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Un fallo de la Corte Suprema declaró inconstitucional la concesión a la firma hongkonesa CK Hutchison, que opera dos puertos clave del Canal de Panamá. La decisión abre la puerta al ingreso de capitales estadounidenses y eleva la tensión diplomática con Pekín en un enclave estratégico del comercio global.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el jueves 29 de enero la inconstitucionalidad del contrato de concesión que habilitaba a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, a operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las bocas del Canal de Panamá sobre los océanos Pacífico y Atlántico, respectivamente.
El fallo marca un punto de inflexión en la administración portuaria del país y vuelve a colocar al istmo centroamericano en el centro de la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos.
En un breve comunicado oficial, el pleno de nueve magistrados informó que, tras una “amplia deliberación y discusión”, resolvió declarar inconstitucional la Ley 5 del 16 de enero de 1997 —que aprobó el contrato original—, así como sus adendas y la prórroga automática otorgada en 2021. La decisión responde a dos demandas presentadas por la Contraloría General de la República, que cuestionaban la legalidad y las condiciones del acuerdo firmado hace casi tres décadas.
Panama Ports Company administra ambos puertos desde 1997. Balboa y Cristóbal forman parte de los cinco complejos portuarios que rodean el Canal de Panamá, una vía por la que transita entre el 3 % y el 6 % del comercio marítimo mundial y que constituye uno de los activos estratégicos más relevantes del sistema logístico internacional.
La presencia de un operador de origen chino —aunque formalmente radicado en Hong Kong— había sido objeto de crecientes cuestionamientos por parte de Washington en los últimos años.
Auditoría, demandas y contrato bajo cuestionamiento
Las acciones judiciales fueron impulsadas por el contralor general de Panamá, Anel Flores, quien el 30 de julio pasado presentó ante la Corte Suprema una demanda de inconstitucionalidad y otra de nulidad contra el contrato de concesión. La iniciativa se apoyó en los resultados de una auditoría entregada el 7 de abril, que detectó “numerosas irregularidades” en la gestión de PPC.
Según Flores, el contrato resultaba “leonino y abusivo contra los intereses del país”, tanto por las condiciones económicas como por el limitado control del Estado panameño, que posee apenas el 10 % de las acciones de la empresa concesionaria. Las críticas se intensificaron tras la extensión automática del contrato en 2021, realizada en medio de denuncias de falta de transparencia y presuntas prácticas irregulares.
El fallo judicial no solo invalida la concesión vigente, sino que allana el camino para una redefinición del esquema de administración de los puertos, en un contexto de fuerte presión internacional y reconfiguración de intereses económicos.
BlackRock, China y la disputa por los puertos
La decisión judicial se produce en paralelo a una compleja operación internacional: CK Hutchison había acordado la venta global de más de 40 puertos —incluidos Balboa y Cristóbal— por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gigante estadounidense de gestión de activos BlackRock. Sin embargo, la transacción quedó virtualmente congelada por objeciones de las autoridades chinas, en el marco de la creciente rivalidad estratégica con Estados Unidos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, había interpretado el eventual traspaso de los puertos al consorcio liderado por BlackRock como una victoria de su administración. En reiteradas declaraciones, sostuvo que la presencia de CK Hutchison constituía una forma de “control chino” sobre el Canal de Panamá, argumento que utilizó para amenazar con “recuperar” la vía interoceánica, construida y administrada por Estados Unidos durante gran parte del siglo XX, antes de su transferencia al Estado panameño hace 25 años.
Reacción de China y advertencias diplomáticas
Tras conocerse el fallo, el Gobierno chino reaccionó con firmeza. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, aseguró que Pekín adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas. En conferencia de prensa, recordó que CK Hutchison considera que la resolución panameña “va en contra de la base legal” bajo la cual se aprobaron los derechos de concesión y que la compañía se reserva la posibilidad de recurrir a instancias judiciales.
“El Gobierno chino salvaguardará con determinación los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”, afirmó el vocero, aunque evitó pronunciarse directamente sobre el contenido del fallo o sobre las decisiones del Poder Judicial panameño.
La advertencia subraya el carácter sensible del caso para Pekín, que observa con preocupación la posible pérdida de posiciones estratégicas en infraestructuras clave del comercio global y el avance de capitales estadounidenses en áreas que considera de interés geopolítico.
Panamá reafirma soberanía sobre el Canal
Desde el gobierno panameño, las autoridades insistieron en que la decisión judicial no pone en cuestión la soberanía nacional ni la administración del Canal. El presidente José Raúl Mulino reiteró que “el Canal es y seguirá siendo panameño” y negó de forma categórica que China, Estados Unidos u otro país interfieran en su gestión, que continúa bajo control de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Panamá ha defendido históricamente su neutralidad y su rol como plataforma logística global, procurando equilibrar relaciones con las principales potencias sin comprometer su autonomía institucional. No obstante, la anulación de la concesión portuaria introduce un nuevo elemento de tensión en un escenario ya atravesado por rivalidades estratégicas, disputas comerciales y redefiniciones de poder a escala global.
Un fallo con impacto regional y global
La decisión de la Corte Suprema panameña no solo tiene implicancias jurídicas y económicas internas, sino que proyecta efectos sobre el comercio internacional y la geopolítica hemisférica. La eventual relicitación de los puertos de Balboa y Cristóbal, la posible entrada de nuevos actores y la reacción de China configuran un escenario abierto, en el que Panamá vuelve a ocupar un lugar central en la disputa por el control de nodos logísticos estratégicos.
En un mundo marcado por la competencia entre grandes potencias, el fallo judicial reordena el tablero en uno de los puntos más sensibles del comercio marítimo global y anticipa un período de negociaciones, presiones diplomáticas y definiciones clave para el futuro del Canal y su entorno portuario.
