La situación interna de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ha generado en los últimos días una serie de repercusiones políticas y diplomáticas que, si bien tienen origen en denuncias publicadas en medios argentinos, también han impactado en el funcionamiento del organismo binacional y en la relación entre ambas representaciones.
Fuentes de la Cancillería uruguaya consultadas por Portal Marítimo señalaron que los cuestionamientos difundidos en portales argentinos y replicados en medios uruguayos refieren principalmente a aspectos internos de la delegación argentina, vinculados a decisiones administrativas y manejo de recursos. No obstante, reconocen que el clima se ha visto tensionado por un desacuerdo de fondo: el intento argentino de que la CARU financiara una obra vial en su territorio.
Cómo funciona la CARU
La CARU es un organismo binacional creado por el Estatuto del Río Uruguay, integrado por cinco delegados por cada país. La presidencia es rotativa anual: cuando la ejerce Uruguay, la vicepresidencia corresponde a Argentina y viceversa. En 2026 la presidencia está en manos de la delegación uruguaya.
Si bien el organismo es autónomo y no depende jerárquicamente de las cancillerías, los delegados son designados por los respectivos Poderes Ejecutivos y políticamente responden a sus gobiernos. En cambio, los funcionarios técnicos y administrativos son empleados de la CARU y no dependen de ninguno de los dos Estados.
La CARU se financia principalmente con los ingresos por peajes de los puentes internacionales bajo su órbita, lo que representa aproximadamente 20 millones de dólares anuales. Con esos fondos se cubren salarios, mantenimiento de infraestructura, funcionamiento del comité científico, tareas de monitoreo ambiental, dragado y otras actividades vinculadas al río Uruguay.
Cada delegado percibe una retribución que ronda los 8.500 dólares mensuales, financiada por el propio organismo. En el caso de la actual delegación argentina, designada por el gobierno de Javier Milei, sus integrantes fueron nombrados ad honorem, aunque la partida correspondiente igualmente es transferida a una cuenta a nombre de la delegación argentina.
El conflicto por la ruta 136
Uno de los episodios que marcó el mayor desencuentro entre ambas delegaciones fue el planteo argentino para que la CARU firmara un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina con el fin de repavimentar, entre otras obras, la ruta nacional 136, que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos a través del puente internacional General San Martín.
La iniciativa implicaba una inversión de aproximadamente 15 millones de dólares, a financiarse con fondos de reserva de la CARU, recursos de contingencia de los puentes y partidas originalmente destinadas al dragado del río.
Desde Uruguay la propuesta fue considerada inviable. Según las fuentes consultadas, la Cancillería uruguaya entendió que una obra vial en territorio argentino excede las competencias establecidas en el Estatuto del Río Uruguay, que circunscribe la actuación de la CARU a la administración del río, la navegación, el control ambiental y la infraestructura vinculada directamente a los puentes.
En consecuencia, la delegación uruguaya se negó a aprobar el proyecto. En la CARU las decisiones estratégicas requieren unanimidad entre ambas delegaciones, y cada país vota como bloque. Al no existir acuerdo, la iniciativa quedó sin efecto.
Denuncias y manejo de fondos
En paralelo, medios argentinos difundieron cuestionamientos sobre el manejo de recursos en la delegación argentina, incluyendo el uso de la cuenta bancaria donde se depositan las partidas correspondientes a los delegados.
De acuerdo con la información disponible, la CARU transfiere a una cuenta del Banco Nación en Montevideo el monto correspondiente a la delegación argentina. A partir de ese momento, la administración de esos fondos es responsabilidad exclusiva de dicha delegación.
La CARU está integrada por cinco delegados por cada país, según lo establece el Estatuto del Río Uruguay. Sin embargo, actualmente la delegación argentina cuenta con cuatro miembros en funciones.
Ese punto no es menor en la discusión interna, ya que la partida presupuestal que la CARU transfiere a la delegación argentina se calcula en función de cinco delegados. Los recursos se depositan en una cuenta del Banco Nación en Montevideo a nombre de la delegación argentina, que es la responsable de su administración.
Según las fuentes consultadas, una de las desavenencias internas estaría vinculada a la interpretación sobre el uso de esos fondos. Desde la delegación argentina se sostiene que el monto corresponde institucionalmente a cinco miembros, independientemente de que actualmente haya cuatro designados. Ese criterio habría generado diferencias en cuanto a la distribución y el destino del dinero depositado.
Desde Uruguay remarcan que, una vez realizada la transferencia, la administración de esos recursos es competencia exclusiva de la delegación argentina y no está bajo control de la presidencia del organismo ni de la delegación uruguaya.
Las fuentes uruguayas consultadas señalaron que, hasta el momento, no existe ninguna denuncia formal presentada ante la presidencia de la CARU ni ante la delegación uruguaya. En ese sentido, indicaron que cualquier investigación sobre el uso de esos fondos debería tramitarse en Argentina, dado que el titular de la cuenta es la representación argentina.
“Si hay denuncias concretas, corresponde investigarlas, pero es un asunto interno de la delegación argentina”, señalaron.
Tensiones políticas
Otro elemento que podría estar incidiendo en el clima interno es la composición de la delegación argentina, integrada mayoritariamente por dirigentes de la provincia de Buenos Aires, sin representación de Entre Ríos, provincia donde se ubican los dos puentes administrados por la CARU.
Algunas interpretaciones apuntan a que esta ausencia podría estar generando tensiones políticas en el plano local argentino, que luego se trasladan al ámbito del organismo binacional.
Desde Uruguay se ha evitado realizar declaraciones públicas sobre el tema. “No vamos a intervenir en internas políticas argentinas ni a dejar que se nos instrumentalice”, señalaron las fuentes consultadas.
El monitoreo ambiental
En paralelo a la polémica administrativa, la CARU continúa desarrollando su tarea principal: el monitoreo ambiental del río Uruguay.
Desde 2010 funciona un comité científico binacional encargado de relevar y analizar la calidad del agua en distintos puntos del río y sus afluentes. Según se informó a Portal Marítimo, de acuerdo a datos técnicos que están en proceso de publicación, en el período 2011-2022 se registraron episodios puntuales en los que determinadas variables superaron los parámetros establecidos.
Las fuentes indicaron que esos informes incluyen registros tanto de efluentes provenientes de la margen uruguaya como de cursos de agua del lado argentino, y que los resultados completos estarán disponibles en el sitio oficial del organismo.
Un organismo autónomo en un contexto sensible
La CARU posee autonomía jurisdiccional y mecanismos propios para resolver conflictos laborales o administrativos, incluyendo tribunales arbitrales previstos en el Estatuto.
Sin embargo, su funcionamiento depende del consenso político entre ambos Estados. Cuando surgen diferencias de interpretación sobre sus competencias —como ocurrió con el proyecto vial— el único camino es la negociación diplomática.
Por ahora, el episodio refleja una combinación de factores: tensiones internas en la delegación argentina, desacuerdos jurídicos sobre el alcance de las competencias del organismo y un clima político más amplio que atraviesa la relación bilateral.
Mientras tanto, desde la presidencia uruguaya de la CARU se insiste en mantener el foco en las competencias estrictamente establecidas en el tratado binacional y evitar que el organismo quede atrapado en disputas políticas que exceden su mandato técnico.
La evolución del caso dependerá, en buena medida, de si las denuncias en Argentina se formalizan en el plano institucional o permanecen en el ámbito mediático.