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El gobierno dejó sin efecto este miércoles el aumento del 83% en el gasoil marino, un insumo clave para la pesca, luego de que el sector advirtiera sobre una inminente paralización de la actividad. La suba, muy por encima del ajuste general del 7% aplicado a otros combustibles, generó una rápida reacción de empresarios y cámaras.
Con el ajuste del 7%, el precio del gasoil marino pasará a ubicarse en torno a los US$ 765 por metro cúbico, lo que equivale a poco más de 30.000 pesos por cada 1.000 litros. La medida rige a partir de esta medianoche y por el mes de abril y para un volumen máximo a expedir de hasta 2.000
m³ a un precio de 30.000 UYU/m³ (pesos uruguayos treinta mil por metro cúbico).
El decreto establece que para los volúmenes que excedan el límite anteriormente establecido,
regirá el precio general fijado por ANCAP de 53.173 UYU/m³ (pesos uruguayos cincuenta y tres mil ciento setenta y tres por metro cúbico).
La medida original implicaba llevar el precio de US$ 715 a US$ 1.309 por metro cúbico. “Esto es un delirio, a ese valor no se puede trabajar”, afirmó Juan Riva Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), en diálogo con Portal Marítimo. Según explicó, la decisión fue comunicada de forma inusual a fines de mes, lo que encendió aún más las alertas en el sector.
El impacto sobre la estructura de costos era inmediato. El combustible representa cerca del 20% en un buque, mientras que la mano de obra alcanza alrededor del 60%, lo que deja en evidencia la alta sensibilidad de la actividad a cualquier variación en estos rubros. “La pesca está muerta, esta situación es insostenible”, advirtió Riva Zucchelli, quien remarcó que el incremento planteado era “absolutamente imposible” de absorber en el actual contexto.
Ante este escenario, los armadores iniciaron contactos urgentes con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Economía y ANCAP. La advertencia fue directa: si se mantenía el precio, la flota se detendría y unas 3.000 personas podrían verse afectadas de forma indirecta. “No es un paro, es que no se puede operar en esas condiciones”, explicó el empresario.
Desde el gobierno se argumentó que, tras cambios normativos, los precios son libres y pueden alinearse con la región. Sin embargo, el sector rechazó esa postura. “Es impracticable importar combustible. No se puede sincronizar la llegada de un barco con una compra en el exterior”, sostuvo Riva Zucchelli, al tiempo que descartó cualquier posibilidad de especulación o reventa.
La presión surtió efecto. En menos de 24 horas, el Ejecutivo resolvió retroceder y fijar el ajuste en 7%, en línea con el resto de los combustibles. “Reaccionaron rápido, en un contexto complejo”, reconoció el titular de CIPU, aunque cuestionó que “esto se podría haber evitado con mayor previsión”.
La controversia incluso llegó al Parlamento. El diputado Felipe Schipani, del opositor Partido Colorado, presentó un pedido de informes al Ministerio de Industria para que, a través de ANCAP, se expliquen las razones del incremento. En el documento, se advierte que la magnitud de la suba resultaba “especialmente preocupante” por el peso del combustible en la estructura productiva del sector.
A la controversia por los precios se sumó otro problema: la falta de suministro. Durante varios días, la flota enfrentó dificultades para acceder al gasoil, lo que obligó a postergar salidas y generó incertidumbre operativa. Según trascendió, la demanda había aumentado entre un 25% y un 30% en las últimas semanas, tensionando la disponibilidad.
“Nos encontramos con que no había gasoil y que podía no haber por varios días”, relató Riva Zucchelli. La situación afectó tanto a la pesca de altura como a la costera, en un momento clave para la actividad. En algunos casos, decenas de embarcaciones quedaron a la espera de poder cargar combustible.
La pesca de altura, en particular, depende de grandes volúmenes: un buque puede consumir hasta 200.000 litros en una campaña de casi un mes en el mar. Esto refuerza la importancia del suministro continuo y de reglas claras en la fijación de precios.
En ese sentido, desde el sector insisten en la necesidad de retomar mecanismos más previsibles. “No podemos estar todos los meses sin saber qué va a pasar. Tiene que haber una fórmula clara vinculada a referencias internacionales”, planteó el presidente de CIPU.
Con la marcha atrás del gobierno y la normalización del suministro, se espera que la flota retome gradualmente su actividad, evitando así una paralización que ya se consideraba inevitable. A continuación, el decreto del Poder Ejecutivo.
