupere su peso histórico en las exportaciones uruguayas y que genere empleo estable, tanto en los barcos como en las plantas. Su presidente, Riva-Zucchelli, enfatizó que, sin estos cambios, la pesca seguirá siendo vulnerable a conflictos laborales y a la incertidumbre económica, afectando no solo a los trabajadores y empresarios, sino al país en su conjunto.
Con esta mirada, la industria pesquera uruguaya enfrenta un desafío histórico: reconstruir la confianza entre empresarios, trabajadores y autoridades, garantizar la sustentabilidad de sus recursos y posicionarse nuevamente como un sector estratégico para la economía nacional, capaz de generar empleo, divisas y seguridad alimentaria.
La cámara y la flota uruguaya
Actualmente, la industria pesquera del país se organiza a través de dos cámaras: la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) y la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU). Según Riva-Zucchelli, la mayor parte de los armadores posee también plantas procesadoras, y la mayoría de las plantas cuenta con barcos, con excepciones limitadas como algunos barcos congeladores que operan como unidades autónomas.
En total, 12 armadores y seis plantas componen la estructura representativa, con una flota de 53 barcos: 33 de costa y el resto de altura. Los barcos costeros operan hasta 50 millas de la costa, mientras que los de altura se despliegan hasta las 200 millas, incluyendo algunos fresqueros y congeladores que pescan dentro de aguas uruguayas, con excepciones puntuales que requieren permisos especiales.
Actualmente, el 90% de los barcos costeros está operativo, mientras que los barcos de altura operan entre un 60 y 70% durante la post zafra, dado que la pesca de algunas especies, como la merluza, termina en octubre. Este período se aprovecha para realizar mantenimientos y reparaciones, asegurando que la flota esté lista para iniciar la próxima zafra en enero.
El dirigente subrayó la importancia de mantener la flota en funcionamiento constante y con el personal capacitado, para garantizar la rentabilidad y la continuidad de la actividad pesquera.
Azimut Uruguay Pesca: rumbo y propuestas
En el marco de la planificación estratégica del sector, CIPU y CAPU trabajan en un borrador denominado Azimut Uruguay Pesca, que busca establecer un “rumbo” claro y positivo para la industria. Entre las medidas planteadas y adelantadas a Portal Marítimo figura la creación de un Instituto Nacional de Pesca que funcione con participación pública y privada, siguiendo modelos como el del Instituto Nacional de Carnes (INAC).
Riva-Zucchelli destacó que la concentración actual de funciones en DINARA genera ineficiencias: la misma entidad diseña políticas, otorga permisos, controla y aplica sanciones, lo que dificulta la planificación y la supervisión efectiva. La propuesta es que el instituto defina políticas de desarrollo pesquero con participación privada y garantice la representación del sector en el exterior, incluyendo las ferias internacionales, donde la presencia uruguaya actualmente es limitada.
Además, se plantean reformas legales y reglamentarias. La ley de pesca y decretos vigentes presentan múltiples errores, anacronismos y disposiciones que dificultan la operativa diaria. Por ejemplo, las multas aplicadas por pequeñas irregularidades pueden ser desproporcionadas y generar conflictos innecesarios. También se analiza la normativa sobre cables submarinos y restricciones de pesca en determinadas áreas, que limitan la actividad de los barcos costeros sin evidencia de riesgos, pero permitiendo que barcos argentinos sí pesquen.
Otro tema de gran importancia es el impacto que tendrán las Prospecciones Sísmicas 3Dpara la búsqueda de petróleo que se están planificando en el mar territorial uruguayo (aproximadamente el 60% de su superficie) en lugares donde opera la flota nacional y que integra la Zona Común de Pesca. Sabemos por la experiencia de las prospecciones realizadas entre 2012 y 2014 que el daño es enorme y en aquel momento las capturas bajaron en el orden del 42% lo que produjo un daño muy importante en la economía de las empresas en los siguientes 3 a 4 años. Entendemos que lo mejor sería no realizarlas y en caso de hacerlas, tomar las previsiones sobre áreas y fechas más comprometidas y buscar medidas de compensaciones acordes al daño producido.
Jubilación bonificada y carga financiera
Un punto central en la discusión normativa es la jubilación bonificada, creada mediante decretos que han tenido un impacto significativo en la industria. Según Riva-Zucchelli, estos decretos ampliaron el beneficio a patrones y maquinistas sin justificación técnica, generando costos millonarios para el sector. Al mismo tiempo, gran parte de los aportes realizados por las empresas no se traduce en beneficios efectivos para los trabajadores por las condiciones que se den cumplir, sino que se canaliza hacia el BPS.
El dirigente enfatizó que la reforma de estas normas es clave para la sustentabilidad financiera de la pesca uruguaya, ya que la actual estructura de costos y aportes no permite una planificación adecuada ni incentiva la inversión en flota o tecnología.
Rentabilidad y planificación de la flota
La actividad pesquera enfrenta desafíos de rentabilidad ligados a la estacionalidad. Según Riva-Zucchelli, los barcos costeros y de altura deberían operar aproximadamente 280 a 300 días por año para garantizar la viabilidad económica, mientras que actualmente la flota promedia 200 días de operación. Esta diferencia impacta directamente en los costos indirectos, como combustible y alimentación de la tripulación, y en la productividad de la zafra.
“Si la industria trabaja todo el año y no tiene tantos días perdidos por trámites o paros, la pesca es rentable”, aseguró. El dirigente también señaló que la recuperación de la zafra post-conflicto demandará al menos un año para normalizarse, considerando las pérdidas acumuladas en 2024 y la interrupción de la actividad en 2025.
Relación con los sindicatos y clima laboral
Respecto al vínculo con los sindicatos, Riva-Zucchelli diferenció a los trabajadores de la dirigencia sindical. “No estamos en contra de los trabajadores, sino de esta dirigencia que fue irresponsable y detuvo la actividad, generando pérdidas millonarias al país”, señaló. Subrayó que con los sindicatos de patrones y maquinistas existe diálogo y cooperación, mientras que con la actual dirigencia del sindicato de trabajadores es más complejo, dadas las posturas adoptadas durante el conflicto.
El objetivo declarado de CIPU es establecer un entorno laboral estable y previsible, donde se cumplan los convenios y se garantice la continuidad de la actividad, algo indispensable para todos los sectores que la componen. La administración de permisos, inspecciones y normativas debe adaptarse a las necesidades del sector para evitar interrupciones que afecten la rentabilidad y la inversión.
Desafíos estructurales y oportunidades
Riva-Zucchelli destacó que Uruguay cuenta con recursos marítimos privilegiados, tanto en aguas del Río de la Plata como en el frente marítimo, donde confluyen corrientes que favorecen la reproducción y alimentación de especies. Sin embargo, la falta de inversión en investigación, como la paralización del barco científico Aldebarán, limita la capacidad de gestión y aprovechamiento de estos recursos.
La propuesta de AzimutUruguay Pesca busca no solo modernizar la gestión, sino también potenciar la presencia internacional, garantizar la sostenibilidad de las capturas y atraer inversiones. La visión planteada combina la planificación estatal con la participación activa del sector privado, buscando eficiencia, seguridad jurídica y desarrollo económico a largo plazo.
Formación y seguridad
Por otro lado, la industria pesquera uruguaya enfrenta otro desafío crucial: garantizar la formación adecuada de sus tripulantes y optimizar la gestión operativa de sus barcos.
“Lamentablemente, la cantidad de patrones y maquinistas que se reciben no es suficiente, y eso hace que a veces los barcos no puedan salir por falta de tripulantes capacitados”, explicó. Aunque en el caso de los marineros puede haber disponibilidad, la formación sigue siendo insuficiente para garantizar estándares óptimos de seguridad y eficiencia.
Actualmente, la UTU ofrece cursos de familiarización de cinco semanas para aspirantes a marineros, con cinco cursos al año. Sin embargo, no todos los egresados terminan incorporándose a la industria pesquera. “Mejorar el nivel de formación de la gente es vital si queremos ampliar la actividad y operar más barcos”, indicó el dirigente.
Se trabaja además en colaboración con la Prefectura Nacional Naval para que los cursos sean más efectivos y permitan que los tripulantes accedan a la actividad más rápidamente, sin comprometer la calidad de la formación.
Inspecciones
La seguridad de los barcos también es una prioridad. Todos los barcos uruguayos requieren autorización de la Prefectura Nacional Naval para salir a pescar, lo que garantiza que cumplan con las normas de seguridad. “Es imposible que un barco salga sin autorización; no hay barco que se autorice sin cumplir los requisitos”, aclaró el presidente de la CIPU.
No obstante, la cantidad limitada de inspectores puede generar retrasos. “A veces los barcos tienen que esperar tres o cuatro días o más para que se realicen inspecciones tras los arreglos o el mantenimiento”, explicó. Para agilizar este proceso, la CIPU propone que los informes de peritos —profesionales con experiencia como inspectores— sean validados por la Prefectura, de modo que las inspecciones puedan ser más eficientes sin comprometer la seguridad.
Infraestructura: el papel de los diques
Otro factor crítico para la operativa de la flota es la infraestructura portuaria. Algunos barcos, especialmente los de mayor tamaño, tienen dificultades para acceder a los diques existentes, lo que genera esperas prolongadas para su mantenimiento y reparaciones.
La construcción de un nuevo dique en el puerto de Capurro representa un avance significativo para la industria. “Era fundamental tener otro dique para que los barcos puedan realizar reparaciones de manera más rápida. Anteriormente hemos tenido que esperar hasta dos meses para subir un barco a dique, lo que impacta directamente en la salud económica de la industria”, destacó.
Hacia un desarrollo sustentable
La formación, la seguridad y la infraestructura no son solo cuestiones operativas, sino estratégicas para el desarrollo de la industria. Mejorar la capacitación de tripulantes, optimizar los tiempos de inspección y fortalecer la logística portuaria permitirá que Uruguay consolide una flota eficiente, segura y competitiva a nivel internacional.
“Si queremos que esto se desarrolle, es vital invertir en formación y eficiencia, y asegurar que la flota pueda operar de manera continua y segura”, señaló el presidente de la CIPU.
Conclusiones
El panorama que relata Riva-Zucchelli muestra una industria en transición: con recursos naturales disponibles, pero enfrentando desafíos normativos, financieros y laborales. Las acciones legales derivadas del conflicto, la reforma de jubilaciones, la modernización de decretos y la creación de un instituto de pesca forman parte de un plan integral para refundar la actividad.
“Estamos convencidos de que podemos tener una industria viable, con una flota activa, trabajadores satisfechos y un desarrollo que beneficie al país”, destacó Riva-Zucchelli.
