Uruguay puso fin al arbitraje internacional promovido por la empresa canadiense ATCO, uno de los socios propietarios de Montecon, que reclamaba al Estado uruguayo una indemnización estimada en US$ 240 millones. El acuerdo, firmado definitivamente el miércoles, establece la renuncia irrevocable de la compañía a todas sus pretensiones, acciones y reclamaciones, sin que el país deba pagar compensación alguna ni asumir obligaciones económicas frente a la empresa.
La información fue confirmada por el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, quien destacó que el cierre de este procedimiento constituye un nuevo resultado favorable para Uruguay en la resolución de controversias internacionales vinculadas con inversiones.
El arbitraje había sido iniciado en abril de 2024 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), al amparo del convenio internacional que regula este tipo de controversias y del acuerdo de protección de inversiones suscrito entre Uruguay y Canadá el 29 de octubre de 1997.
La reclamación estaba vinculada con el acuerdo celebrado durante la administración de Luis Lacalle Pou entre el Estado uruguayo y Katoen Natie, que dio lugar a cuestionamientos de los accionistas de Montecon sobre las condiciones de competencia en el puerto de Montevideo.
Montecon, por tratarse de una empresa uruguaya, no podía promover directamente un arbitraje internacional de esta naturaleza. Por esa razón, fueron sus socios extranjeros quienes presentaron las reclamaciones contra el Estado, mediante procedimientos separados.
«Uruguay tenía dos arbitrajes pendientes cuando nosotros asumimos el gobierno, de los dos socios propietarios de Montecon. Montecon es una empresa uruguaya, no podía plantear un arbitraje; sí lo plantearon sus socios propietarios por separado», explicó Díaz.
El prosecretario recordó que aproximadamente un mes antes se había alcanzado un acuerdo para cerrar el procedimiento promovido por Neltume, el otro accionista involucrado, y que ahora quedó resuelto el correspondiente a ATCO.
Un acuerdo sin condiciones ni contraprestaciones
Díaz subrayó que el entendimiento con la compañía canadiense no está sujeto a condiciones ni implica compromisos adicionales para Uruguay.
«ATCO desiste del arbitraje, sin que ninguna de las partes tenga nada que reclamarse, sin cargo y sin perjuicio y sin condiciones», señaló.
El acuerdo establece que ninguna de las partes reconoce responsabilidad por los hechos que dieron origen a la controversia y que tampoco existe obligación de compensación económica entre ellas. Asimismo, la empresa renuncia a promover nuevas acciones judiciales por el mismo asunto.
El jerarca insistió en que el Estado no asumió obligaciones como contrapartida del desistimiento. «Uruguay no asume ninguna condición por este acuerdo», afirmó.
Consultado sobre los gastos que debió afrontar el país para defenderse en el procedimiento, Díaz explicó que, a diferencia de lo ocurrido en el caso de Neltume, en el arbitraje de ATCO todavía no se había constituido un tribunal arbitral.
Por ese motivo, Uruguay no había realizado aportes al Ciadi correspondientes a la constitución y funcionamiento del tribunal. Los costos para el Estado estuvieron vinculados fundamentalmente con la contratación de profesionales y abogados encargados de la defensa.
La demanda de ATCO ascendía a aproximadamente US$ 240 millones, una cifra que dimensionaba la exposición económica que podía representar el litigio para el país.
Una estrategia de defensa de los intereses del Estado
Díaz destacó el trabajo del equipo jurídico que funciona en Presidencia de la República, coordinado por la Prosecretaría e integrado por abogados de esa dependencia y de la Secretaría de Presidencia, con el apoyo de estudios jurídicos internacionales.
Según explicó, la negociación que permitió cerrar los procedimientos de Neltume y ATCO comenzó dentro de un marco global que contemplaba a ambas empresas. Posteriormente, debido a que se trataba de arbitrajes independientes, las negociaciones se desarrollaron por separado.
El prosecretario consideró que los resultados obtenidos reflejan una estrategia orientada a reducir las controversias internacionales y proteger los recursos públicos.
«Hay un trabajo permanente y creo que día a día vamos logrando disminuir el número de contiendas internacionales, hasta ahora con un saldo netamente favorable a Uruguay», sostuvo.
También señaló que actualmente se trabaja con un estudio jurídico extranjero en la preparación de otra defensa arbitral.
Otros procedimientos pendientes
Consultado sobre los litigios que permanecen abiertos, Díaz mencionó la reciente solicitud de arbitraje presentada por la empresa Lobraus, que fue notificada formalmente al Gobierno el día anterior a sus declaraciones.
El jerarca indicó que el planteo también estaría vinculado con cuestiones relacionadas con el acuerdo celebrado con Katoen Natie, aunque aclaró que el Gobierno acababa de recibir la comunicación oficial y comenzaba a analizar sus alcances.
Asimismo, mencionó una controversia promovida por una empresa vinculada con el control fronterizo, respecto de la cual se trabaja en una posible solución, y otro procedimiento relacionado con el consorcio Ruta 1.
En relación con Lobraus, Díaz explicó que una parte del equipo jurídico comenzó a trabajar en el nuevo asunto, mientras que el grueso de los profesionales se encuentra abocado a la preparación de otra defensa internacional junto a un estudio de Inglaterra.
El cierre del arbitraje de ATCO constituye así un nuevo capítulo en las controversias internacionales derivadas de las condiciones de operación del puerto de Montevideo y del acuerdo firmado con Katoen Natie. Para Uruguay, el resultado implica dejar atrás una reclamación de US$ 240 millones sin asumir indemnizaciones ni otorgar beneficios o contraprestaciones a la empresa canadiense.