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El gobierno uruguayo entiende que ya brindó toda la información a Argentina sobre el proyecto de dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo. Además, considera que el plazo de 180 días para oponer objeciones “está corriendo” y que éste vence a mitad de Enero del año próximo. El Tratado de 1973 prevé una instancia de evaluación del efecto probable que ocasionaría una obra como la proyectada a la navegación o al régimen del Río. En caso que la parte notificada (Argentina) no opusiera objeciones o no contestara dentro del plazo de 180 días Uruguay “podrá realizar o autorizar la realización de la obra proyectada”. Empero, si llegara a la conclusión de que la ejecución de la obra o el programa de operación puede producir “perjuicio sensible a la navegación o al régimen del Río”, deberá comunicarlo dentro del plazo. En este caso, el Tratado exige que la comunicación precise cuáles aspectos de la obra o del programa de operación podrán causar “un perjuicio sensible a la navegación o al régimen del Río”, así como “las razones técnicas que permitan llegar a esa conclusión y las modificaciones que sugiera al proyecto o al programa de operación”. El trámite se encuentra en curso en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). El gobierno uruguayo entiende que ya proporcionó a Argentina toda la información necesaria para expedirse conforme a lo que prevé el Tratado y que el plazo ya comenzó a correr. Un grupo de trabajo integrado por varios organismos se reunió este martes 8 de agosto para analizar los reiterados pedidos de información por el proyecto de dragado. La delegación argentina ante la CARP había planteado 29 preguntas de las cuales avaló 5 y tras solicitar nuevas aclaraciones validó otras 11 respuestas.
Pedidos “exceden” el Tratado
La última respuesta argentina llegó el 2 de agosto. El grupo, que está integrado por la Cancillería, la delegación de Uruguay ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), por personal del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Metereología de la Armada (SOHMA), Prefectura Nacional Naval, Escuela Naval, Administración Nacional de Puertos (ANP) y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, leyó la respuesta de Argentina, entendió que parte de las consultas refieren a un mismo punto y que, por tanto, los pedidos de ampliación de información sobre el dragado “se reiteran aunque sobre menos asuntos”.
En conclusión, se considera que estos pedidos “exceden” el marco del Tratado suscrito por ambos países y que toda la información sobre el proyecto ya fue provista a la Argentina. El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo (noviembre de 1973) prevé un procedimiento conciliatorio en caso de controversia entre las partes e, incluso, la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia si surgieran diferencias de interpretación o de aplicación del Tratado siempre que no pudieren solucionarse por negociaciones directas.
